Tras meses de un tire y afloje y en medio de un ambiente caldeado entre el destituido director de la Aeronáutica Civil, Jair Orlando Fajardo y el Ministerio del Transporte, el Gobierno Nacional ordenó liquidar el multimillonario contrato para la construcción del Aeropuerto del Café (Aerocafé), obra que buscaban habilitar una nueva terminal aérea en el municipio de Palestina, Caldas, con una inversión proyectada en más de $531.000 millones.
A principios de julio, la propia Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre estas obras en el sentido de que «están en riesgo o de quedarse inconclusas e inútiles para el servicio de los usuarios y la comunidad que habita en la zona de influencia ubicada en el municipio de Palestina-Caldas», ante indicios de riesgo contra el patrimonio público, al evidenciar presuntos incumplimientos por parte de la firma española contratista Obrascón Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia.
Según revelaciones también de principios de mes, hechas por el periódico El Tiempo, había retrasos en los trabajos que ejecutaba la firma en la remoción de tierra, necesaria para iniciar las fases 2 y 3 de la megaobra.
«(...) se identifica un riesgo inminente de pérdida de recursos públicos en este proyecto que a marzo 31 de 2022 ha recibido un total de giros por $114.873 millones provenientes de la Nación por $60,518 millones y de la región por $54,355 millones. Igualmente, se han girado pagos por $61.149 millones», expresó el contralor general Felipe Córdoba.
Ante esta situación, el gobierno de Iván Duque anunció la decisión de liquidar unilateralmente el contrato de obra de la fase 1 de construcción del Aeropuerto del Café (Aerocafé), ubicado en el municipio de Palestina, Caldas.
Pero ya los problemas venían desde el año pasado.
De acuerdo con los cálculos de la Contraloría, aunque para el pasado 13 de junio el hito 2 de la obra debía tener un avance de 2 millones de metros cúbicos, para esa fecha tan solo se había avanzado en 715.893 metros cúbicos, lo que equivaldría a un desfase de 1.284.107 metros cúbicos.
Las salidas de Cárdenas y Fajardo
Según informaciones periodísticas de El Tiempo y Semana, la Contraloría basó también sus premisas en los informes que venía consignando el gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo de Aerocafé, el mayor general (r) Gonzalo Cárdenas Mahecha, quien curiosamente fue removido de su puesto luego de que estallara el escándalo y de que la empresa cuestionada, se quejara de la imposición de millonarias multas.
Cárdenas empezó a emitir informes y comités fiduciarios, en los que documentó retrasos en la ejecución del aeropuerto por parte de la sucursal en Colombia de la empresa Obrascón Huarte Laín (OHLA).
La firma se había quedado en mayo del año pasado con el contrato por más de $141.108 millones para adecuar el terreno de la futura terminal aérea.
En una comunicación interna redactada por el mayor (r) Cárdenas, esos mismos retrasos fueron alertados al Ministerio de Transporte. «Resulta importante mencionar la responsabilidad que recae en el contratista de la obra, frente a las obligaciones a su cargo y la oportunidad en su cumplimiento, además de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al proyecto Aerocafé», escribió Cárdenas en un oficio del 13 de mayo, que habría llegado al despacho de la viceministra de Transporte, Olga Lucía Ramírez.
OHLA había sido sancionado con una multa de $1.834 millones en noviembre de 2021 y otra por $28.000 millones en mayo de 2022.
Unos días después de que Cárdenas fuera sacado, y que también rodara la cabeza del director de Aerocivil, Jair Fajardo, destituido por Duque el 7 de julio, la constructora española anunciaba la suspensión de obras del megaproyecto, según documentos que de la compañía y la interventonría del contrato.
En el primero, OHL dice que suspende las obras debido a «graves y reiterados incumplimientos» por parte del patrimonio autónomo Aerocafé (donde estaba Cárdenas) y la Fiduciaria Scotiabank Colpatria.
Y acusa a este par de entidades de haber entregado diseños con falencias, con lo cual no podían ejecutarse las obras de infraestructura.
Incluso, las señala de haber incurrido en la «imposición legal de multas como medio coercitivo para que el contratista aceptara los incumplimientos por parte de los contratantes».
El 12 de julio, OHL decide suspender las obras en el aeropuerto señalando, además, que no se le han girado recursos por $6.547 millones.
«Lamentamos profundamente que el contrato no se ha podido ejecutar en las condiciones previstas durante la etapa precontractual», dijo la compañía.
Y anunciaba que continuaría en el tribunal de arbitramento en el proceso contra el Estado (contratante), con el fin de dirimir acerca de los presuntos incumplimientos de la empresa y de la capacidad de este patrimonio autónomo de sancionarla.
Por otro lado, un documento de la interventoría confirma que se recomendó al contratante terminar unilateralmente el contrato, considerando que la responsabilidad está en manos de OHL.
Para esto, afirma que el contratista no se ha apropiado de estudios y diseños para el Aeropuerto del Café, ni tampoco cuenta con un cronograma de obra «ajustado a la realidad contractual».
