En España, donde se encuentra Canal Isabel Extensia, casa matriz de Inassa, propietaria en un 82% de las acciones de la Triple A de Barranquilla, denominan a la empresa barranquillera de servicios públicos desde el 2017 como “la joya de la corona”.
Varios medios hispánicos como El Confidencial, El País, El Espanyol y el ayuntamiento de Madrid, a su vez controlador de Canal Isabel II, lo reafirman en sus declaraciones. Es una empresa apetecible para cualquier inversionista por diversas razones y circunstancias históricas.
Cuando inventaron la Triple A en reemplazo de las quebradas –por los políticos locales– Empresas Públicas Municipales, allí no se invertía en nada, no existía un sistema de cobros y el mantenimiento de redes y equipos se encontraban en niveles precarios. El primer momento feliz cuando introdujeron un socio calificado europeo, Aguas de Barcelona y esta empresa trajo un equipo de directivos que pronto empezaron, sin invertir un peso, tal como lo reconocen los mismos españoles en las audiencias del ayuntamiento madrileño ante la presidenta Cristina Cifuentes, a mostrar resultados de gestión en todas las áreas.
Total es que los avezados directivos traídos por Agbar decidieron jugarle sucio a su empresa y en complicidad con socios colombianos de la Triple A, inventan maniobras diversas en Panamá conformando otra empresa, invitando como operador concesionario a Canal Isabel II de Madrid.
Bajo su égida la empresa creció a ritmos increíbles fomentando la idea que era una maravilla y fue así como iniciaron un proceso de expansión en Ecuador, República Dominicana, Brasil y por supuesto Colombia, apalancada por un aparato publicitario que promovía la imagen de una empresa responsable, cumplidora de sus compromisos con el estado y la comunidad, presta para intervenciones puntuales en el manejo del agua y en su recaudo financiero.
En el fondo sucedieron varios hechos. Uno de ellos, ya lo mencionamos, fue que mejoraron ostensiblemente los niveles de recaudo con el aumento de tarifas. Eso produjo resultados financieros que permitieron dar una posición de solidez, accediendo a recursos para infraestructura sanitaria otorgados por el estado en donde muchas veces la Triple A cumplía triple rol: era la constructora, interventora y después recibía la obra para su utilización tal como sucedió, por ejemplo, con recursos para la llamada Cuenca Oriental. En Corrupción al Día hay varios reportajes sobre la ejecución de este curioso contrato.
En el 2017 cuando empieza a develarse el caso de corrupción denominado Operación Lezo por la audiencia española, se mostraron unas cifras que exponen el fundamento de la denominación “joya de la corona”, de Canal Isabel II respecto a la Triple A de Barranquilla pues tiene un capital de $73.485 millones y patrimonio de $221.927 millones; mientras la empresa en República Dominicana reporta un capital de $5.893 millones y un patrimonio de $18.958 millones y la de Ecuador, un capital de $1.025 millones y un patrimonio de $11.309 millones.
Reiteramos que se trata de un capital sin gastarse un peso, acrecentado por maniobras ilegales, antijurídicas para apoderarse gradualmente de la mayoría de las acciones, repartiendo coimas entre políticos sin que nadie en Barranquilla le pusiese reparos a un negociado de corrupción amparados en el montaje de otra falacia: que ahora sí se recibía agua por toda la ciudad, olvidando que el artífice de este proceso, el ex Alcalde Bernardo Hoyos, en reiteradas declaraciones ha señalado que se trató de una especie de extorsión promovida desde el interior del aparato del estado colombiano para que firmará una ampliación de la prórroga de concesión a los operadores españoles y a cambio le darían los recursos para proveer del servicio a todo el vasto territorio de suroccidente.
Fue una acción mucha más compleja, surtida en un debate de corrupción con dos mesas directivas del Concejo al mismo tiempo, lo cual permite la sospecha años después que se trató de una conjura cuidadosamente planeada y así en medio de enfrentamientos y suspicacias de toda índole, concederle facultades expresas al Alcalde de Barranquilla (Antonio Bayona, encargado por Hoyos) para “estudiar” la prórroga del contrato con la Triple A que finalmente se dio.
Con un agravante que tampoco observaron las autoridades políticas administrativas, judiciales y los medios de comunicación: todas las inversiones hechas por la Triple A durante su administración de la concesión no revertirán a Barranquilla y deberían ser pagadas tras la entrega formal de la empresa al final del contrato. No hay inventarios que identifiquen qué había, qué se hizo con los dineros recibidos por infraestructura sanitaria del estado y dónde se invirtieron.
Una confusión total al igual que las transformaciones sufridas a cargo de empresas panameñas ficticias por parte del bufete de ese país De Obaldía & García Paredes, manejadas por los abogados Carlos Alberto De Obaldía cédula de identidad 8.222.2524 y José Ramón García De Paredes con cedula de identidad PE-2-605, cuya especialidad es la creación en el territorio de ese país de empresas fachada o de papel.
