En los inicios de su próspera carrera, años 80s, de ingeniero civil, Julio Gerlein usaba su nombre en los contratos. Demás decir que en aquellos tiempos los mecanismos para ejecutar obras públicas, por lo menos a nivel legal y de lobby, no se habían sofisticado a los niveles actuales de uniones temporales o de financiar obras públicas con dineros propios (crédito a proveedor), o de promover como fichas “propias”, tal si fueran contrataciones de artistas o futbolistas, a senadores para que ejecuten un cuidadoso plan de auscultar la contratación de infraestructura ejerciendo presión para que se las otorguen a dedo o con licitaciones amañadas, tipo “sastre”.
Así que Julio Gerlein en 1992 decidió pasar del rango de ingeniero a empresario con la constitución formal de la empresa Valores y Contratos SA (Valorcon), iniciando un despegue desde Barranquilla hacia obras en diversas regiones de Colombia. Expandirse, objeto normal de cualquier empresa para lograr mayores niveles de rentabilidad, no fue difícil, pero no con los métodos tradicionales. No. Demasiado pueril para el que quiere enriquecerse rápidamente con el mínimo esfuerzo.
El primero de estos artilugios empresariales fue usar de pivote generador a su hermano congresista Roberto Gerlein, ampliamente relacionado (“Gerlein sí habla en Bogotá”, era un grafiti común en alguna época para referirse al encendido verbo y gesticulación del senador conservador) para que le sirviese de intermediario en ágapes, citas agendadas y llamadas telefónicas a los “hombres claves” en el momento preciso, ejerciendo la debida –o indebida con sutilezas– presión para que los contratos llegaran a la ejecución de Valorcon, la empresa de Julio, su hermano.
El segundo método de trabajo fue mucho más triste en cuanto a rentabilidad y ética. Obras públicas con calidad precaria que no pocas veces les causó problemas –no tanto a Julio, que disfrutaba de la calidad de accionista de la empresa– sino a su representante legal Jaime Massard, con señalamientos públicos de interventoría –en escasos casos–, de autoridades administrativas, como la que sostuvo con la alcaldesa Elsa Noguera en un tramo de la Circunvalar y la reciente, aunque no le cabe entera la responsabilidad, en el incordio de la “modernización” del aeropuerto Ernesto Cortissoz, que tras la intervención quedó convertido en una especie de terminal de transporte interdepartamental antes que en un aeropuerto internacional con todo lo que tal condición implica en servicios y acabados.
De sus obras claves mediocres para un posible inventario en una cátedra de ingeniería civil sobre cómo no se debe diseñar y construir un puente, el realizado infelizmente hace más de 50 años sobre la carrera La María en el inicio de la calle Murillo.
Tiene unas curvas y hundimientos de antología.
El que mucho abarca poco aprieta
Valorcon estaba en todas. Gracias a las relaciones de alianza política con el ex alcalde Char y su grupo –que ahora, por celos de poder no son tan óptimas– era una de las grandes mega contratistas del distrito de Barranquilla.
Gerlein –y su familia– fueron en algunos momentos a través de Slasa, propietarios de la Triple A, de la Concesión de la Malla Vial desde el año 2000 financiada con el impuesto a la gasolina, de la concesión del río Magdalena y del aeropuerto de Barranquilla. Si hubiese posibilidad de concesionar el aire y la lluvia, allí hubiese entrado Valorcon en calidad de socia de alguna unión temporal. Construyó el tramo 1 de Transmetro y las tribunas occidental y después la oriental del estadio Metropolitano Roberto Meléndez en 1980.
En 2019 Jaime Massard, representante legal de Valorcon SA ejercía la misma función con otras 5 uniones temporales: Unión Temporal Caribe, Unión Temporal Redes Polonuevo, Arroyos de Barranquilla SAS y Unión Temporal Gran Malecón con un contrato de $153.000 millones. Eso es lo que se les conocía por estos lares pues en otras partes de la geografía nacional también ejecutaban una serie de obras y concesiones.
