Las sonadas denuncias de corrupción engavetadas por los entes de control

Uno de los síntomas que revela la gravedad de la corrupción en Colombia es la frase “en este país no pasa nada, por eso de nada vale denunciar”. Es terrible que tanto las comunidades afectadas y víctimas de este flagelo, como los medios de comunicación sientan a diario el peso de la decepción y la derrota ante la inoperancia y la desidia de los entes de control y vigilancia que llevan los casos de corrupción.

Ante esta situación, la organización Cívicos en Acción, de la ciudad de Barranquilla, dirigió una carta abierta al presidente de la República, Iván Duque, y a los principales entes de control del país, para que respondan a la comunidad por los resultados de una serie de hechos corruptos denunciados y recepcionados por estos organismos.

CARTA ABIERTA DE LA ONG “CÍVICOS EN ACCIÓN” A LOS ENTES DE CONTROL DEL PAÍS Y AL SEÑOR PRESIDENTE IVAN DUQUE A FIN DE QUE LOS COLOMBIANOS CONOZCAMOS EL ESTADO ACTUAL DE LOS CASOS MÁS REPRESENTATIVOS DONDE SE SUPONE HUBO ACTOS DE CORRUPCIÓN Y A LA FECHA NO SE HAN DEFINIDO NI CONOCIDO RESULTADO ALGUNO DE MUCHOS DE ELLOS.

1. Caso Venta de Electricaribe. Esta negociación se hizo entregándoles los activos a las empresas operadoras Air-e y Afina, sin saber el precio que ofrecieron. Se estima que pagaron por esos activos $700.000 millones, no obstante el gobierno del presidente Duque había invertido $4 billones. Por otra parte, entregaron la cartera vigente que de acuerdo a los estados financieros tiene un valor de $2 billones, y la facturación del mes de septiembre (23 días), cuyo valor es de $345.000 millones. En síntesis en esta negociación hubo un detrimento patrimonial para el país, sin que a la fecha se haya investigado a los culpables, ni aclarado dicha negociación.
2. Caso Venta de parte del oro de las reservas internacionales. La Junta Directiva del Banco de la República decidió vender un millón cuarenta y dos mil onzas de las reservas de oro, del banco bajo el pretexto de que el oro es muy volátil. Vendieron, las 2/3 partes de la reserva de oro (312.883 onzas) a un precio de US$1.727 la onza, en el período comprendido del 26 de mayo al 27 de junio, lo que significó unos ingresos de U$540.3 millones, que al multiplicarlo por la tasa de cambio del 27 de junio ($3.758.91), da como resultado $2,03 billones. En un documento publicado en varios periódicos virtuales, el 25 de agosto de 2020, denunciamos este hecho señalando que hubo posible acto de corrupción que conllevó a un detrimento patrimonial del país por parte de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, el típico caso de “ladrones de cuello blanco” que tanto se ve en el país, en las empresas industriales y comerciales del estado por decisiones de su junta directiva que nunca se investigan, como el caso de Ecopetrol, EPM entre otras. No es cierto lo que afirma la Junta directiva de que el oro es volátil. Si lo fuera los países desarrollados no tuvieran grandes cantidades de sus reservas en oro. Ellos tenían que saber mejor que nosotros, que el oro en época de crisis es un “refugió” para invertir, al igual que las obras de arte, y más en esta pandemia cuyas tasas de interés en el mundo tienden a cero. Bastaba ver las proyecciones del precio de la onza de oro, por la firma más prestigiosa del mundo, como Goldman Sachs, quién vaticinó un precio para el 2021, de US$2300 la onza. En agosto del 2020, el precio de la onza fue de US$2.034. En septiembre US$1.886.90. En octubre US$1.891.01.En noviembre US$1.949.06 y en diciembre US$1.869.23. El detrimento patrimonial se da al vender a un precio por debajo, de los presentados de agosto a diciembre de este año,  con relación al precio de junio 27.  De haber vendido en agosto obtendrían una ganancia  US$307 (2.034-1.727), por onza, o sea, US$96.1 millones (a la tasa de hoy,$3.491.71. En septiembre US$160 (1.886.90-1.727), o sea US$50.1 millones. En octubre US$164, equivalente a US$ 51.3 millones. En noviembre US$222, o sea US$69.5 millones, y en diciembre US$142, igual a US$44.4 millones.

Estas cifras demuestran claramente que tuvimos un detrimento patrimonial por la decisión de la Junta Directiva del banco de vender aceleradamente las 2/3 partes de  nuestras reservas de oro favoreciendo a la banca internacional que fueron los compradores. En respuesta al exgobernador de Sucre Antonio Amador Escudero, del día 15 de octubre del 2020, el Sistema de Atención al Ciudadano, le respondió que los compradores del oro fueron: HSBC BANK; JPMORGAN CHASE BANK; BANK FOR INTERNATIONAL Y ESTÁNDAR BANK, y que las onzas vendidas fueron 312.883, pasando las reservas de 1.4%, a 0.45%. Este porcentaje indica también, que nuestras reservas internacionales en oro, son significativas por lo tanto no teníamos afán de venderlas y menos al precio que se hizo. La rentabilidad del oro durante el año 2020, no será inferior al 25%, e incluso se estima por los expertos que una inversión en oro ho , a 10 años, genera una utilidad por encima del 300%. Preguntamos, señor Presidente Duque y Organismos de Control, cuál activo da tanta rentabilidad en una pandemia, con tasas de interés de cero. Si el oro es tan volátil, porque salen los bancos a comprar, ¿será que les gusta perder plata, como nos gusta a los colombianos regalando nuestros activos al venderlos? Esperamos, por lo menos, que inicien una investigación preliminar, estamos hablando de millones de dólares.