Todo fue subrepticio. De espaldas a la ciudad y sus autoridades o con la conveniente anuencia de ellas. Los medios de comunicación, debidamente engrasados por el poderoso departamento de comunicaciones de la Triple A –segundo en jerarquía en el organigrama estructural después del gerente general- omitían cualquier referencia dándose, además, el curioso hecho que en el más importante diario impreso de Barranquilla, El Heraldo, su dirección estaba a cargo de Marco Schwartz, periodista residente en Madrid durante más de dos décadas y supuesto conocedor de las movidas en los círculos de poder políticos y económico de esa ciudad. Al parecer nunca se enteró de lo sucedido ni allá ni acá.
Las acciones de Triple A
En la sesión del martes 5 de abril de 2016 de la Asamblea de Madrid, comparece ante ella Ángel Garrido García, presidente del Consejo de Administración de Canal Isabel II, empresa propietaria de Inassa y Triple A, bajo petición del grupo parlamentario socialista con el propósito de informar sobre la identidad de las empresas que actuaban como socios locales de las empresas del Grupo Canal en América Latina.
Dijo que “a través de Canal Extensia, Canal Isabel II Gestión –otra empresa- cuenta con una participación de 21 sociedades en Latinoamérica…de la compañía Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Triple A, encargada de los residuos sólidos urbanos y la limpieza urbana de Barranquilla, Colombia, Inassa posee un 82.16%; el distrito, la Alcaldía de Barranquilla, posee un 14.5% y otros socios minoritarios tienen el 3.34%; de estos socios minoritarios destaca la propia Canal Extensia SA con un 1.16 %”. En otras palabras, los españoles se encuentran entre los grandes accionistas y lideran a los pequeños.
OK Diario de Madrid, en su edición del 11 de mayo de 2007, en un reportaje titulado Un entramado de sociedades offshore en paraísos fiscales señala lo siguiente: “SAA (Sociedad de Aguas de América) es la instrumental del paraíso fiscal de Panamá a través de la cual el Canal compró Inassa. Los accionistas locales constituyeron más tarde Fidugan, que con un 48,2% de Inassa, ostentaba el poder fáctico de todo el negocio y, sobre todo, tenían el control de los políticos colombianos. El artífice de todo este entramado era el empresario local Marco Aurelio Royo, que estuvo implicado en un escándalo económico en Colombia, en 2002”.
Royo se defendió de las acusaciones indicando que “la increíble y mentirosa acusación de Rodríguez López iba dirigida contra Marco Aurelio Royo y Enrique Gerlein Echeverría importantes accionistas del Banco Ganadero, S.A., éstos habían adquirido sus acciones con un préstamo dado a ellos y a otros múltiples accionistas, (vinculados a través del Fideicomiso Fidugan-Banco Ganadero), por el ING Bank el 18 de marzo de 1994 por la suma de USD115,000,000.00 con la pignoración de todas sus acciones del Banco y así poder adquirir entre todos los accionistas (53 en total) el 25% del Banco que pertenecía hasta ese momento al Banco de la Construcción de Venezuela.
La falsa y bellaca acusación de Rodríguez López la hizo ante las autoridades Judiciales Españolas puesto que también acusaba al Presidente, al Consejero Delegado y a varios Vicepresidentes del BBVA en España. El juez encargado del caso fue el famoso y reconocido Juez Baltasar Garzón”.
Las acciones de la Triple A, según aparece en su página web tienen las siguientes características:
Acciones tipo A: Sector Público (Distrito de Barranquilla) 14.50%
Acciones tipo B: Sector privado (5.490 accionistas personas naturales y jurídicas 3.34%
Acciones tipo C: Socio calificado 82.16%
Estas tridivisión del accionariado no se encontraba prevista en los contratos iniciales y va en abierta contravía a una disposición del Concejo de Barranquilla en el sentido que el Distrito debería tener la mayoría accionaria en el negocio. Pero además, produjo un rifirrafe jurídico en el sentido de declarar a la empresa Triple A como víctima de las maniobras dolosas del ex gerente Ramón Navarro Pereira por haber sustraído de los fondos de la empresa –eso lo descubrieron los investigadores españoles- la suma de $29.229.761.912.
Se pretende hacer creer que el problema de la Triple A fueron los deslices de algunos funcionarios cuando se demostró en España que el asalto a los intereses de la ciudadanía barranquillera para “robarle” su empresa de servicios públicos fue una estrategia fraguada conjuntamente entre políticos españoles y colombianos con la anuencia de empresarios privados.
No hay directos responsables de las omisiones políticas en la defensa de los intereses de la ciudad. Tampoco para los que fraguaron una serie de maniobras ilegales para apoderarse de la Triple A. Fue en esas condiciones que se produjo, en la primera alcaldía de Alex Char, una especie de reivindicación de lo perdido que produjo alarmas entre los políticos españoles y deciden jugarse los restos y venir a Cartagena y Bogotá para solucionar un problema que a la larga se destaparía una década después. Simplemente postergaron la crisis.