Sigamos entonces con Valorcon SA. En informaciones del Secop esta empresa de ingeniería entre 2013 y 2019 tenía contratación con diversas instancias del estado colombiano por $363.511 millones. En el 2017 hizo parte de la Unión Temporal Gran Vía en un contrato con la Alcaldía de Barranquilla para la construcción de la Vía Cordialidad –salida de acceso hacia Galapa, Sabanalarga y Cartagena- entre la avenida Circunvalar con la carrera 23 lo que también incluyó la modernización del alumbrado público.
En el 2015 hizo parte del Consorcio VCT, en contrato con Invías por $86.752 millones, para la construcción del puente atirantado en la variante de Honda, Tolima, sobre el río Magdalena y ese mismo año, con el mismo Invías para la vía Mayapo–Manaure en la Guajira por $51.994 millones.
En julio de 2019 se conoció, ante las dificultades financieras de Valorcon SA que el Ministerio de Vivienda y Territorio en la práctica los obligo a la cesión del contrato de construcción a otra empresa para que pudiese llevarlos a término, ante el evidente riesgo de que estas obras quedaran en estado de parálisis y entraran a la categoría de inconclusas o “elefantes blancos”.
Fueron en total 22 proyectos del programa de vivienda gratuita en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Atlántico y la Guajira adjudicados entre 2016 y 2017 con un costo de $249.000 millones que se reflejaban en 4.329 unidades de vivienda lo que daría para este tipo de vivienda precaria popular –sin incluir costos de lotes- cada una en casi $58 millones de pesos.
Con el Ministerio de Transporte también tenía contratos a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con las siguientes participaciones:
Aeropuerto de Barranquilla, 41,50%
Transversal de las Américas, 33%
Autopista Conexión Norte, 12,5 %
Valorcon SA es pues una poderosa contratista estatal con negocios a todo lo largo de gran parte de la geografía nacional aunque ya su protector político y hermano Roberto Gerlein no tuviese el poder de antaño de llamar a presidentes y ministros en plan de intercesor y lobista de alto nivel. Pero Julio se había inventado su nueva carta –ante el evidente precario estado de salud de Roberto, avanzada edad y la amenaza cumplida de retirarse– de inventarse un sucesor; o mejor dicho, una sucesora, Aida Merlano, a la que llevó a la Cámara de Representantes pero esta vez con un novelesco ingrediente: sostenía con ella relaciones amorosas.
Como operaban las contrataciones según Aida Merlano
El relato de la historia de Aida Merlano muestra todos los ingredientes de una trama peliculesca. Empezó de cero, de hija de un líder barrial recaudador de votos llamados “mochileros”, pues allí, en ese accesorio, llevan dinero y cédulas para los trances electorales. Así; desde niña, Aida conoció estos tejemanejes a favor de la invariable candidatura al senado de Roberto Gerlein que incluso, públicamente, lo confesaría en la emisora La W, a cargo de la entrevistadora Vicky Dávila quien le interrogaba –en épocas de campaña presidencial- sobre la compra de votos en la costa denunciada por Gustavo Petro. Rober, como le dicen sus amigos, respondió enfáticamente así: “Petro tiene la razón. Hace muchos años, en los municipios del departamento del Magdalena y desde entonces se entronizó la conciencia equivocada que el elector debe ser prohijado con una dádiva económica. Es cierto que se compran muchos votos”.
https://lasillavacia.com/roberto-gerlein-si-dijo-compra-votos-tradicion-costena-75491
Las “dadivas” –generoso concepto para la compra del voto– incluyen una variada gama de contraprestaciones: tejas, cemento, bloques, vías, mejoramiento de alguna infraestructura precaria, puestos en la burocracia –para los más avezados–, y por supuesto el pago en efectivo con sumas que oscilan entre $50.000 y $100.000. Una de las frases electorales históricas famosas en Barranquilla pregonadas por la casa Gerlein era “que no se pierda una elección por falta de plata”.
