Cartagena se ubica como la ciudad de la región Caribe con más personas contagiadas con Covid-19, contando hoy 16 de abril con 157 casos, 9 personas fallecidas y 32 recuperadas de la enfermedad, con menos de la mitad de los casos se ubica Barranquilla, con 71, 3 fallecidos y 16 recuperados.

Las razones para este escalamiento de la curva, no es exclusivo de la tardía decisión que adoptó el gobierno local para evitar la llegada de cruceros internacionales a esa ciudad, por donde aparentemente habría entrado el virus, sino a la ingobernabilidad y ausencia total de políticas públicas en materia de salud, que desde años atrás ha arrastrado la ciudad.

No en vano las primeras protestas de médicos por la falta de insumos y equipos de bioseguridad fueron en Cartagena.

Allí un grupo de médicos generales que atiende en el servicio de urgencias del Hospital Universitario del Caribe, realizó un plantón para pedir elementos de protección personal que permitan hacerle frente al Coronavirus.

Esta semana en la clínica San José de Torices, 21 médicos generales renunciaron de manera irrevocable, por no contar con los recursos necesarios para protegerse frente a la emergencia.

Y días atrás los médicos de la clínica de Maternidad Rafael Calvo se cansaron de no tener sueldo y aun así atender las emergencias médicas. Y denunciaron las dificultades económicas que tiene el centro médico, con 49 mil millones de pesos de cartera morosa.

Pero, ¿por qué se llegó a esta situación, dónde está el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena, encargado de velar por el buen funcionamiento de red tanto pública como privada del sector?

Pues resulta que los últimos años, este organismo ha estado sometido a corruptos y malos manejos administrativos que hoy le están pasando cuenta de cobro a la salud pública de la capital de Bolívar.

La Contraloría

Muestra de ello es que desde septiembre pasado, la Contraloría General de la República, mantiene un proceso de responsabilidad fiscal por 37.810 millones de pesos contra el exalcalde de Cartagena Dionisio Fernando Vélez, la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud – Dadis, Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, el contratista Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios -Coinses S.A., (de Barranquilla) y los contratistas integrantes del Consorcio Salud Heroica S.A. y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.

La decisión, proferida por la Gerencia Departamental de la CGR en Bolívar, tiene que ver con el daño fiscal que se dio con la ejecución de dos contratos de obra y uno de interventoría de 2014, relacionados con la construcción, adecuación, ampliación, remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena, en ese momento.

Los hechos que generaron la apertura de este proceso hacen referencia a la existencia de un detrimento patrimonial a las arcas del Distrito en cuantía de $9.716 millones de pesos para el Contrato 001-2014, suscrito entre el Departamento Administrativo del Distrital de Salud – Dadis y el Consorcio Salud Heroica S.A.

Y de igual manera, en cuantía de $25.770 millones de pesos para el contrato No. 002-2014, suscrito entre  el Dadis y la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A. Coinses S.A., debido a que una parte de las obras quedaron inconclusas y, otra, a pesar de ser terminadas y tener los suministros de equipamiento médico, no prestan el servicio de salud, para las que fueron proyectadas.

También, se determinó un daño patrimonial en cuantía de $2.324 millones de pesos para el contrato de interventoría No. 001-2014, suscrito entre el Dadis y el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A.

Lo anterior, sin desconocer los presuntos sobrecostos que se pueden dar por la extensión en el tiempo de los contratos por arriendo de bienes inmuebles donde funcionan parcialmente los servicios de salud a la comunidad de las unidades que fueron demolidas y/o están siendo remodeladas, debido a una deficiente planeación.

Para el organismo de control es claro que si bien los 2 contratos de obra iniciaron su etapa de ejecución el 24 de octubre de 2014, la cual tenía un término inicial de ejecución de 14 meses, no han sido culminadas, imposibilitando así la atención oportuna y con calidad de los servicios de salud de las comunidades beneficiarias con las obras contratadas.

Objeto de los contratos cuestionados

El día 26 de septiembre de 2014, la Dirección del Departamento Administrativo de Salud de la Alcaldía del Distrital de Cartagena, celebró los siguientes contratos:

*Contrato Dadis No. 001 con el Consorcio Salud Heroica S.A. por $29.893.305.679 pesos; cuyo objeto era realizar la revisión y ajuste de los diseños prototipo, de los estudios de ingeniería y la construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena – Grupo I, II.

*Contrato Dadis No. 002 con la Compañía de Ingeniería y Servicios S. A por $64.061.606.984 pesos, cuyo objeto era realizar la revisión y ajuste de los diseños prototipo, de los estudios de ingeniería y la construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena III y IV.

*Y Contrato de Interventoría No. 001 de 2014, con el Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena S.A., por $6.158.654.900 pesos, cuyo objeto era, la interventoría técnica, administrativa y financiera, de los contratos Dadis 001 y Dadis 002 de 2014.

La Procuraduría

Por otro lado, recientemente, la La Procuraduría General de la Nación le formuló cargos a otra ex directora del Dadis, a Adriana Meza Yepes, por presuntas irregularidades en el proyecto de implementación de una estrategia para la promoción de la seguridad alimentaria y la salud nutricional en la primera infancia y madres de Cartagena.

La Procuraduría Provincial de Cartagena señaló que Meza Yepes habría vulnerado la garantía de su función pública al desconocer su responsabilidad administrativa, descuidando los principios de planeación que obliga este tipo de contratos.

De igual manera, se le reprochó la insuficiencia en la constitución del amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo como de la garantía de responsabilidad civil extracontractual

Para el órgano de control, la exfuncionaria habría incurrido en una serie de irregularidades en el ejercicio de la supervisión respecto al control y seguimiento del proyecto, y a los informes sobre su ejecución.

A la investigada se le formularon 3 cargos, de los cuales 2 fueron calificados como presuntas faltas graves a título de culpa gravísima y el restante como falta gravísima a título de culpa gravísima.

Es decir que mientras la ciudad sucumbe ante una pandemia sin precedentes, las anteriores administraciones despilfarraron cualquier cantidad de recursos que hoy bien podrían servir para salvar vidas.

Curiosamente, la ex directora del Dadis, Martha Rodríguez, tal vez a sabiendas de las investigaciones que se avecinaban y amparándose en sus amigos políticos, terminó siendo nombrada gerente en la IPS Mi Red del distrito de Barranquilla, cargo que ostenta desde la administración del ex alcalde Alejandro Char y mantiene tras la llegada de Jaime Pumarejo al primer cargo del Distrito.

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