Manuel Fernando Ariza, quien estuvo al frente de la fracasada empresa Transmetro, fue nombrado Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, desde abril de 2020.

Fernandez Ariza, al igual que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, con base en la Ley, es el encargado de diseñar y ejecutar las políticas locales que tienen que ver con la inscripción y renovación del Registro Mercantil, el RUP y otros documentos.

En nuestra actividad periodística investigativa habíamos venido observando muchas inconsistencias en los registros relacionados con los balances e información financiera, pero los tomábamos como reales ya que una entidad como la Cámara de Comercio de Barranquilla los avalaba.

Lea situación ha empeorado. Ahora los Certificados de Existencia y Representación Legal vienen impresos sin la descripción del total de los activos, que es una parte del balance general y que sirve para liquidar la tasa de pago de todo comerciante.

Como se observa en este facsímil, los activos totales aparecen anotados

Además, es un valor importante para clasificar la capacidad de cualquier empresa. Los activos totales muestran una parte del balance general (ecuación contable: Activo = Pasivo + Patrimonio), del cual se pueden hacer razones financieras (sin tener el balance general), como lo reglamentado el decreto 1082/2015.

Así las cosas, la falta de transparencia con estos documentos de la cámara de Comercio induce a que los funcionarios públicos violen la Constitución Nacional, Artículo 6, y violen lo concerniente al Código de Comercio, Artículo 19.

Con esta nueva política de la Cámara de Comercio de Barranquilla, los periodistas nos perjudicamos al no encontrar las herramientas necesarias para hacer los análisis financieros correspondientes a la contratación estatal con empresas privadas que terminan manejando los recursos públicos.

A esto se le agrega que para profundizar en una investigación contable a cualquier empresa contratista, se deben hacer gastos extraordinarios con la compra del RUP y otros formularios, los cuales han aumentados su valor de forma desproporcionada. Por ejemplo, el RUP pasó de $38.000 a $52.000.

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