Aida Merlano creció en este ambiente de absoluto desprecio por la institucionalidad democrática y constitucional dando como hecho cierto que el poder económico aunado al político convierte en “intocables” a estas conductas delictivas que por supuesto no necesitan de una sentencia judicial –no olviden las ramificaciones sectoriales dentro del sistema de justicia del llamado “Cartel de La Toga”, ni colocarles la fórmula sacramental “presunto” para que dentro de análisis e investigaciones periodísticas y de diversas organizaciones no gubernamentales se califiquen sus conductas como delincuenciales y que dentro de la criminología –no confundir con criminalística– se les denomina en la categorización de “cuello blanco”.
El primero que se refirió a estos temas teóricos para explicar la criminalidad en los estratos altos (5 y sobre todo el 6 según los cánones colombianos) fue el sociólogo y criminólogo estadounidense Edwin H. Sutherland que presenta y expone el concepto de crimen de cuello blanco en un discurso en la AAS (Asociación Americana de Sociología) en diciembre de 1939. Diez años después, en 1949, producto de sus investigaciones publicó su célebre monografía “White-Collar Crime” o “Delito de cuello blanco”.
A través de esta denominación pretendía –y lo logró– desvirtuar a los que sostenían que los procesos delincuenciales solo ocurrían en los estratos bajos, marginales, étnicos, deprimidos económicamente de la población. En suma, encontró una serie de relaciones entre subversiones implícitas al código penal por parte de las clases altas, una suerte de trayecto ilegal que encontraban “correctos” en sus procedimientos torticeros para acumular capital.
Por esas mismas calendas, en 1934, Norval Morris focalizó sus investigaciones en quienes “a causa de su posición social, su inteligencia y técnica para el crimen están en condiciones de moverse entre los demás ciudadanos virtualmente inmunes a toda consideración o condena”. Es decir, de los que ahora en privado o públicamente se presentan como “intocables”. A este grupo lo denominó “Criminals of de uppenworld”, cuya traducción literal sería algo así como “criminales del altomundo”.
El sociólogo y economista norteamericano Thorstein Veblen había vislumbrado, a inicios del siglo XX –sin duda influenciado, pese a él mismo, por el marxismo– como una de las más notorias influencia en estas teorizaciones socio criminales desarrollando “la teoría de la clase ociosa”, (en un libro con similar nombre) estableciendo relaciones estrechas, profundas, de sinergia, entre el prototipo de capitalista –hombre adinerado– y el perfil de delincuente ideal toda vez que ambos se valían de métodos eficaces pero no legítimos para obtener el resultado esperado. Se diferenciaban en que el primero de ellos se arriesgaba menos porque se mantenía alejado del conflicto legal muchas bordeándolo con suma astucia y presteza. En otras palabras, en la búsqueda de rentabilidad capitalista carecía de relevancia la metodología empleada siempre que se cumpliera el objetivo deseado: acumulación de dinero.
En esos ambientes ambiguos socio económicos se movía Aida Merlano aprendiendo los trucos y estrategias de las empresas electorales en donde la ética y legalidad eran abstracciones retóricas a los que sumó sus atributos físicos, su evidente sex appeal; hasta que llega, después de un periplo de hijos y matrimonio, a las manos de su mentor Julio, quien con gran costo económico –pero con evidente gozo íntimo– la llevó hasta la cámara de representantes y después hasta el senado de la República, esta vez usando la base de datos del retirado cuñado y hermano Roberto Gerlein, y en santa alianza con los Char, lo que más tarde se conoció como el escándalo de Casa Blanca.
