Yahir Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, obtuvo licencia de un mes, con 16 votos del Concejo, para viajar a México y Estados Unidos justo cuando arranca el Mundial FIFA 2026. Atrás dejó 46.071 niños sin Programa de Alimentación Escolar, un déficit fiscal de $120.518 millones y una investigación abierta de la Procuraduría por presuntas coimas en el contrato del PAE. Colombia en su máxima expresión.
En Colombia hay una lógica que se repite con la precisión de un reloj de pared: el político que más roba es el que más votos consigue, el Concejo que más corrupción protege es el que más unanimidad exhibe, y el alcalde que tiene a sus niños sin comer es el que mejor sabe encontrarse con el Mundial de fútbol. Esta no es una metáfora. Es la agenda oficial, debidamente aprobada, de Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre.
El 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Sincelejo votó 16 a 0 para concederle al alcalde una licencia formal de treinta días con el propósito declarado de realizar una «gira técnica de observación logística» en México y Estados Unidos. El periodo exacto de la ausencia: del 2 de junio al 1 de julio de 2026. El periodo exacto del Mundial FIFA 2026: del 11 de junio al 19 de julio. Qué coincidencia tan precisa. Con ese timing milimétrico, la Liga de Fútbol de Sucre lo invitó a «aprender cómo se organiza un evento deportivo de talla mundial«. Porque lo más urgente para Sincelejo, ciudad con el 43% de su población en pobreza monetaria y el 45% de sus barrios sin agua potable continua, es enviar a su alcalde a ver partidos con fines pedagógicos.
Acuña fue enfático ante los concejales: no gastará un solo peso del erario en viáticos, hospedaje ni transporte. «Ni aéreo, ni terrestre, ni nada«, dijo con la convicción de quien sabe exactamente cómo no dejar rastro. Los sincelejanos deben sentirse muy aliviados. Treinta días sin alcalde, pero con la certeza de que él pagará su propio boleto de avión hacia los estadios del Mundial. El detalle de que quien solventa el viaje es «la Liga de Fútbol de Sucre» o las «entidades invitantes» no mereció ninguna pregunta incómoda del cuerpo edilicio que votó de manera unánime. Dieciséis manos levantadas. Ni una sola voz disonante. Eso, en cualquier democracia que se respete, no se llama respaldo político. Se llama copropiedad del silencio.
El mecanismo que dejó atrás
Para entender el escándalo de la licencia mundialera, hay que conocer lo que Acuña administra, o más precisamente, lo que dejó de administrar. Los datos del CHIP-CUIPO y el Informe de Vulnerabilidad Fiscal del Ministerio de Hacienda, publicado en octubre de 2025, son brutales: el déficit fiscal de Sincelejo pasó de $29.752 millones en 2023 a $120.518 millones en 2024. Un aumento del 305% en el primer año de gestión. El propio Ministerio de Hacienda clasificó al municipio como inviable financieramente. La Secretaria de Hacienda local, para no alarmar a nadie, certificó un déficit de solo $57.187 millones, menos de la mitad. Es decir, la administración Acuña ocultó $63.331 millones de hueco fiscal a la ciudadanía y al Concejo que hoy le aplaude el viaje.
El 71% de los ingresos de Sincelejo provienen de transferencias del gobierno nacional. Los recursos propios representan apenas el 17,3% del presupuesto. Por cada peso que el municipio invierte en lo que sus ciudadanos necesitan, gasta más de tres pesos en burocracia y funcionamiento. Y sobre ese andamio precario, la administración suscribió contratos que ya comprometieron a las dos o tres alcaldías que vendrán.
El contrato emblema de la gestión Acuña es el Programa de Alimentación Escolar, el PAE. Adjudicado a la Unión Temporal PAE Universal 2024-2027 por $256.470 millones de pesos, fue sellado en 15 días, bajo la modalidad de «régimen especial con ofertas«, con apenas cuatro días para recibir propuestas, dos de ellos fines de semana, y con un único oferente. El contrato incluye vigencias futuras de $50 a $60 mil millones anuales hasta diciembre de 2027, comprometiendo dinero público que aún no existe. Técnicamente impecable. Éticamente, una obra de ingeniería para el desfalco.
El alcalde tendría todo eso bajo control de no ser porque en noviembre de 2025, el senador Alex Flórez presentó ante el Congreso un video en el que Acuña aparece calculando sus ganancias del PAE con lenguaje de contador clandestino: «Mil millones que me deja a mi... Se subió a quinientos y pico de millones. Entonces, como entra con 2.000 barras, más los 1.000 que me quedan a mi y los intereses son 3.500.» La Procuraduría abrió indagación previa el 19 de noviembre de 2025. En abril de 2026, el operador del PAE suspendió el programa por una deuda municipal de $31.599 millones, dejando a 46.071 niños sin alimentación escolar. Acuña había prometido en noviembre de 2025 que «los recursos para el PAE de 2026 están garantizados«. Los niños de Sincelejo aprendieron, de la peor manera, que las promesas de su alcalde tienen la solidez del presupuesto que él mismo destruyó.
