San Martín de Loba es un pequeño municipio del sur de Bolívar, a orillas del río Magdalena, situado a 445 kilómetros de la capital Cartagena, por lo tanto fuera del foco de los entes de control y en casi total abandono por el gobierno nacional para mitigar la multiplicación de la pobreza, la violencia, y la corrupción.

No obstante, nos interesa mostrar cómo en un municipio perdido, con pocas posibilidades de que el gobierno central y los grandes medios de comunicación se ocupen de él, el alcalde aprovecha la emergencia sanitaria para realizar un festín de contratos absurdos y gastarse los recursos que le llegaron para paliar los diferentes aspectos de la amenaza de pandemia por convid-19.

El alcalde de San Martín de Loba, Firus Aislant Gil, con su esposa, ha estado mostrándose en las redes, con poses de campaña política, en una demostración indigna y “corroncha” de poder, entregando mercados en los sectores vulnerables del municipio. Líderes comunitarios lo acusan de repartir esos mercados solo a quienes votaron por él en las pasadas elecciones.

Pero lo que realmente nos concierne, es la serie de contratos que ha venido firmando Firus Aislant Gil durante la crisis sanitaria y que a simple vista generan desconcierto y suspicacia, pues presentan todas las características para ser investigados como contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particularescelebrados con violación de los principios de legalidad, publicidad, moralidad, transparencia, selección objetiva, planeación, imparcialidad y economía.

 El 20 de marzo de 2020, en plena crisis por la pandemia, Aislant Gil firmó un contrato, bajo la modalidad de contratación directa, amparándose en la emergencia sanitaria, con la Fundación Kadosh, con NIT 900348717-1, cuyo representante legal es Jhonys Ortega Bonett, con el fin de realizar brigada de salud mental para evitar pánico colectivo y promoción del buen comportamiento social ante pandemia de covid-19.

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A quién se le ocurre, en pleno momento de confinamiento, realizar brigadas, sobre todo de salud mental en un municipio asediado por las necesidades básicas. Este contrato tiene un valor de $25.000.000.

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Para justificar este embeleco, la Fundación Kadosh debe contratar durante un mes, los servicios profesionales de una psicóloga especialista en psicología clínica e intervenciones psicosociales, directora de brigada; los servicios profesionales de una psicóloga para atención directa en punto de atención y los servicios profesionales de una psicóloga para atención en call center.

No queremos demeritar el trabajo profesional e importante de la psicología psicosocial, pero, ¿era realmente necesario esta estrategia en un municipio de más de 10 mil habitantes, con 6 corregimientos y 36 veredas arrinconadas por el abandono estatal?

Además, la Fundación Kadosh, fundada en 2010 y con sede en Urbanización Villa Santa Catalina MZ W LT 3, Turbaco, Bolivar; cuenta con $10.000.000 de patrimonio, y según su Código CIIU de actividad, el 9499, no está dedicada ni cuenta con la experiencia para responder por este contrato.

 

  9499 Actividades
• Las actividades de asociaciones que no están directamente afiliadas a un partido político, que promueven una causa o temática pública mediante campañas de educación al público, influencia política, recaudación de fondos, entre otros. – Iniciativa de los ciudadanos y movimientos de protesta. – Movimientos ambientales y ecológicos. – Asociaciones de apoyo a servicios comunitarios y educativos n.c.p. – Asociaciones para la protección y el mejoramiento de grupos especiales, por ejemplo, grupos étnicos y grupos minoritarios. – Asociaciones con fines patrióticos, incluyendo asociaciones de veteranos de guerra.

• Las asociaciones de consumidores.

• Las asociaciones de automovilistas.

• Las asociaciones que facilitan el contacto entre personas con intereses similares, tales como los clubes rotarios, clubes leones y logias masónicas, entre otros.

• Las asociaciones de jóvenes, clubes y asociaciones fraternales de estudiantes, entre otros.

• Los clubes sociales, aun aquellos que combinan la parte social y la práctica deportiva.

• Las actividades de servicios para la caza ordinaria mediante trampas.

• Las asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas, o reúnen a personas que comparten una afición (diferente a deportes o juegos), como clubes de poesía, literarios o de libros, clubes de historia, clubes de jardinería, clubes de cine y fotografía, clubes de música y arte, clubes de artesanía y de coleccionistas, entre otros.

 Esta clase excluye:

• Las actividades de los grupos artísticos. Se incluyen en la división 90, «Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento».

• Las actividades de los clubes deportivos. Se incluyen en la clase 9312, «Actividades de clubes deportivos ».

• Las actividades de las asociaciones profesionales. Se incluyen en la clase 9412, «Actividades de asociaciones profesionales».

 

SEGUNDO CONTRATO

El mismo 20 de marzo, el alcalde Firus Aislant Gil, aprovechando la emergencia sanitaria, firmó un contrato con l a FUNDACIÓN CONSTRUYENDO EN LO SOCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS, con NIT 900169189-4, representada legalmente por Eduard Zabaleta Gil, para adecuar las instalaciones de la alcaldía y concejo municipal de San Martin de Loba para evitar la propagación del covid-19 entre visitantes y garantizar un ambiente laboral sano a sus funcionarios, por $60.000.000.