Capturada –al fin y al cabo no pertenece al estrato alto de los delincuentes de cuello blanco– y tomada como “cabeza de turco” de la conspiración cuando en realidad solo era una pieza del engranaje electoral promovido por Julio Gerlein, quien, demostrado en las investigaciones, le financiaba en sus diversas operaciones con el objetivo que le sirviera a los intereses empresariales de su empresa de ingeniería y por supuesto, a los suyos personales en todos los sentidos posibles, entre ellos el amoroso.
Fugada en condiciones curiosas –conocía mucha información desde adentro– aseguró desde Venezuela que Alejandro Char se quedaba con el 30 por ciento de los recursos de la contratación en Barranquilla y que el otro 70 por ciento se iba en la inversión para poder sacar adelante las obras y una parte para el constructor. Señaló además que el entonces Alcalde tenía un amigo que les prestaba los servicios de Calanchín cobrador de las coimas llamado Héctor Amaris, más conocido en su ambiente social como el ‘Oso Yogui’.
También diría Aida “que le constaba que un contratista llamado Faisal Cure entregó tres mil millones de pesos a Alex Char para ser usados en campañas como parte de una comisión por haberse ganado unos contratos en sociedad con el empresario Julio Gerlein y que unos concejales recibieron coimas por aprobar las vigencias futuras que permitieron contratar algunos de los grandes proyectos”.
En el portal No Mas Corrupción de Bogotá, realizaron una investigación sobre el reparto de coimas a concejales de Barranquilla en el periodo señalado por Aida Merlano. Esto dijeron algunos de los concejales interrogados que hablaron con la condición de resguardo de fuente “off the record”:
“Esa plata la recibían los que acá llamamos ‘la vieja guardia’, los concejales más veteranos que siempre estaban en la mesa directiva, ellos repartían, pero no a todos nos tocaba igual, precisamente eso era al criterio de ellos (los de ‘la vieja guardia’). Entonces había algunos a los que les daban poquito. Eso pasaba siempre en alguna oficina del Concejo. A mí a veces me daba pena ajena verlos cuando se ponían a pelear milloncitos, que porque a uno le dieron más que a otro. Tú ahí entras en el juego o no existes”.
Según esos mismos políticos entrevistado por el citado portal de noticias, la encargada de los enlaces para estos negocios de coimas entre administración distrital y Concejo, la interlocutora de los negocios, era la Secretaria General (2016-2019) del alcalde Char, Ana María Aljure, recién nombrada como Viceministra de Talento y Apropiación Social del Conocimiento en el nuevo Ministerio de Ciencias. Por supuesto que Aljure negó enfáticamente cualquier relación con estos hechos y de contera se le podrá endilgar de todo, de su sensualidad pues fue Señora Barranquilla 2013, de sus talentos como abogada habilidosa, pero no como impulsora del talento científico nacional.
Total es que con el “apoyo” de estos concejales para comprometer vigencias futuras de la ciudad se implementaron varios esquemas de contratación, uno de los cuales es una figura curiosa en la cual el Distrito de Barranquilla es pionero e innovador llamada técnicamente “crédito a proveedor”. Consiste en que el contratista elegido a dedo, busca recursos en el mercado financiero que le apalanquen la obra con los altos intereses que esto representa y después el distrito les paga según diversas formas y tiempos de erogaciones.
Entre el 2016 y 2019 se entregaron 211 contratos de obras públicas que ganaron, por lo menos en teoría –ya veremos que no- 197 empresas. En realidad, solo cuatro contratistas pesos pesados fueron los afortunados ganadores de $925.561 millones de pesos en 23 licitaciones. Entre los mega constratistas estaba Valorcon S.A.