Un solo hombre, $290.795 millones
La concentración contractual que revela el SECOP II es de antología. Héctor José Chávez Rodríguez es representante legal del Consorcio PAE Universal 2024-2027 ($256.470 millones) y del Consorcio Solución Vial Sincelejo ($34.325 millones). Un solo ciudadano controla $290.795 millones en contratos municipales. En solo 12 días de marzo de 2025, la Alcaldía giró más de $1.300 millones en pagos fragmentados al mismo beneficiario. El portal El Intervencionista lo bautizó como el «nuevo cartel que alimenta y pavimenta Sincelejo«. Nadie en el Concejo preguntó por esto tampoco.
Para completar el cuadro: la Laguna de Oxidación de Sincelejo lleva 17 años sin terminar. El contrato original era de $1.172 millones; la inversión total supera los $18.000 millones, un sobrecosto del 1.400%. Solo el 10% de las aguas residuales recibe tratamiento. El alcalde salió de viaje sin resolverlo. El departamento de Sucre ocupa el segundo lugar en Colombia en hallazgos fiscales por corrupción en regalías, con $140.700 millones en irregularidades detectadas. Solo La Guajira la supera. Y en ese contexto, más de 45 barrios de la ciudad pasan hasta 50 días sin agua potable continua, con Veolia como operador y el alcalde sin capacidad ni voluntad de ejercer control sobre ella.
El sistema que lo produce
Lo que hace que el caso de Yahir Acuña sea más revelador que escandaloso es que no es una excepción. Es el molde. En Colombia, el político investigado por parapolítica no es expulsado del sistema: es protegido por él. Acuña fue investigado durante 15 años por la Corte Suprema por presuntos vínculos con el Bloque Héroes de los Montes de María. Fue absuelto en agosto de 2025. En 2025, la Corte abrió nueva investigación por presuntos nexos con Los Rastrojos Costeños. En 2015, fue detenido transportando $480 millones en efectivo en una carretera, dos días antes de unas elecciones donde su esposa era candidata. En 2026, un juez ordenó su arresto por desacato a una tutela. Y en junio de 2026, obtuvo licencia para el Mundial por votación unánime del Concejo.
Lo que James Buchanan, Premio Nobel de Economía, denominó la lógica de la elección pública opera aquí con claridad quirúrgica: el político no actúa en el interés general porque el sistema de incentivos no lo premia por eso. Lo que premia al político colombiano municipal es el control de los contratos, la lealtad del Concejo y la capacidad de mantenerse en el poder sin rendir cuentas. La ciudadanía está al final de la ecuación, no al principio. Alejandro Nieto, en su obra sobre el desgobierno de lo público, describió este fenómeno con precisión: el Estado no ha degenerado por accidente; ha sido capturado por una clase política que opera como grupo extractivo, parasitando los recursos que deberían llegar a los ciudadanos. Sincelejo es ese texto, ilustrado en tiempo real.
El Concejo Municipal es el eslabón que cierra el ciclo. Sin control político real, sin una sola voz que votara en contra de la licencia mundialera, sin una pregunta sobre los $290.795 millones en manos de un solo contratista, la corporación edilicia no fiscaliza: cohabita. Dieciséis votos a favor de que el alcalde viaje al Mundial mientras sus niños no comen es, técnicamente, una votación. Moralmente, es una confesión colectiva.
Lo que dejaron sin resolver
Con el alcalde en las gradas del Mundial, Sincelejo queda gobernada por Jean Carlos Troaquero, secretario de Movilidad encargado como alcalde. El municipio que hereda tiene una ciudad donde el 43,4% de la población vive en pobreza monetaria, el 52% de los habitantes no consume tres comidas diarias, la tasa de desempleo es del 12,6% con 69,8% de informalidad, existen 82 asentamientos ilegales sin regularizar y 7.400 familias sin techo. Con $290 millones de deuda de PAE sin pagar, con el faltante de tesorería en $54.768 millones y con el Concejo de Sincelejo sin ningún interés en hacer preguntas incómodas.
Con el dinero que Acuña confiesa en el video del PAE, que él mismo calculó en «mil millones que me quedan a mí«, se podrían haber pagado cuatro meses de alimentación escolar para todos los 46.071 niños que quedaron sin comer. Con el sobrecosto acumulado de 17 años en la Laguna de Oxidación, se podrían haber financiado 90 kilómetros de red de acueducto. Con el diferencial de $63.331 millones que la administración ocultó al Ministerio de Hacienda, se podría haber construido un hospital de primer nivel. Pero esos pesos no tomaron esa dirección. Tomaron otra.
La pregunta que queda
Si esto ocurre en Sincelejo, una ciudad intermedia del Caribe colombiano que no ocupa portadas nacionales, que no tiene la visibilidad de Bogotá ni la industria extractiva de Medellín, la pregunta inevitable es qué está ocurriendo en los despachos donde los contratos tienen 10 ceros, donde los asesores no hablan en millones sino en billones, donde las licencias se llaman «comisiones de servicio» y los fines de semana de fútbol se llaman «agenda diplomática«.
El caso de Yahir Acuña no es la corrupción que debería escandalizarnos. Es la corrupción que deberíamos reconocer como la norma que produce todos los demás casos. La pregunta no es si hubo corrupción en Sincelejo. Es si Colombia está dispuesta a dejar de elegir, financiar y proteger al sistema que la produce.
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