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Ya se volvió costumbre para este Gobierno ignorar las denuncias e investigaciones que se le adelantan a aspirantes a distintos cargos, o ascensos o postulaciones. 

Así se volvió a corroborar esta semana luego de que el presidente Iván Duque oficiara la ceremonia de ascenso de varios oficiales del Ejército Nacional, entre los que se encontraban Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Édgar Alberto Rodríguez Sánchez, de quienes hay “evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”, de acuerdo con la organización Human Rights Watch (HRW). 

En febrero de 2019, HWR presentó una lista de uniformados del Ejército con nombres de altos mandos que están siendo investigados por los falsos positivos o las autoridades están adelantando pesquisas para vincularlos formalmente en procesos judiciales. 

El más sonado entonces, fue el entonces comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez, ahora los que están en la mira de la organización son los brigadieres generales Pinto Lizarazo y Rodríguez Sánchez, que fueron ascendidos al grado de Mayor General. 

“Entre octubre de 2006 y abril de 2007, el general Pinto Lizarazo fue comandante del batallón Anastasio Girardot, de la Cuarta Brigada. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 presuntos asesinatos perpetrados por soldados del batallón en 2006 y 22 en 2007. En 2011, un tribunal condenó a cuatro soldados del batallón Anastasio Girardot por el homicidio, en diciembre de 2006, de dos civiles que fueron reportados como milicianos de las Farc”, explica la organización. 

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Pero no solo hay indicios por estos hechos, según recoge HRW, sino, también, por 18 ejecuciones presuntamente cometidas por soldados del batallón Magdalena de la Novena Brigada, en 2008, cuando Pinto Lizarazo estuvo al frente de este (diciembre 2007 y septiembre 2009). 

Sobre el ahora mayor general Rodríguez Sánchez, HRW apuntó que se estudian al menos 22 homicidios que habrían sido perpetrados por soldados que estaban bajo su mando cuando este se desempeñaba como comandante del batallón Magdalena de la Novena Brigada. 

Cuando fue publicado este listado, en febrero de 2019, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que “al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”. Y llamó por acelerar las investigaciones y determinar las responsabilidades de los uniformados. 

En el Congreso 

En total, la Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el ascenso de 46 oficiales de la fuerza pública que fueron puestos a consideración del Congreso por parte del Gobierno. 

Sin embargo, la oposición se retiró de la votación y dejó una constancia advirtiendo que varios uniformados están siendo cuestionados por el escándalo de falsos positivos y hechos de corrupción.  

El senador Iván Cepeda reiteró lo dicho por Human Rights Watch y añadió que uno de los uniformados que está postulado, estaría involucrado en casos de corrupción que han sido denunciados dentro del Ejército Nacional. 

“Uno de ellos es el brigadier general Mauricio Moreno, postulado para ascenso, quien siendo comandante de la Segunda División del Ejército aceptó que miembros de contrainteligencia fueran a Bucaramanga, en donde varios oficiales fueron sometidos a procedimientos irregulares y pruebas de polígrafo no autorizadas a fin de identificar a las fuentes que entregaban información a medios de comunicación, según confirmó la Procuraduría”, indicó. 

Investigados, pero no culpables 

Argumentando como ya es costumbre aquello de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tomó la palabra durante la sesión para defender a los miembros de la fuerza pública y para advertir que todos los colombianos tienen derecho a la presunción de inocencia. 

Y sin tener en cuenta las consideraciones éticas y la contundencia de los hechos ampliamente conocidos alrededor de las desapariciones extrajudiciales, Holmes señaló que “Hay una campaña de estigmatización de miembros de la fuerza pública y esa campaña se materializa en la peligrosa practica de señalar como culpable a la institución como un todo, por cualquier violación a la ley o uno de los miembros de cualquier de ella”, indicó. 

Por último, para dejar en claro, la recurrente posición del Gobierno frente a los nombramientos que se vienen haciendo en distintos cargos, de profesionales cuestionados o con procesos judiciales, el Mindefensa  recalcó que: “hay una práctica de señalar como culpables a quienes no han sido vencidos en juicio. Mucho mal se le hace a Colombia cuando de esa manera se viola la constitución desconociendo las garantías fundamentales que tienen todos los ciudadanos colombianos”. 

La crítica más reciente que se le ha hecho al Gobierno en el mismo sentido, tiene que ver con el nombramiento del exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, en la Comisión de Disciplina Judicial, quien fue ternado ante el Congreso por el presidente Iván Duque, pese a las investigaciones penales que se le siguen por el caso de Odebrecht. Desde la presidencia se señaló que “mientras no haya una condena o sanción cualquier persona puede aspirar a un cargo público”.

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