«Es evidente que las medidas conminatorias (…) no lograron la reacción positiva que se esperaba de parte del contratista», asegura la interventoría.
Y finaliza diciendo que se recomienda avanzar en acciones jurídicas, con el fin de obtener indemnizaciones por la eventual terminación anticipada del contrato.
Tanto OHL como la interventoría expondrán sus argumentos ante el tribunal de arbitramento que se citó hace unos meses por parte de la compañía, y será esta instancia la que dirima las disputas.
Comisión de empalme, el punto de quiebre
Resulta que la salida de los dos funcionarios, se dio luego de que en la Comisión de empalme en materia de transporte entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, en reunión realizada el miércoles 29 de junio, y que estuvo presidida por María Constanza García, se destaparan los problemas de incumplimiento por parte de la constructora española OHLA en el Aeropuerto del Café-Aerocafé.
Luego de esto, la Ministra Orozco exigió la salida de los dos altos funcionarios: el director de Aereocivil, Jair Orlando Fajardo y con anterioridad le había pedido la renuncia al General Gonzalo Cárdenas, gerente de la Unidad del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.
Sin embargo, los funcionarios se mantuvieron firmes en sus decisiones de imponer sendas multas a OHLA: el General Cárdenas mantuvo su posición inflexible en la multa a la empresa contratista española por sólo haber removido 636 mil 835 mt3 de tierra, ya que su compromiso era llegar a los 2 millones, un avance de apenas 32 %.
Y el director de la Aeronáutica se mantuvo en la sanción por su incumplimiento en Aerocafé y sacó una resolución con la multa del año pasado.
En la Comisión de empalme, cuando se ventiló el tema, la viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez Duarte, sorpresivamente indicó que dichas multas no se hallaban en firme.
Allí en ese espacio habría salido a la luz las tres multas que se le impusieron a OHLA:
- Por no presentar el cronograma de la obra, la multa fue de $1.834 millones.
- Por incumplir la fecha de entrega del hito 2, prevista para el 28 de marzo. Aplicaron una cláusula penal pecuniaria por $28 mil 19 millones 744 mil 805. En el momento la medida está bajo estudio de la fiduciaria.
- Incumplimiento por no contar con toda la maquinaria para ejecutar las obras. Son unas 40 volquetas, pero normalmente operan 30 o 35, esta multa fue por $7 mil 55 millones 436 mil 521. Está en trámite y estudio.
Según información publicada por Las 2Orillas, antes habían existido otros descabezados, Max Peña, delegado de presidencia en el Comité Fiduciario, despedido por orden de la Ministra Angela María Orozco, a quien nunca le cayó bien Fajardo, por ser una cuota del partido Conservador. La misma suerte corrió la directora administrativa de Aerocivil, Marta Seidel, allegada a Fajardo.
Entonces surge la pregunta: ¿por qué el gobierno de Iván Duque, termina sacando de sus cargos a varios funcionarios, que lo que hicieron fue alertar sobre el incumplimiento de un contratista, y cuya versión terminó siendo respaldada por la misma Contraloría?
Según ese portal, Fajardo fue sacado de Aerocivil «por saber demasiado sobre incumplimientos del contratista OHLA, Fajardo se fue de lengua con estas anomalías justo en el empalme con el nuevo gobierno, lo que ipso facto hizo rodar su cabeza».
Además revela una información inquietante y muy grave: que ya se venía una tercera multa por $7.000 millones contra la compañía española, por no tener los equipos en el sitio de la obra. «Con estas tres sanciones se completarían las 5 que llevarían a que la firma quedara por fuera de la contratación en Colombia, según la normatividad correspondiente».
De ser esto cierto, el manto de duda sobre las razones del Gobierno y de la Ministra Orozco para dar por terminado el contrato de Aerocafé, quedan, aún más en entredicho.
¿Qué afán les corre de proteger a una firma española que mantiene serios cuestionamientos por incumplimiento y corrupción en otros países de América Latina y en España?
Ese tema lo abordará Corrupcionaldia.com en otro informe.
Lo cierto es que las multas pueden tener graves efectos sobre las obras que tiene OHLA en marcha en el país, como la construcción de uno de los cuatro tramos que conformarán la futura Avenida Ciudad de Cali, en Bogotá; el tramo viario Quindío que culmina el Cruce de la Cordillera Central; la mejora de la vía Málaga-Los Curos, en Santander, y la ampliación del acueducto de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander
De hecho, no se explica cómo cuando ya estaba en caliente la controversia con el aeropuerto del Café, a la cuestionada contratista española, le fue adjudicado el megaproyecto vial en Bogotá.
La empresa OHLA competía en Bogotá para quedarse con la Alianza Público Privada para construir el megaproyecto de Accesos Nortes 2, avaluado en cerca de $1,3 billones y liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU).
Fue faltando solamente 15 días para el anuncio de esa adjudicación, que Cárdenas fue removido de su cargo y posteriormente la APP fue entregada al consorcio integrado por OHLA, que estipula la construcción y operación por más de 29 años de esa concesión ubicada al norte de Bogotá.