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Se le aplaude su buena intención de arreglar la sede de la alcaldía y el concejo, pero valerse de la emergencia sanitaria para entregar a dedo este contrato denota una intencionalidad que invade los terrenos de la corrupción, el abuso de poder para beneficiar un particular.

Sobre todo si esta fundación también, según su Código CIIU de actividad, el 9499, no está dedicada ni cuenta con la experiencia para responder por este contrato. Está localizada en Cartagena en la carrera 3 #6-10, y en un principio se llamaba Fundación Bautista Iglesia Cristo Vive Fundación Cristo Vive.

Además que adecuar las instalaciones no evita la propagación del covid-19. Lo único que hasta el momento evita su propagación es el aislamiento, por lo que el alcalde Aislant Gil actúa en contra de la orden presidencial de limitar totalmente la libre circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional, con excepciones previstas en los decretos expedidos, con la finalidad de lograr los resultados epidemiológicos esperados y contener la vertiginosa expansión del contagio.

TERCER CONTRATO

Sin ningún recato, el mismo 20 de marzo de 2020, el alcalde Firus Aislant Gil, aprovechando la emergencia sanitaria, firmó otro contrato con la Fundacion Sembrando Paz, con NIT. 900236732-1, representada legalmente por Luis Fernando Blanco Torres, para la realización de campaña de educación ambiental orientada a prevenir la propagación de covid-19, por un valor de $15.000.000.

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CUARTO CONTRATO

En este cuarto contrato, el mismo 20 de marzo de 2020, el alcalde Aislant Gil le entregó a un particular, Edwin Johan Angulo Saucedo, identificado con C.C. 1.050.064.981, la suma de $49.995.000 para que comprara productos alimenticios y de primera necesidad para suministrar a familias vulnerables afectadas por la emergencia ante pandemia de covid-19.

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No entendemos por qué la misma alcaldía no realizó esta compra a precios al por mayor para que rindiera más el dinero. El contratista debía comprar 550 unidades de 20 productos estipulados y ordenados por la alcaldía (Arroz, azúcar, aceite de cocina, sal, panela, atún en aceite, arepa, harina, frijol rojo, lentejas, toallas higiénicas, papel higiénico doble hoja, avena, café, pastas, fideo, leche en polvo, jabón de baño, crema dental, salsa de tomate, blanqueador).

De acuerdo a lo anterior, todo da a entender que se trata de 550 mercados para repartir a familias vulnerables. O sea que cada mercado tuvo en costo de $90.900.

Los líderes sociales de este municipio han expresado un total desacuerdo con estos precios, alegando sobrecostos que podrían ser utilizados para la compra de más mercados. Por ejemplo, hicieron el ejercicio con los víveres que estaban en una de las bolsas entregadas por el alcalde y la suma les dio $52.800, y eso que los cotizaron en las tiendas de los barrios, donde todo es más caro un 30%.

QUINTO CONTRATO

El 2 de abril de 2020, el alcalde Aislant Gil volvió a hacer un nuevo contrato para la compra de productos alimenticios y de primera necesidad para suministrar a familias vulnerables afectadas por la emergencia ante pandemia de covid-19, a nombre de Verónica Gómez Pineda, identificada con C.C. N° 1085049577 de Santuario (Ant.), propietaria del establecimiento de comercio DEPOSITO LA ECONOMIA 4 ESQUINAS, ubicado en el municipio de El Banco, por la suma de $ 32.500.000.

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La contratista debía proveer 160 kits compuestos por 14 productos, lo que indicaría que cada mercado a entregar tenía un valor de $203.125.

Llama la atención que la diferencia de precios con el contrato anterior. Por ejemplo, el kilo de arroz vendido por Edwin Johan Angulo Saucedo costaba $3.600, mientras que Verónica Gómez Pineda lo vendió a $1.800, o sea el 50% del valor del primero.

Igualmente el kilo de azúcar del primer contrato estaba en $3.000, mientras que en el segundo contrato lo vendieron en $2.500, o sea, 17% más económico.

El kilo de frijol rojo fue vendido por Edwin Johan Angulo Saucedo en $7.400, pero Verónica Gómez Pineda, en el segundo contrato, lo vende en $3.700, 50% más barato. No obstante, en la cotización hecha por los veedores de San Martín de Loba en las tiendas de barrio, fue de $7.000 el kilo.

Elementos entregados en los mercados.

Los entes de control tienen mucho que escudriñar en estos contratos y tomar las determinaciones que haya a lugar. Mientras tanto, el descontento y el ambiente hostil generado por esta actuación del alcalde de San Martín de Loba ha provocado violentas manifestaciones en los barrios marginados y de alta vulnerabilidad.

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