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Este fin de semana se conoció un nuevo escándalo de corrupción a través de la entrega de raciones de alimentos a los niños de todo el país. La Contraloría General de la República encontró que unas 28 mil raciones de alimentos de contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), fueron entregadas a 15.000 beneficiarios que, según el organismo fiscalizador, aparecen como fallecidos en la Registraduría. 

La directora de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General (DIARI), María Fernanda Rangel, reveló que se encontraron 28.000 entregas a más de 15.000 personas que aparecen fallecidas. Sin contar con que también se detectó la suplantación de personas a la hora de recibir el beneficio, es decir, un mismo número de cédula con diferente nombre. 

Por estos hechos, las irregularidades podrían estar por el orden de los $2.500 millones de pesos. “Esto son alertas porque no se ha concretado en hallazgo, de acuerdo a los contratos analizados, solo en tres meses llevamos más de $2.500 millones de pesos, pero en la baja ejecución, no han entregado alimentos a niños por $12.000 millones”, precisó Rangel. 

La DIARI identificó 69 alertas en la entrega de raciones de alimentos con su Modelo de Analítica Descriptiva que le está haciendo seguimiento al Programa Canastas Nutricionales del ICBF. 

La funcionaria citó varios casos, como el ocurrido en Chimichagua (Cesar) donde una mujer recibía alimentación para 172 “hijos” y en Atlántico había un tutor que recibía más de 130 raciones.  

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“Cómo es que un tutor está reclamando más de 100 raciones, quién va a tener más de 100 niños. Un tío político en Buenaventura recibiendo 130 raciones (…) cuántos niños dejaron sin esas raciones y dónde están”, señaló Rangel. 

Otra novedad descubierta por los investigadores es que en el país se hicieron 48 entregas de  raciones a 21 menores de edad que, según la base de datos de la Registraduría, fallecieron en fechas anteriores a dicho suministro. 

La directora del Diari cuestionó que se hayan llenado planillas con la misma cédula pero con diferente nombre y no se diera cuenta el operador, cuando a ojo los funcionarios de la Contraloría detectaron la duplicidad. 

Este nuevo escándalo con ayudas alimentarias dirigidas a los niños de Colombia, se suma a los ya conocidos desde hace varios años con los recursos de los Programas de Alimentación Escolar PAE en distintos departamentos, donde los corruptos han hecho de las suyas con dineros públicos. 

Lo que dice el ICBF 

En respuesta a varios medios de comunicación, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, anunció que serán sancionados todos los responsables de haber malversado los recursos destinados para la alimentación de los niños, a través del programa Canastas nutricionales. 

“Cualquiera que se atreva a poner un solo dedo sobre los recursos sagrados para la niñez tiene que caerle todo el peso de la ley (…) Empezaremos a proceder con la Fiscalía para buscar las sanciones a los inescrupulosos que están abusando de los derechos de la niñez”, aseveró la funcionaria. 

Recalcó que fue el mismo ICBF que pidió el acompañamiento de la Contraloría para hacer la respectiva revisión en cada uno de los departamentos, sin embargo, lamentó que “desafortunadamente no conocemos el informe preventivo de la Contraloría, más allá de lo que ha salido en los medios. Estamos esperando que nos lo hagan llegar de manera oficial”. 

La directora del ICBF explicó que manejan un banco de oferentes con más de 1.500 organizaciones, entre las cuales en febrero se seleccionan a los operadores de los servicios de primera infancia. Se hace una supervisión a los contratos, pero aseveró que quienes tienen el control de ello son los directores regionales del instituto. 

Por eso, se lanzó Beto, la plataforma que busca blindar esa contratación, restándole puntos a los operadores que cometen irregularidades para que no puedan volver a contratar con el Estado. “Es para evitar que operadores, que tienen en sus manos el futuro de nuestro país, lleguen a malversar sus recursos, porque es inaceptable lo que está sucediendo”, agregó. 

Aseguró que en marzo de este año se depuró esa lista de operadores, quedando un 70% de los oferentes que ya estaban. 

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