La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años a la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud –DADIS– de Cartagena, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.
Por los mismos hechos, el organismo de vigilancia también sancionó con suspensión de ocho meses al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo (2013 – 2015).
En fallo de primera instancia, el Ministerio Público estableció que la administración municipal a pesar de destinar $100.000 millones para invertir en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de beneficiar a más de 470.000 mil personas, no ejecutó las obras programadas, las cuales se encuentran en estado de abandono.
El órgano de control señaló que el exalcalde a pesar de tener toda la información sobre los inconvenientes que se presentaban en la ejecución de los contratos, no impartió oportunamente instrucciones eficientes y eficaces para asegurar el adecuado y correcto desarrollo de las actividades delegadas.
Además, no asumió el control sobre los trabajos ni removió de sus funciones a la entonces directora del DADIS, a pesar de no responder con las expectativas al frente del proyecto.
Para el Ministerio Público, Vélez Trujillo, en su posición de garante, debió propender por el cumplimiento de los fines de la contratación y por la prestación efectiva del servicio público de salud para los habitantes de Cartagena.
Por su parte, Rodríguez de Gaviria adelantó la licitación pública DADIS 001 de 2014 sin contar con los estudios y diseño definitivos, ni con las licencias de construcción y aprobaciones técnicas del Ministerio de Salud.
Lo anterior dejó en evidencia una inadecuada planeación que se reflejó en las improvisaciones surgidas durante la etapa de ejecución, que llevaron a ampliar los plazos pactados, a priorizar la construcción de 25 de los 39 centros de salud contemplados y, finalmente, a suspender los trabajos como consecuencia del deficiente análisis económico y financiero sobre el que se calculó el presupuesto del proyecto.
Adicionalmente, la exfuncionaria consignó información que no correspondía a la realidad en la firma de un otrosí del contrato, al indicar que los diseños arquitectónicos de cuatro de las obras requeridas habían sido aprobados y ajustados de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, lo que no era cierto al momento en que fue firmado el documento.
El Ministerio Público señaló que se vulneraron los principios de responsabilidad, economía y planeación que regulan la contratación estatal, así como los de eficiencia y eficacia de la función administrativa.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la conducta Vélez Trujillo como una falta grave culposa, mientras que Rodríguez de Gaviria fue sancionada por tres cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas, dos cometidas a título de culpa grave y la restante con culpa gravísima.
Rodríguez, tras dejar su cargo en Cartagena, fue nombrada como gerente de la IPS MiRed, que maneja la red pública de salud en Barranquilla, cargo del que dimitió en junio de este año, cuando ya se le adelantaba la investigación por parte de la Procuraduría.
Es decir, durante casi dos años y aún a sabiendas de las investigaciones que se le adelantaban tanto en la Procuraduría, como en la Contraloría General de la República, el distrito de Barranquilla mantuvo en ese cargo a Rodríguez por casi dos años.
En la Contraloría
Por los mismos hechos desde septiembre del año pasado la Contraloría de Bolívar mantiene abierto un proceso de responsabilidad fiscal por $37.810 millones contra el exalcalde Vélez Trujillo y la exdirectora del DADIS Martha Rodríguez, así como contra los el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios, Coinses S.A., los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.
La Gerencia Departamental dictaminó que se produjo un presunto daño fiscal patrimonial en cuantía de $9.716 millones con la ejecución de dos contratos de obra y uno de interventoría de 2014, relacionados con la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud de Cartagena.
De igual manera, en cuantía de $25.770 millones para el Contrato No. 002-2014, suscrito entre el DADIS y la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A. COINSES S.A., debido a que una parte de las obras quedaron inconclusas y, otra, a pesar de ser terminadas y tener los suministros de equipamiento médico, no prestan el servicio de salud, para las que fueron proyectadas.
También, se determinó un daño patrimonial en cuantía de $2.324 millones para el Contrato de Interventoría No. 001-2014, suscrito entre el DADIS y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A.
Lo anterior, sin desconocer los presuntos sobrecostos que se pueden dar por la extensión en el tiempo de los contratos por arriendo de bienes inmuebles donde funcionan parcialmente los servicios de salud a la comunidad de las unidades que fueron demolidas y/o están siendo remodeladas, debido a una deficiente planeación.
Asimismo es señalada como responsable fiscal Martha Cristina Rodríguez quién suscribió los contratos 001 y 002 de 2014, el 26 de septiembre de 2014.
