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Así la Casa de Nariño haya salido a defender su decisión de haber ternado al exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, para conformar la Comisión de Disciplina Judicial, argumentando que mientras no haya una condena o sanción, cualquier persona puede aspirar a un cargo público.

Esto, sin duda, se ha percibido como el desconocimiento de principios éticos por parte del presidente Iván Duque al insistir en su terna con el ex contralor de Bogotá. 

Granados Becerra, quien fue postulado por presidencia, iba a ser acusado este lunes por el caso Odebrecht en una audiencia de inicio de juicio en la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. En este proceso la Fiscalía General le imputó cargos por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidato y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015. Sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta nueva orden porque Granados se presentó sin abogado. 

Según el ente acusador, el exgobernador supuestamente recibió entre 3% y 5% de lo que costaba la obra. Y en el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de $200 millones, cuyo objetivo supuestamente era financiar la campaña a la gobernación de Granados”. 

A esta investigación de la Fiscalía se le suma la de la procuraduría General de la nación que hoy citó para el próximo 10 de diciembre a Granados para escucharlo en versión libre sobre presuntas conductas irregulares con las que como gobernador de Boyacá, habría buscado favorecer a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés como la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre. 

También fueron citados Bernardo Umbarila, entonces secretario de Infraestructura de Boyacá, y Alfred Ignacio Ballesteros, quien se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). 

En la versión libre se tratarán temas relacionados con la PTAR Salitre, cuya construcción fue adjudicada por la CAR en 2016, mediante licitación al Consorcio Expansión PTAR Salitre. 

De acuerdo con el Ministerio Público, Granados pudo haber influido en decisiones en favor de terceros, valiéndose de su condición de gobernador o de presidente de la junta directiva de la CAR. 

En este caso, desde 2019 la Procuraduría pidió al Banco Mundial unas pruebas que no han llegado. Esto en razón de que ese organismo, que otorgó una financiación por 430 millones de dólares, inhabilitó por tres años a Odebrecht por prácticas fraudulentas y colusorias durante su participación en el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá en Colombia, financiado por el Banco Mundial. 

“Constructora Norberto Odebrecht incurrió en prácticas fraudulentas al no revelar comisiones pagadas a agentes comerciales con relación a los procesos de precalificación y licitación. Estos agentes ayudaron a la empresa a obtener información confidencial”, dijo en su momento el Banco Mundial. 

Pero las acusaciones que tiene Granados en su contra no fueron un impedimento para que no solo fuera elegido como uno de los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino que se convirtió en el candidato más votado, pues recibió 186 votos por parte de los congresistas. 

Sospechosa elección 

Una vez se produjo la elección de Granados, el representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dijo que lo que se dio en el Congreso fue un ‘enjuagado’ para que el investigado excontralor de Bogotá fuese elegido y con ello lograra cambiar su juez natural. 

“Cuando este señor –Granados- asume como Magistrado de esa sala especial disciplinaria pierde la competencia la Fiscalía para proseguir la investigación que contra él se adelanta y cae, inmediatamente, en manos de la Comisión de ‘absoluciones’ de la Cámara de Representantes”, denunció el congresista del Polo. 

Para el representante Navas Talero es mucha coincidencia el encuentro y la “reunión a manteles” sostenida recientemente entre el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela; el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco; el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta; el congresista de Cambio Radical, Fabián Castillo Suárez, y el cuestionado ex contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, tal y como lo publicó el portal Vorágine el pasado 29 de noviembre. 

Y es que al recién elegido magistrado -según Vorágine– la Fiscalía “ya le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público”.  

Navas Talero criticó la actitud del presidente del Senado, Arturo Char Chaljub, por no permitir que los congresistas hicieran cuestionamientos a los candidatos a esa nueva Sala; y por ello dejó constancia en la cual sostuvo que en sus 22 años en el Legislativo “nunca había visto una mordaza como la que se le puso al congreso para elegir a los máximos rectores de la disciplina judicial en el país”. 

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