Como grotescas califican hoy los ipialeños en el departamento de Nariño, las obras que la pasada administración del alcalde Ricardo Romero contrató por la nada despreciable suma de $2.791 millones de pesos cuyo propósito era el Mejoramiento de Espacios Públicos para la Apropiación Social y Cultural del municipio de Ipiales.
Los trabajos consistían en el levantamiento de tres cubiertas tipo marquesinas en tres distintos puntos de la ciudad. Una en la alameda cultural del puente Rumichaca a un costo de $1.175’594.227 pesos; otra en el Boulevard 20 de julio por $355’779.979 pesos y una tercera en Puenes en el punto Vive Digital por $280’783.909 pesos.
Desde el principio la comunidad ipialeña consideró no solo un despilfarro, sino un “adefesio” el proyecto, pues no aportaba al mejoramiento visual del entorno, y por el contrario las estructuras metálicas lo que hacían era impactar más la libre circulación.
Uno de quienes más cuestionaron el proyecto fue el arquitecto Carlos Rosero quien en su momento lo calificó como un atentado contra el patrimonio cultural.
Con respecto a la estructura en Rumichaca dijo que allí había dos hitos arquitectónicos que son la Casa de Aduana del Ecuador y la de Colombia y la estructura en hierro desatinaba con el entorno y el manejo actual del lugar.
En cuanto a la de la plaza Veinte de Julio aseguró que también es un desacierto porque no se habla de gustos sino de conocer lo que se plantea.
Y añadió que las marquesinas eran un desatino y en realidad no sirven para nada y lo único que van a generar es entorpecer el espacio público. Dejó claro que están errados en el diseño y que Ipiales no necesita estas marquesinas para nada.
En la otra orilla, el secretario de Planeación del municipio, Pablo Emilio Solarte, siempre salió en defensa de las obras aclarando que tuvieron la aprobación del Departamento Nacional de Planeación, pues fueron incluidas en el Ocad es decir que se financiaron con recursos de regalías.
“Si el proyecto fue aprobado es porque está bajo un concepto técnico y jurídico que fue aceptado en su oportunidad”, afirmó en su momento.
Sin embargo lo mismo no opinó el Ministerio de Cultura que en julio del 2019 expidió una resolución suspendiendo de manera inmediata la intervención que se adelanta en la antigua casa de aduanas en Rumichaca bajo el contrato N- 1900 de 2017 entre la Alcaldía de Ipiales y la unión temporal parques Ipiales, pues la construcción no contó con la autorización del Ministerio al ser este espacio un bien de interés nacional.
Así mismo la Procuraduría General de la Nación también ordenó suspender la obra como medida provisional, acatando lo dicho por el Ministerio de Cultura. En su momento el Ministerio Público señaló que existían serios indicios de responsabilidad disciplinaria y fiscal que se podría traducir en detrimento patrimonial, según lo manifestado por el Procurador provincial de Ipiales Carlos Bastidas.
Con todo y eso, el contrato sigue vigente, suspendido pero sin liquidar.
El contrato
El accidentado contrato 1900 del 23 de noviembre de 2017 para la construcción de las marquesinas se adjudicó mediante licitación pública a la Unión Temporal Parques Ipiales, cuyo representante legal es Rodrigo de los Ríos Rodríguez, por $2.352.627.509 pesos, y debía ser ejecutado en ocho meses.
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Pero pasados dos años el contrato aún no se ha liquidado y por el contrario está suspendido desde diciembre de 2019, por cuenta de la decisión del Ministerio de Cultura.
El primer reparo tiene que ver con que pese a que el contrato fue adjudicado en noviembre del 2017, el acta de inicio solo se materializó el primero de febrero del 2018, es decir dos meses después. Y apenas transcurridos 20 días, fue suspendido por acuerdo entre las partes aduciendo que “la interventoría solicitó una revisión al diseño estructural y al estudio de suelos, lo que requería un trabajo y coordinación con el equipo diseñador”. Y agrega la resolución de suspensión que para “poder realizar tales actividades de revisión, los contratistas de la obra solicitaron tal suspensión”, lo cual fue respaldado tanto por la interventoría como por la subsecretaria de Proyectos de Infraestructura de la alcaldía de Ipiales.
