Por: Jan Slodvak

 

Frente a los hechos relacionados con la concesionaria Ruta del Sol II, en la cual la empresa Odebrecht es socia principal, con denuncias sobre el pago de coimas relacionados con el pago a contratistas de obras “fantasmas”, aparece insidiosa la pregunta obligatoria sobre cuáles son las razones de fondo (ante denuncias e investigaciones sobre las actividades de esta empresa de infraestructura brasilera en todo el mundo) para que en Colombia solo muestren escasos resultados los señalamientos, investigaciones y responsabilidades jurídicas y políticas.

Extraña y curiosa situación la que se presenta. Mientras en otros países han caído ministros, presidentes y ejecutivos, acá solo se encuentran sindicados y en cárcel, no más de 3 figurines de menor rango, mientras los verdaderos responsables siguen incólumes en sus actividades, tanto que Odebrecht promete un pago de 90 millones de dólares si le permiten continuar sus operaciones en Colombia lo cual expone la certeza de la seguridad que tienen en su relación con diversas instituciones del estado colombiano.

Esa tranquilidad empresarial no es gratuita. Mucho menos ingenua ni para llamarse a engaños con las auto recriminaciones de culpa de Odebrecht que no quiere soltar la alimenticia teta. En este reportaje les mostraremos la confianza que tienen los brasileros a sabiendas que en sus actividades permearon diversas instituciones con actividades corruptas para conseguir contratos y desarrollarlos. Tal como diría en conversación privada Jorge Pizano: “tienen prácticas mafiosas”.

El inicio del contrato de la Ruta del Sol

El tramo II de la Ruta del Sol era un proyecto de gigantesco tamaño con una inversión total de $3,2 billones (con la troncal Ocaña- Gamarra más otrosí), en una extensión de 528 kilómetros de los cuales solo alcanzaron a culminar algunos segmentos, mientras el resto se encuentra en estado de abandono o sin iniciarse obras.

La historia comienza en el primer mandato de Álvaro Uribe cuando era ministro de Transporte el tristemente célebre –por su absoluta ineficacia– Andrés Uriel Gallego. El Viceministro era el cartagenero Gabriel García Morales, a quienes sus conocidos del Ministerio le dieron el remoquete de El Costeño para efectos de recibir los sobornos. Antes había pasado por la dirección del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la vieja denominación de la actual Agencia Nacional de Infraestructura. En su calidad de Viceministro –fue nombrado en mayo del 2009– empezó una serie de contactos con los directivos de Odebrecht desde el 27 de octubre de 2009 con el propósito de darles línea y orientación en el segundo tramo de la Ruta del Sol. Es curioso que un contrato de semejante magnitud financiera e importancia el Viceministro García hubiese actuado a su libre albedrío sin las intervenciones de sus superiores inmediatos, el Ministro Gallego y el Presidente Uribe. Pareciera que el caso era a la inversa: que el Ministro era García y el Viceministro Gallego.

Total, con la colaboración de personajes vinculados al estado colombiano Odebrecht ganó el contrato 001-2010 el cual fue suscrito el jueves 14 de enero de 2010 por un valor de $2.474.398.909.000 al cual se le adicionaría el otrosí #6 por un valor de $799.647.416.266 por la Transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. (Vía Ocaña- Gamarra). Los accionistas de la concesión eran:

  • Constructora Norberto Odebrecht, Brasil:   25.01%
  • Odebrecht Latinvest Colombia SAS:           37%
  • Estudios y Proyectos del Sol EPISOL:         33%
  • CSS Construcciones SA (Solarte):              4.99%

La interventoría fue R & Q Sociedad Comercial Chilena con el 60% y Servicios de Ingeniería y Construcción con el 40%. El acta de inicio de obras fue suscrita el 31 de marzo de 2010 por Julio Cesar Arango, con cédula de ciudadanía 10.082.527 en representación del Instituto Nacional de Concesiones (INCO), José Gabriel Calvo con cédula 19.217.706 en calidad de interventor y Marko Harasic con cédula de extranjería 377.992 en calidad de representante legal del concesionario Ruta del Sol SAS. Puede apreciarse que el proceso de vinculación de Odebrecht arranca en octubre del 2009, la licitación se adjudica en enero del 2010 y en marzo arrancaron las obras. Un proceso ciertamente apresurado por lo complejo del proyecto y que pudo constituirse en uno de los fundamentos de su posterior fracaso.

