Así la Casa de Nariño haya salido a defender su decisión de haber ternado al exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, para conformar la Comisión de Disciplina Judicial, argumentando que mientras no haya una condena o sanción, cualquier persona puede aspirar a un cargo público.
Esto, sin duda, se ha percibido como el desconocimiento de principios éticos por parte del presidente Iván Duque al insistir en su terna con el ex contralor de Bogotá.
Granados Becerra, quien fue postulado por presidencia, iba a ser acusado este lunes por el caso Odebrecht en una audiencia de inicio de juicio en la Sala de Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema. En este proceso la Fiscalía General le imputó cargos por supuestamente intentar beneficiar a Odebrecht cuando fue candidato y luego gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015. Sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta nueva orden porque Granados se presentó sin abogado.
Ver editorial de El Espectador al respecto
El magistrado imputado
La presunción de inocencia existe, sí. Eso es claro. Sin embargo, como lo hemos dicho en varias ocasiones, los funcionarios que busquen ocupar altos cargos del Estado tienen una carga aún mayor de rectitud y transparencia que los blinde con la legitimidad que las instituciones oficiales necesitan. Por eso, la elección de Juan Carlos Granados a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es un fracaso por parte del presidente Iván Duque, que lo ternó, y del Congreso de la República, que lo seleccionó. En unos días, el ahora juez de la Rama Judicial en el país tendrá que enfrentar la acusación de la Fiscalía por supuestos sobornos de Odebrecht. ¿Cómo pedirles a los colombianos que confíen en los órganos judiciales cuando las ramas del poder público no son diligentes al juzgar la idoneidad de las personas a las que nombran?
Tenemos que ser claros: Granados no ha sido vencido en juicio. Bajo la Constitución, como ya dijimos, tiene la protección de la presunción de inocencia. No estamos discutiendo eso. El problema es que, al momento de ser nombrado en un cargo como la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las meras sospechas deberían ser suficientes para descalificar. Además, está la posibilidad de que su caso, por su nuevo fuero, pase a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. ¿Por qué el presidente que lo ternó y los parlamentarios que lo eligieron no tuvieron eso en cuenta?
En el escrito de acusación la Fiscalía dice: “Acorde con los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que a partir del año 2011 Juan Carlos Granados, como candidato a la Gobernación de Boyacá y durante el período en el que ejerció como primer mandatario del departamento, años 2012 a 2015, se concertó con otras personas, entre ellas los directivos de la firma Odebrecht […] para cometer varios delitos”. Entonces, dice el ente investigador, hubo una reunión en la que se discutió el proyecto vial Duitama-Charalá-San Gil y la conclusión del encuentro fue que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados a la Gobernación con $200 millones. Por eso, se acusó a Granados por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias en servidor público. Hay una audiencia programada para dentro de unos días.
No deja de ser extraño que mientras el ente investigador del Estado quiere condenar a Granados, la Rama Legislativa lo premie con una posición tan importante. Además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial se creó con la tarea de empezar a limpiar las dudas que había sobre la labor que antes realizaba la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Paradojas frustrantes de la institucionalidad colombiana.
Ahora, Granados forma parte de una Comisión que juzga a jueces y fiscales de todo el país, mientras un juez estudia una acusación en su contra presentada por un fiscal. ¿Era necesario crear esta situación? ¿Condenar así a la Comisión a surgir en medio de tantos cuestionamientos? Las instituciones son más importantes que las personas y todo funcionario debería entender eso. Pero a ninguno de los involucrados en esta selección pareció importarle la legitimidad de la justicia y el mensaje que envían a los colombianos.
Según el ente acusador, el exgobernador supuestamente recibió entre 3% y 5% de lo que costaba la obra. Y en el proceso también figura un supuesto pago que llegó a través del exsenador Plinio Olano Becerra, de $200 millones, cuyo objetivo supuestamente era financiar la campaña a la gobernación de Granados».
A esta investigación de la Fiscalía se le suma la de la procuraduría General de la nación que hoy citó para el próximo 10 de diciembre a Granados para escucharlo en versión libre sobre presuntas conductas irregulares con las que como gobernador de Boyacá, habría buscado favorecer a la multinacional Odebrecht en proyectos de su interés como la vía Duitama – San Gil y la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Salitre.
También fueron citados Bernardo Umbarila, entonces secretario de Infraestructura de Boyacá, y Alfred Ignacio Ballesteros, quien se desempeñaba como director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
En la versión libre se tratarán temas relacionados con la PTAR Salitre, cuya construcción fue adjudicada por la CAR en 2016, mediante licitación al Consorcio Expansión PTAR Salitre.
De acuerdo con el Ministerio Público, Granados pudo haber influido en decisiones en favor de terceros, valiéndose de su condición de gobernador o de presidente de la junta directiva de la CAR.
En este caso, desde 2019 la Procuraduría pidió al Banco Mundial unas pruebas que no han llegado. Esto en razón de que ese organismo, que otorgó una financiación por 430 millones de dólares, inhabilitó por tres años a Odebrecht por prácticas fraudulentas y colusorias durante su participación en el Proyecto de Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá en Colombia, financiado por el Banco Mundial.
“Constructora Norberto Odebrecht incurrió en prácticas fraudulentas al no revelar comisiones pagadas a agentes comerciales con relación a los procesos de precalificación y licitación. Estos agentes ayudaron a la empresa a obtener información confidencial», dijo en su momento el Banco Mundial.
Pero las acusaciones que tiene Granados en su contra no fueron un impedimento para que no solo fuera elegido como uno de los siete magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino que se convirtió en el candidato más votado, pues recibió 186 votos por parte de los congresistas.
Sospechosa elección
Una vez se produjo la elección de Granados, el representante a la Cámara Germán Navas Talero, del Polo Democrático, dijo que lo que se dio en el Congreso fue un ‘enjuagado’ para que el investigado excontralor de Bogotá fuese elegido y con ello lograra cambiar su juez natural.
“Cuando este señor –Granados- asume como Magistrado de esa sala especial disciplinaria pierde la competencia la Fiscalía para proseguir la investigación que contra él se adelanta y cae, inmediatamente, en manos de la Comisión de ‘absoluciones’ de la Cámara de Representantes”, denunció el congresista del Polo.
Para el representante Navas Talero es mucha coincidencia el encuentro y la “reunión a manteles” sostenida recientemente entre el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela; el contralor de Bogotá, Andrés Castro Franco; el secretario jurídico de la Alcaldía de Bogotá, William Mendieta; el congresista de Cambio Radical, Fabián Castillo Suárez, y el cuestionado ex contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, tal y como lo publicó el portal Vorágine el pasado 29 de noviembre.
Y es que al recién elegido magistrado -según Vorágine– la Fiscalía “ya le imputó tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias como servidor público”.
Navas Talero criticó la actitud del presidente del Senado, Arturo Char Chaljub, por no permitir que los congresistas hicieran cuestionamientos a los candidatos a esa nueva Sala; y por ello dejó constancia en la cual sostuvo que en sus 22 años en el Legislativo “nunca había visto una mordaza como la que se le puso al congreso para elegir a los máximos rectores de la disciplina judicial en el país”.