Luego la pregunta que cabe es hasta dónde se contaba con estudios serios para la ejecución de estas obras.
Pese a estar suspendidos los trabajos, el 27 de diciembre de 2018, se aprueba por parte del municipio de Ipiales un valor adicional al contrato, por el monto de los 438’391.234 pesos. Ese mismo día, se levanta un acta de reinicio de las obras. Es decir, después de un año y un mes de haber sido adjudicado el contrato y sin mayores avances.
Al día siguiente, el 28 de diciembre, nuevamente se suspenden los trabajos. En esa oportunidad, los contratistas alegaron que “debido a las festividades de fin y comienzo del año, no ha sido posible contratar herramientas, mano de obra, equipo y transporte para la ejecución de actividades relacionadas con el contrato y que solo a partir de la segunda semana de enero se puede contar con la mano de obra y herramientas requeridas”.
El municipio respalda la solicitud y aprueban una nueva suspensión por 10 días. Las obras se reinician el 15 de enero según consta en el acta.
El 22 de marzo, o sea apenas dos meses y algunos días después, se vuelve a suspender el contrato, en esta ocasión debido al paro indígena que según los contratistas les ha imposibilitado adquirir los materiales que requieren por el cierre de la vía Panamericana.
Por decisión de las partes el contrato se retoma el 22 de abril, un mes después y según consta en el acta su terminación estaba prevista para el 24 de septiembre del 2019.
Pero, otra vez, el 8 de agosto y tras el pronunciamiento del Ministerio de Cultura, y cuando se suponía que solo faltaban un mes y 17 días para dar por concluidos los trabajos, el contratista y la interventoría solicitan una nueva suspensión, esta vez parcial, en el frente de Rumichaca.
La Unión Temporal solicitó una parálisis de ocho días hábiles para “definir el balance de la obra y el alcance de los ítems pendientes por ejecutar, incluido el tema de la parte eléctrica”. Y solicitaban revisar el presupuesto del proyecto Alameda Rumichaca.
Con todo y la advertencia del Ministerio de Cultura, de la Procuraduría y las tres suspensiones que ya se le habían autorizado, el contratista solicitó el 3 de septiembre una prórroga de tres meses para la culminación del tema.
En esa oportunidad alegó que se requería la aprobación de la modificación de cantidades de obras no previstas y que “las lluvias fuertes que se habían presentado en la región había afectado el rendimiento en la instalación de las estructuras metálicas, del policarbonato, de las instalaciones hidrosanitarias, las eléctricas, de los pisos y las fachadas. Entonces la pregunta necesaria es ¿en qué habían avanzado durante un año y siete meses, desde que se firmó el acta de inicio?
La prórroga de 3 meses lleva la firma del propio alcalde de Ipiales, Ricardo Romero Sánchez.
Luego el 23 de septiembre, se le hace una modificación casi que total a los compromisos de iluminación y cimentación de las tres estructuras metálicas. Pero el 19 de diciembre, pasados tres meses, todavía estaban en consideración de los contratistas tales cambios aprobados y en acta de ese día se decide recortar el presupuesto del contrato el cual pasó de 2.791’018.743 a 2.697’691.232 pesos, es decir casi 200 millones de pesos menos.
Finalmente, antes de dejar su cargo como alcalde, Romero y sus funcionarios firman una última acta de suspensión de las obras, el 20 de diciembre, entre otras cosas porque aún no se resuelve la indagación preliminar que inició la Procuraduría contra el municipio de Ipiales por las mencionadas obras.
Han transcurrido ya casi tres meses del nuevo gobierno de Ipiales y aún la obra no ha sido ni liquidada, ni recibida, ni se ha resuelto la indagación del Ministerio de Cultura. Y aunque el contrato tampoco ha sido pagado en su totalidad, los ipialeños siguen esperando que se tomen decisiones de fondo respecto a estos onerosas, improvisadas y desatinadas obras que consideran en nada beneficiaron al paisaje ni mucho menos al mejoramiento del mobiliario urbano ni el disfrute del espacio público de la población nariñense.