Todo marcharía perfectamente si no hubiese estallado en Estados Unidos las investigaciones contra la empresa brasilera de ingeniería cuyos métodos torcidos de construcción se inician en 1987 cuando crean el Sector de relaciones estratégicas, nombre pomposo que ocultaba el sistema de sobornos de la compañía. Allí estuvo desde sus inicios en calidad de secretaria Concepción Andrade que tras ser despedida en 1992, se llevó esos archivos guardándolos por tres décadas hasta que los entregó a la justicia brasilera. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica el 21 de diciembre de 2016 la investigación en donde detalla que Odebrecht había pagado coimas a funcionarios de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

Es en ese punto cuando se inician las averiguaciones sobre los contratos de esta empresa en Colombia y sale a relucir el caso de la Ruta del Sol. El Viceministro García, sobre quien recayeron inicialmente las sospechas, desmintió rotundamente cualquier acto de corrupción. Álvaro Uribe Vélez salió en su defensa señalando que fue escogido por sus méritos y llegó a esa dignidad de una lista de candidatos solicitados a la Cámara de Comercio de Cartagena. Sin embargo, algunos ejecutivos de Odebrecht en Colombia, presionados por las investigaciones, empezaron a señalar los funcionarios a los cuales se les había “endulzado” la mano con dinero para favorecer sus intereses. Ese fue el caso de Yesid Arocha que reconoció que le había entregado a García la suma de 6,5 millones de dólares para que los ayudara a asesorar al consorcio en el que participaban Odebrecht, Episol y CSS Constructores en la formulación del proyecto, así como la descalificación de los otros licitantes con diversos argumentos con vicios de procedimiento. De este modo les abrió la puerta desde adentro, burlando la legislación sobre contratos ofreciendo garantías extraordinarias a los brasileros. Ante semejante señalamiento, García Morales decidió, para efectos de aliviar la condena, colaborar con la Fiscalía aceptado los cargos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. Por todo ello fue condenado a 124 meses de prisión que se convirtieron, al reducirse la pena en un 50%, en tan solo 62 meses de cárcel.

Allí es donde empieza la puja pues García empieza a mencionar a diferentes personas relacionadas con sus negocios y pone en estado de alerta a otros vinculados a los sobornos de Odebrecht. Esto sucede en enero de 2017, exactamente 17 años después de la suscripción del contrato con el concesionario Ruta del Sol cuando era evidente que la obra estaba retrasada y tenía diversos problemas.

Una curiosa ley de infraestructura con efectos retroactivos

En el 2013, el Congreso de Colombia produce la Ley 1682 también conocida por ley de infraestructura de transporte. Se trata de aclarar conceptos, definir principios orientadores y articulaciones del sector. Aparentemente se trataba, desde el punto de vista legal, de entablar un marco de relaciones sobre estos temas. Aparentemente, pero cuando se revisa el articulado se encuentran perlas jurídicas, tal es el caso de su artículo 13:

Artículo 13. Los contratos que en adelante desarrollen proyectos de infraestructura de transporte, incluirán una cláusula en la cual se establezca la fórmula matemática que determine las eventuales prestaciones recíprocas en caso de terminarse anticipadamente por un acuerdo entre las partes o por decisión unilateral. 

El parágrafo 2 parece mandado a confeccionar por los contratistas y concesiones de infraestructura en problemas. Del tipo Ruta del Sol con su mayor accionista Odebrecht pues allí se perfila una operación de vigencia de la ley con efectos retroactivos en donde los inversionistas pueden recuperar su inversión a través de mecanismos legales. Sigamos con el parágrafo del mencionado artículo 13:

Parágrafo 2°. Para los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente ley, que estén en etapa de operación, la entidad pública contratante podrá proponer fórmulas que aceleren la recuperación de la inversión, garantizando al contratista el pago de las prestaciones a que tiene derecho, posibilitando de común acuerdo la terminación anticipada del contrato, la cual deberá ser fundamentada en los motivos previstos en el Estatuto General de Contratación Estatal, siempre y cuando se requiera para ejecutar una obra de interés público o por motivos de utilidad e interés general. Las indemnizaciones o pagos a que haya lugar podrán ser determinadas de común acuerdo entre las partes o haciendo uso de la amigable composición, o de un tribunal arbitral, o de cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos.