Otra curiosidad es que estas obras se licitaban por módulos, es decir que los grandes proyectos –como el Malecón del río Magdalena- fueron segmentados para entregarlos a los citados contratistas. Para algunos de estos créditos privados al Distrito de Barranquilla se terminan de pagan en los años 2024, 2031 y 2035. Por otro lado, según expertos en finanzas, el método de acudir a prestamistas privados –no al sistema bancario con todos sus trámites regularizados y bajo inspección– se presta para el lavado de activos. El dinero entra a la obra pública en construcción en calidad de “préstamo” sin conocer su procedencia para que posteriormente, el mismo estado a través del pago por el Distrito de Barranquilla, legalice el ingreso de estos recursos.
Según la periodista María Suarez en el portal de la emisora La W, publicado el 25 de julio de 2019 “confirmamos que en 2017 Valorcon fue multada por la Supersociedades por incumplimiento en el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo”. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/concentracion-de-contratos-llevo-a-reorganizacion-de-valorcon/20190725/nota/3931679.aspx
Se suman todos los descalabros: se cae el contrato de Navelena y Aida Merlano es capturada
La noticia produjo sorpresa. La poderosa compañía constructora Valores y Contratos, Valorcon S.A., del ingeniero Julio Gerlein, de la intocable familia Gerlein fue admitida en un proceso de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia delegada de procedimientos de insolvencia de la Supersociedades. En palabras más precisas, se encuentra con obligaciones vencidas por más de 90 días por la suma de $39.027 millones, acreencias que alcanzan el 10.71% de su pasivo total que llega a la suma de $364.497 millones.
Resulta increíble que se exponga la carencia de recursos en una tropilla política ingenieril conocida por sus alardes de dinero y que colocaba en sus tiempos de gloria senadores, representantes, diputados, concejales y de vez en cuando algún ministro y reina del carnaval; cuasi dueña del agua, del control del río y del despegue y aterrizaje de aeronaves por estos macondianos parajes.
Podría argumentarse que le sucedió el viejo refrán popular: “El que mucho abarca poco aprieta” y que por esas ganas de estar en todas ha quedado en una aparente cuerda floja desencadenada por el descalabro del Consorcio Navelena, la APP que se encargaría de la navegabilidad del río Magdalena a través de Cormagdalena, empresa donde Valorcon tenía una participación del 13% con el socio brasileño Odebrecht y que terminaría golpeándolo cuando se desató el escándalo internacional de corrupción que dio al traste el cierre financiero de la empresa.
Todos los bancos huyeron ante las perspectivas de un crédito con tantas complicaciones jurídicas. El único que se le midió, con funcionarios investigados en un préstamo irregular fue el Banco Agrario, en donde la casa Gerlein tuvo control en diversos tiempos y que fue objeto de debates en los medios de comunicación y en el senado.
Pero hay que hacer otras sumas en la crisis de Valorcon y particularmente de su propietario Julio Gerlein vinculado por la fiscalía a la operación criminal de corrupción electoral de su amiga Aida Merlano. Era evidente la carencia de flujos de caja ante los procesos de medidas cautelares –embargo de cuentas– por parte de la Contraloría General de la Nación dentro del proceso de investigación fiscal por posible detrimento patrimonial al estado en el caso del frustrado proyecto Navelena en donde era socio minoritario.
El caso de Navelena no es el único con problemas. En el proyecto del aeropuerto Ernesto Cortissoz el desarrollo del contrato iniciado con la firma en 2015 ha tenido altibajos, pues ante la crítica cierta que se trataba de unos empresarios locales de construcción (Valorcon –Gerlein- con el 41.5% y Equipos Universal- Navarro Vives- con el 41.5% con el agravante que esta última se encontraba en ese momento en proceso de reestructuración financiera, la misma situación que ahora arrostra Valorcon) carecían de experticia técnica en el manejo de aeropuertos para lo cual contrataron a las volandas a un especialista extranjero.
Ante dilaciones en el inicio de las obras pactadas en el contrato, fueron obligadas a asumir la obligación de reparcheo de la pista y el cierre perimetral y de contera, más los adornos y algunas tecnologías implementadas durante los 5 años de intervención y todavía, a la fecha de abril de 2021, presentan áreas sin terminar. Ese es el estilo. Negociar concesiones con obligaciones y luego ladinamente dilatarlas o cambiarlas en su totalidad por obras de menor especificación.