Como pinta el tema, tras la decisión de liquidación del contrato, lo más seguro es que resultará en un tribunal de arbitramento, donde la disputa la podrá perder Aerocafé. Según Las2Orillas, algunos afirman que los árbitros ya están de acuerdo en que la culpable es la Unidad de Gestión y que no hubo razones, para las multas.
A la carrera, improvisada, injustificada y politiquera
Vale decir que la famosa obra del aeropuerto para la zona cafetera, fue considerada faraónica y cuestionada desde su concepción.
El gobierno de Iván Duque la embutió en el Plan de Desarrollo como proyecto de importancia estratégica y en el que comprometió casi $450 mil millones de pesos.
Incluso, algunos consideran que lo que mal empieza mal acaba, y este terminal aérea empezó con una idea traída de los cabellos, de construir un aeropuerto en la zona cafetera en medio de las montañas con el pretexto de mejorar las necesidades del transporte de la región mediante un elefante blanco.
Detrás de su aprobación en el Congreso estuvieron dos senadores: Uno, el senador caldense del partido Liberal, Mario Castaño, que desde la Comisión Cuarta del Senado, que estudia las leyes que tocan el presupuesto del país, y donde era presidente, impulsó el proyecto. Hoy Castaño está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntamente liderar toda una red de corrupción contractual y permanece preso en la Cárcel de la Picota tras una orden de detención.
El otro es el senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien venía hablando del tema desde el 2007, cuando era diputado de la Asamblea de Caldas.
Ya reelegido Senador en 2018, en compañía del senador Álvaro Uribe cita a una reunión en la presidencia del Senado a más de 40 congresistas, a la que asistieron además el Contralor General, el gobernador de Caldas, los alcaldes de Manizales y Palestina, y gremios del departamento, para exponer a los ministerios de Hacienda y Transporte el proyecto.
Al final de la reunión se logra una proposición firmada por todos los congresistas asistentes para incluir en el presupuesto nacional los primeros $100.000 millones. La proposición fue aprobada por unanimidad en comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara.
En febrero del 2019, el senador Mejía es autor del artículo del Plan Nacional de Desarrollo, que crea el Patrimonio Autónomo para que lleguen allí todos los recursos, hasta lograr el cierre financiero. La dirección del Patrimonio Autónomo queda a cargo del Ministerio de Transporte y de la Aeronáutica Civil.
Lo curioso del caso, es que fue el mismo Mejía que pide al Contralor General Córdoba, diferenciar este proyecto de los anteriores y acompañamiento permanente de la obra. Con el Aeropuerto del Café, la Contraloría estrena la función de control concomitante.
Para su financiación, a finales del 2019 la Asamblea de Caldas autoriza a la Gobernación comprometer vigencias futuras hasta por $60.000 millones. En diciembre del 2020, el Concejo de Manizales autoriza al Alcalde para comprometer vigencias futuras por $15.000 millones y para el 2019 se aprobaron $50.000 millones del presupuesto General de la Nación y para el 2020, $100.900 millones más.
El 3 de diciembre del 2020 Aerocafé le informó a la Aeronáutica Civil, que los estudios y diseños para la construcción del Aeropuerto se encuentran a nivel de «Estudios y diseños definitivos Fase 3», de acuerdo con los resultados y porcentajes de validación entregados por la consultoría contratada por la CAF (Unión Temporal AERTEC – KPMG).
Los resultados arrojados por la consultoría contratada por la CAF evidenciaron una cifra de $100.000 millones más en el costo de la obra.
El 16 de febrero del año 2021, el Consejo Nacional de Política Económica y Social avaló el cierre financiero de Aerocafé, completando el paquete total por $531.858 millones, que van al Patrimonio Autónomo.
Y ya para el 19 de marzo del mismo año, el Gobierno adjudicó las obras de explanación de Aerocafé por $141.108 millones, a la firma Obrascón Huarte Laín S.A. Sucursal Colombia.
Pese a todo este periplo, que básicamente buscó garantizar los recursos, la Contraloría pasó a considerar que, «este proyecto fue concebido más políticamente que técnicamente y tiene de todo menos de estudios y análisis de factibilidad, que brilla por su ausencia un estudio serio de mercado, así como de viabilidad técnica para dar un servicio integral».
Una obra que a juicio de los expertos se habría evitado si se hubieran querido atender realmente las necesidades de infraestructura del eje cafetero. Esta región tiene a 5 minutos de los aeropuertos de Manizales y de Pereira el aeropuerto de Cartago, con una ubicación geográfica privilegiada, mayores posibilidades de ampliación y capacidad para emular al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, con mejores condiciones geológicas y la posibilidad de hacer un aeropuerto de operación continua, las 24 horas y con cualquier nivel climático.
En todo caso, lo que le podrá quedar de toda esta “megaobra”, será una “megademanda” que seguramente le correrá a los entes estatales implicados. Y un elefante blanco del tamaño de un mamut.