En el año 2013 estaba dando vueltas en proyectos vitales del gobierno de Juan Manuel Santos, el abogado Néstor Humberto Martínez Neira. Fue asesor en el polémico proyecto de la Ley de Baldíos que en principio buscó arreglar la situación jurídica de los llamados grandes “cacaos” (financistas e industriales peso pesado, en el argot del boxeo) que compraron grandes extensiones de tierra en la altillanura, violando los topes que había señalado la antigua reforma agraria. Es posible, dadas sus implicaciones, que Martínez Neira también hubiese asesorado la estructura de esta ley, sobre todo en ese polémico artículo 13.

La Ley 1682 de 2013 fue confeccionada a las volandas, sin mayor rigor técnico, solo con el propósito de incluir los beneficios que planteaba con carácter retroactivo a los concesionarios de obras de infraestructura. Fue tan mala que hubo necesidad de una nueva Ley, la 1742 de 2014 para aclarar y ampliar sus marcos pues fueron modificados los artículos 8, 20, 25, 28, 58 y 59. Además allí se determinó, ante múltiples problemas en la negociación de tierras contingentes a las obras de infraestructura que la expropiación y negociación predial es total responsabilidad del estado para facilitarle la labor a los concesionarios.

Esta ley fue sancionada el 22 de noviembre de 2013 por el presidente Juan Manuel Santos Calderón. La Ministra de Transporte era la barranquillera Cecilia Álvarez Correa, vinculada al ineficaz Fondo de Adaptación en donde quedó encargada Carmen Arevalo, la que firmaría después el contrato del curioso puente “acordeón” de Hisgaura.

Durante las indagaciones de la Fiscalía a Luis Fernando Andrade, ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura, le preguntaron sobre el papel que cumplió el Fondo de Adaptación, creado en diciembre de 2010 con el objetivo de administrar los recursos provenientes destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el fenómeno meteorológico de La Niña. El mencionado fondo decidió firmar en diciembre de 2011 un convenio con el propósito de reparar la vía Ocaña –Gamarra, dañada por la ola invernal, destinando recursos en la estructuración del proyecto. Los investigadores de la Fiscalía le preguntaron a Andrade quien era el director del Fondo de Adaptación en ese momento y este respondió: “La doctora Cecilia Álvarez. Cuando retiraron el convenio del tramo ya no era la directora. En su lugar estaba Carmen Arévalo”.

Por su parte Álvarez Correa estaría vinculada al caso Odebrecht por la vía Ocaña- Gamarra según comunicado de la Fiscalía en marzo 6 de 2017:

Imputación de cargos por cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares, al exsenador Otto Bula Bula, quien se encuentra privado de la libertad. La Fiscalía ha decidió solicitar su acusación ante un juez de la República.

El señor Bula Bula fue beneficiario de pagos por USD$ 4,6 millones de dólares según la información provista por funcionarios de Odebrecht.

La Fiscalía tiene identificado que esta suma habría sido direccionada por el exsenador a siete (7) empresas ubicadas en China, Hong-Kong y Panamá, principalmente: Texfab Internacional HK, Yunan Bussiness Corp., CT Asia HK, Coas Helicop Inc., Helicontinente SA Colombia, Punto FA y Kingdom Textile Ltda.

En lo concerniente a Cecilia Alvarez Correa:

De la misma manera, la Fiscalía ha aperturado indagación preliminar con ocasión de la denuncia presentada contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por su eventual interés en la celebración del Otrosí No. 6. Las diligencias correspondientes correrán a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, por su fuero constitucional.