El 6 de febrero de 2019, en el proceso de responsabilidad fiscal impulsado por la Contraloría General de la Nación contra el incumplimiento del consorcio Navelena, este ente estatal solicitó secuestro y embargo de varios activos de Valorcon, la empresa subcontratista del consorcio. Esta situación implicó que todos los flujos de caja de esta empresa quedaban detenidos con el consecuente impacto sobre las finanzas y la continuidad de las obras.
Precisamente por esta situación es que las empresas y sociedades a las que se les decreta la caducidad de un contrato con el estado quedan inhabilitadas para participar en otros, lo que no sucedió con Valorcon S.A. en su calidad de socia de Navelena, pues desde la fecha de abril de 2017 ha seguido contratando obras como es el caso del corredor vial El Platanal cuyo contrato se publicó en el SECOP ((Sistema Electrónico de Contratación Pública) el 13 de diciembre de 2017. Ese mismo día el gobernador Verano de la Rosa en declaraciones sostuvo que el costo de la inversión total (corredor vial y distribuidor de tránsito) ascendía a la suma de $95.000 millones de pesos y que su propósito era “descongestionar la calle 30”.
La licitación pública para los posibles contratantes se cerró el 14 de febrero de 2018. Un mes después, el 16 de marzo de 2018, fueron adjudicadas las obras divididas en 9 grupos. El llamado Grupo II incluía la obra del corredor vial El Platanal a un costo de $29.992 millones, adjudicado a la Unión Temporal Caribe integrado por las empresas Valores y Contratos (Valorcon) con una participación del 60% e Inversiones Jacur con el 40%. El representante legal de la unión temporal es Jaime Massard, también representante legal de la empresa Valorcon.
Total que el equipo jurídico de Valorcon ante el embargo y secuestro de sus activos radicaron un incidente de nulidad asegurando que el debido proceso se encontraba viciado, según manifiesta el abogado Roberto Núñez, pues “la Contraloría arranca un proceso de responsabilidad fiscal en función de un informe de hallazgos de 2017, advirtiendo que un subcontratista de la sociedad Navelena es responsable fiscal, pero eso no es cierto, porque este subcontratista no es gestor fiscal”. Curiosa forma de interpretar la corresponsabilidad societaria en una APP y que graduaría o eximiría –tal es la tesis del abogado Núñez- en responsabilidades fiscales según la capacidad accionaria del socio.
Ante ese escenario jurídico, Valorcon solicitó en julio del año 2019 ante la Superintendencia de Sociedades un proceso de reorganización empresarial por pasivos de $364.497 millones lo que le permitirá “blindarse” contra embargos y secuestros tal como el planteado por la Contraloría General de la Nación y los futuros que sobrevengan desde el caso Navelena, aunque más parece una estratagema legal para evitar el cese de pagos por incumplimientos que otra cosa.
Valorcon tiene 29 años de ejercicio de ingeniería en toda Colombia –sin contar con la experiencia previa de persona natural como ingeniero de Julio Gerlein– con ventas de $228.000 millones en el solo año 2016, aumentando su patrimonio en 16.7% pasando de $313.000 a $365.000 millones, curiosamente los mismos pasivos que aduce tener Valorcon cuando se acogió a la reestructuración financiera ante la Superintendencia de Sociedades, encargándose de promotor de la operación a Ricardo Echeverri López.
Julio Gerlein Echeverría es uno de los grandes contratistas de obras públicas del estado colombiano aupado a un poder político en el partido Conservador a través de sus hermanos Roberto y Jorge, auspiciador de alianzas estratégicas políticas ingenieriles y uno de los pioneros de la modalidad de tener senador de bolsillo para impulsar su emporio empresarial.
