Los procesos de corrupción que podrían llevar a la cárcel a la gobernadora del Magdalena

Investigación: Hernando José Escobar Medina

No hay lugar más propicio para que las «ías», fuertemente cuestionadas en Colombia por su poca eficiencia y politización, demuestren su eficacia e independencia, que el departamento del Magdalena, donde campea la cleptocracia y la vulgaridad administrativa. Por tal motivo nos parece prometedor las siguientes acciones de estos organismos de control.

Fiscal Néstor Humberto Martínez

La Unidad de Fiscalía Delegada Ante La Corte Suprema de Justicia  adelanta investigaciones que comprometerían la responsabilidad penal de ROSA COTES DE ZUÑIGA, gobernadora del Magdalena, por la delictiva contratación de Operadores del Programa de Alimentación Escolar “PAE”, durante los años 2016 y 2017.

Estos operadores habrían sido escogidos con la probable comisión de los delitos tipificados como Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Interés Indebido en la Celebración de Contratos, Peculado por Apropiación,  Falsedad en Documento Público y Falsedad en Documento Privado.

De igual manera, la mandataria departamental está siendo investigada por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Activos y otros delitos que se habrían cometido durante la ejecución de la contratación “PAE” y que serían determinados en las investigaciones que adelantan funcionarios adscritos al Grupo Anticorrupción-Orden Económico y Social, Lavado de Activos y Administración Pública de la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, ordenadas por Fiscales de esa Unidad Delegada.

Contra la gobernante Rosa Cotes cursan, entre otros, los procesos penales 110016000102201700378 y 110016000102201700080 radicados ante las Fiscalías Décima y Octava Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.

Bajo la ordenación y autorización de Rosa Cotes De Zúñiga, el Departamento del Magdalena  celebró los Contratos Nos. 908 de 2016 y 0917 de 2017 y los Convenios de Asociación Nos. 001 de 2016 y 010 de 2017, adjudicados a la Unión Temporal Magdalena Escolar 2016, Unión Temporal Nutrición Escolar 2017, Corporación Gestión de Recursos Social y Humano “GERS” y la Unión Temporal PAE Magdalena 2017, respectivamente, por un valor total de $83.713´396.390.

En la estructuración, implementación y  adjudicación de esos procesos y en la celebración y ejecución de los precitados Contratos y Convenios de Asociación se habrían cometido los delitos por los que es investigada penalmente la mandataria Cotes De Zúñiga.

De otra parte, la Procuraduría Delegada Para La Moralidad Pública investiga disciplinariamente a la gobernadora Rosa Cotes, dentro del proceso con radicación IUS E-2018-415262 (Caso No. IUC D-2018-1168232), dada la probable comisión de graves faltas disciplinarias en las que habría incurrido con ocasión de la estructuración e implementación de los procesos contractuales Nos. CA-DM-001-2016 e IP-DM-001-2017 y de la celebración de los Convenios de Asociación Nos. 001 DE 2016 y 019 DE 2017, por valor de $19.472´711.882,00 y $15.003´033.376,00, en el Programa de Alimentación Escolar “PAE” en los años 2016 y 2017.

 Rosa Cotes De Zúñiga, gobernadora del  Magdalena, habría desplegado un comportamiento reprochable en la modalidad de CULPA GRAVISIMA por desatención elemental de sus deberes, toda vez que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, determina que la Jefe de la Administración Departamental tiene competencia para celebrar a nombre del Departamento del Magdalena en los términos y condiciones de las normas legales que regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades.

Sin embargo, en los casos citados, la mandataria departamental permitió la celebración de los Convenios de Asociación Nos. 001, de 1 de febrero de 2016, y 010, de 18 de abril de 2017, sin que sus objetos pudieran ser contratados a través de la figura establecida en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, tal como lo enseña y advierte la jurisprudencia disciplinaria contenida en reiteradas y recientes providencias dictadas por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por lo que podría ser sancionada disciplinariamente con destitución del cargo como responsable de la comisión de FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA, tal como aconteció con el ex alcalde de Riohacha FABIO DAVID VELASQUEZ RIVADENEIRA, destituido mediante providencia confirmada por dicha Sala el 24 de abril de 2018 y cuyo caso se convirtió en antecedente jurisprudencial disciplinario aplicable a la situación que hoy tiene comprometida  a la  gobernadora del Magdalena.

 Contralor Carlos Felipe Córdoba

Finalmente, la Contraloría General de la República estableció, a través del proceso de auditoría a los recursos de Programa de Alimentación Escolar “PAE”, que el Departamento del Magdalena, durante los años 2016 y 2017, canceló almuerzos por un valor superior a lo establecido en los estudios de mercado, y explicó que se contrataron almuerzos con precio unitario de $2.300 pero terminaron pagándolos a $2.900, es decir $600 pesos de más; se pagaron  44 días de almuerzos  que nunca fueron entregados. También se denunció que con la Corporación Gestión de Recursos Social y Humano (GERS) se hizo una contratación por monto superior a los $17.000 millones, a través de un Convenio de Asociación,  lo cual solo podía hacerse mediante licitación.

Esa misma empresa se comprometió a brindar un complemento alimenticio y terminó entregando a los niños otros. Por ejemplo, en vez de leche de vaca entera en polvo, se les dio una mezcla láctea en polvo a base de leche y lactosuero. El informe precisa que se entregó un  producto que no es leche y no tiene los nutrientes de la leche de verdad. La Contraloría ha informado que por estas acciones hubo  un  presunto detrimento patrimonial por más de $3.181 millones por lo que se ha iniciado de manera formal un Proceso de Responsabilidad Fiscal contra la gobernadora ROSA COTES DE ZUÑIGA y Carlos Payares, Coordinador del Programa “PAE” del Magdalena, a quienes les fueron embargadas  las cuentas bancarias, así como a la firma Alimentos del Valle S. A., en una decisión adoptada por la Contraloría General de la República, dentro de la investigación que se adelanta por supuestos malos manejos de los recursos del Plan de Alimentación Escolar “PAE” en el 2017. La orden fue dispuesta a través de una medida cautelar en un proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento de cerca de 2.000 millones de pesos.

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