3. Caso Triple A. Con esta empresa se presentaron dos hechos, el primero fue el del desfalco a las arcas de la empresa por parte del gerente Ramón Navarro Pereira, quién para cometer dicho delito al facturar consultorías y órdenes de trabajo que no se realizaron tuvo que contar con el apoyo de personal de la empresa, como de la junta directiva y por supuesto de proveedores. Ante su silencio al no decir en realidad quienes recibieron parte de los $27.000 millones, el único condenado a 15 años, intramuros fue él. Incluso hoy no sabemos si verdaderamente está en una prisión del Estado, o si ha regresado el dinero robado. El segundo caso es sobre la expropiación de las acciones de Inassa (82.6%) por parte de la FGR, las cuales fueron entregadas a la SAE para su administración. El caso está en manos del Fiscal 36 de la Dirección Especializada de Extinción del derecho de Dominio y fue radicada en el despacho del juez penal Ower Gerardo Quiñones Gaona de Barranquilla. Desde octubre 4 del 2019, que se procedió no se sabe en qué estado está el negocio. Esas acciones tienen dos caminos: devolvérsela a los españoles o decretar la Extinción de Dominio y pasar a manos del gobierno central. Esperamos se acelere este proceso lo antes posible para el futuro de la Triple A, y el bienestar de los atlanticenses.

4. Caso Ecopetrol. Se hace necesario que los colombianos se enteren qué ha pasado con el negocio de Reficar, Bioenergy y la Inversión con la OIL en los Estados Unidos para extraer petróleo por el sistema de fracking. Las pérdidas para el país, por estos negocios han sido grandes, sin que ningún miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol haya sido condenado. Las tres superan los US$5.000 millones, unos $17.5 billones.

5. Caso Acsa. Concesión Aeropuerto de Barranquilla. Este caso consiste en que vencida la concesión otorgada a ACSA, que duró 15 años, terminándose en el año 2012. La Aerocivil antes de finalizar la concesión le entregó a los concesionarios la suma de $34.889 millones de pesos, dinero que le está reclamando desde el primero  de marzo del año 2013 (Resolución 00852), con sus respectivos intereses moratorios, debido que esos recursos era para invertirlos  en la reparación de las pistas de aterrizaje y remodelaciones locativas. En vista del incumplimiento en la devolución del dinero entregado, la entidad le abrió el proceso 819 del Grupo de Jurisdicción Coactiva. Los socios de ACSA, están liderados por la cámara de Comercio de Barranquilla con una participación del 24.2%, el Comité Intergremial del Atlántico, Fenalco, varias empresas de la ciudad y varias personas naturales, entre las que se destaca el economista Raúl Riveira que hacía las veces como gerente. De la plata reclamada sólo han pagado $1.219 millones. Este es otro caso donde la CCB invierte recursos y la CGR no dice nada al respecto. No entendemos señores de los Organismos de Control del país, cómo estos recursos que son de todos los colombianos se lo apropian unos vivos, entre ellos funcionarios de la CCB, con el beneplácito de los mismos funcionarios de la Aerocivil que han demorado para proceder a embargar las cuentas de las entidades involucradas y las personales. Ese dinero a valor presente supera con creces los $80.000 millones. Ese es el ejemplo que le dan a la ciudad los gremios y en especial la Cámara de Comercio de Barranquilla. Hasta cuando debemos esperar que devuelvan ese dinero y aplicarles las sanciones contempladas en nuestras leyes

6. Caso Denuncia Senadora Aida Avella sobre Cámaras de Comercio. La hizo en el Senado de la República, en cuyo debate manifestó que el presupuesto anual  de las Cámaras de Comercio, en promedio el 90%, son dineros públicos. Igualmente demostró que esos dineros se gastan en burocracia, viajes en primera clase, hoteles cinco estrellas y sueldos y bonificaciones que no responden a la responsabilidad que ejercen en sus cargos. Por ello propone que el 70%, de esos ingresos reviertan al presupuesto de la Nación, tal como lo hace la Oficina de Notariado y Registro. También afirmó que la CGR, no ejerce el control sobre el gasto de estas entidades y que sus informes de auditoría no sirven para nada, convirtiéndose en cómplices del derroche de los dineros públicos. Creemos que es hora de debatir este tema con altura, para decidir si acoger la propuesta de la Senadora Aida Avella o de una vez por toda entregarle la responsabilidad del Registro mercantil a los municipios y Distritos, quienes cuentan con personal capacitado y con alta experiencia para cobrar esa tasa, por el manejo adquirido en el Impuesto de industria y Comercio (ICA)

En síntesis son seis (6) casos, de suma importancia en los cuales los colombianos tenemos el derecho, señor presidente Iván Duque y Organismos de Control, de conocer los resultados de esas investigaciones, como tener la seguridad de recuperar los dineros públicos que se perdieron por las malas decisiones de algunas juntas directivas y por supuesto los que se derrocharon como si fueran de ellos.

“USTEDES TIENEN LA PALABRA. HASTA CUANDO DEBEMOS ESPERAR”

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