Sin embargo el 20 de junio de 2018 la Fiscalía llegó a la conclusión de archivar el proceso contra las ex ministras Álvarez Correa y Parody, aunque señalando que si aparecen “nuevas pruebas el caso sería reactivado”. El Procurador Carrillo no tuvo esa misma actitud de “archivar” el caso indicando que la “investigación disciplinaria es independiente y sigue su curso: “Quiero recordarles que la investigación disciplinaria es totalmente independiente frente a la investigación penal. Una cosa son las conductas de carácter delictivo y otras son las conductas de carácter disciplinario. La investigación de la procuraduría sigue adelante su curso”.

Fue una prematura absolución de la Fiscalía a las ex ministras Álvarez Correa y Parody de sus responsabilidades en el caso de la vía Ocaña- Gamarra y que tiene conexión con el hecho que Humberto Martínez Neira, en ese momento actuando como abogado del grupo Aval a través de su empresa concesionaria EPISOL en la Ruta del Sol, según Luis Fernando Andrade, ex director de la ANI “les ayudó a tramitar el acuerdo de estabilidad jurídica y dio concepto favorable para la adición en la vía Ocaña-Gamarra”.

Los señalamientos de la fiscalía contra Luis Fernando Andrade, ex director de la ANI, tienen origen, según sus palabras, en una posible venganza. En entrevista concedida al diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga el 23 de noviembre de 2018, dice: “ A mí me imputaron cargos por la oposición que hice a las pretensiones económicas de Ruta del Sol, que al final del día significan dineros para Odebrecht y para el Grupo Aval. Digo esto porque tuvimos una disputa muy fuerte en el primer semestre de 2017 sobre cómo se debía liquidar ese contrato a raíz de los actos de soborno revelados en la adjudicación, por eso pedí ante el tribunal de arbitramento que declarara nulo el contrato, eso lo hicimos apenas se supo lo que había pasado. En junio del año pasado fui al tribunal de arbitramento y le expliqué al tribunal por qué no se podía liquidar el contrato como ellos querían, expliqué la fórmula que proponíamos desde el Gobierno y por qué no iba a haber una conciliación. Eso generó cólera por parte de Odebrecht y por parte del grupo Aval. Unas semanas después fue que me imputaron cargos y cuando me imputan cargos no tienen pruebas, salen a buscarlas (…) Uno defiende los intereses de la Nación, acaba imputado por delitos de los que no tienen pruebas en ese momento, salen a buscarlas y luego se aprovechan de que uno no está para ir a cambiar una ley que favorezca esa misma liquidación. Entonces la verdad yo sí siento que la Fiscalía está siendo utilizada para promover intereses particulares”.

Andrade, tras la misteriosa muerte de Pizano, entró en pánico con denuncias públicas sobre la seguridad de su vida pues cumple arresto domiciliario. Sus declaraciones, con el extenso archivo de sus actuaciones será presentado a la Fiscalía donde su estrategia jurídica planea llevar a más de 100 testigos para que declaren a su favor –y en contra de otros, por supuesto– sobre los hechos imputados. Su caso, relacionado con el detenido congresista Otto Bula en la adición de la vía Ocaña- Gamarra en la Ruta del Sol II es complejo pues involucra a altas instancias del estado. Según Andrade “el problema empieza con un Conpes firmado por Juan Manuel Santos, el Ministro de la Presidencia Néstor Humberto Martínez Neira y el Vicepresidente Germán Vargas Lleras”. Este documento es del 2013, mucho antes que Martínez Neira dijera públicamente que no le interesaba el cargo de Fiscal General de la Nación; hecho que desmintió tiempo después cuando se impusieron sus aspiraciones para ocupar ese cargo.

En la próxima entrega:

  • El abogado del grupo Aval y asesor jurídico de la Ruta del Sol Néstor Humberto Martínez Neira, decide presentar su nombre a la Fiscalía General de la Nación ocultando una serie de hechos relacionados con su actividad de abogado en la citada concesión.
  • La curiosa denuncia de Iván Duque en la Superintendencia de Industria y Comercio acusando de “competencia desleal” a Odebrecht.
  • La demanda de Odebrecht al estado colombiano en tribunales internacionales.
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