Te interesa comprar la Triple A?
El 23 de abril de 2017, en medio de la tormenta política y mediática producida por la Operación Lezo en España, el diario El Confidencial presentó informaciones relacionadas con los implicados en el caso Canal Isabel II y Canal Extensia. Allí se describe el viaje a América de varios ejecutivos del grupo entre el 28 de agosto y 4 de septiembre de 2008, entre ellos Ignacio González para una visita de “buena voluntad” a Colombia relacionados con los negocios de Inassa y Triple A. Dice El Confidencial:
González quería que Uribe (Álvaro, Presidente de Colombia) les ayudase con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, que hoy sigue como regidor (Alcalde) y sentado en el consejo de administración de la Triple A. Y es que no llegaban buenas noticias desde Colombia. Char, importante político y empresario del país, estaba estudiando que el Canal perdiera peso en el accionariado de la Triple A para que entraran en él otros importantes empresarios del país, los hermanos Nule, hermanos de la mujer de Char, Katia Nule, exreina del carnaval de Barranquilla.
Los hermanos Nule, Manuel Nule Velilla y Miguel Nule Velilla, querían más negocios. Ese mismo año habían ganado el contrato del sistema de recaudación del transporte de Barranquilla, Transmetro, y habían puesto sus ojos en la Triple A. Tras la visita oficial a Bogotá, la delegación madrileña cogió otro vuelo a Barranquilla, la sede de Inassa. Allí había que reunirse con el propio Char. “La información que manejábamos en Inassa es que hubo que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas. Las reuniones tuvieron éxito, ya que el Canal siguió teniendo la mayoría de Inassa.
Es claro que a la Triple A varios grupos económicos la tienen desde 2010, no solo en la mira, sino perfectamente estudiada en sus pormenores. Una serie de pretendientes que después, en apariencias, se desinflaron aparatosamente como es el caso de los grupos Nule e Interbolsa, relacionados circunstancialmente con el ex alcalde Alex Char.
Nada raro ni extraño el interés de estos grupos si se tiene en cuenta que parte de la fuente de la información privilegiada surge al interior de la junta directiva de la misma empresa por cuenta de funcionarios adscritos a la alcaldía de Barranquilla que incluso presentan la fórmula de un posible torniquete económico para asfixiar a los españoles: “Quitarle los subsidios”, alertando además que unas personas incoaron una Acción Popular para que el accionariado regrese al Distrito de Barranquilla pidiendo que devolvieran unas tasas tarifarias recogidas de forma ilegal.
El condenado delincuente Tomás Jaramillo Botero también tiene desde su condición de corredor de bolsa información privilegiada pues señala –en conversaciones grabadas y publicadas en este medio– que los bonos emitidos como deuda por la Triple A “se pueden conseguir regalados”. En otras palabras, la tenían fácil, indicando además una fórmula perfecta para apoderarse de la empresa: “Nos interesa berracamente, pero con ustedes huevón…alinee todas las estrellas allá marica y estamos listos”.
Alinear las estrellas implica tener el poder político administrativo, contar con sentencias judiciales que debiliten a los españoles y esperar que las acciones sin ninguna titularidad sean colocadas al mejor postor para entonces entrar a negociarlas con la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda.
Hasta ese año 2010 antes del “alineamiento de estrellas”, que sucedería posteriormente, un análisis de los medios de comunicación españoles y colombianos indicarían que tras el control de la Triple A se encontraban el grupo Nule; cuñados del ex alcalde Char, postores a diversos grupos de inversionistas, como es el caso de David Maestre Castro y algunos interesados a nivel nacional con músculo económico y agallas para el despojo a los españoles como la empresa Interbolsa, que pese a sus descalabros jurídicos, todavía tiene empresas e inversiones funcionando en el exterior.
Interbolsa se llamaba antes Interbolsa Financial Group con actividad en el corretaje de títulos valores –por ello Jaramillo menciona los bonos de deuda de la Triple A– logrando controlar el 29% de este negocio en Colombia hasta que en noviembre de 2012 –dos años después de la conversación entre Jaramillo y Maestre- el gobierno colombiano ordenó su intervención por deudas impagables con el sistema bancario nacional.
En vez de intervención por la Superintendencia de Servicios públicos, extinción de dominio accionario por la Fiscalía
La Superintendencia de Servicios Públicos en torno a la Triple A tuvo un rol omisivo y complaciente. Igual la Superintendencia Financiera con los sospechosos cambios accionarios y todo lleva a la hipótesis que estas entidades fueron permeadas por la maquinaria económica y de lobby de los operadores concesionarios españoles que terminaron adueñándose del negocio.
Todo el país conoce perfectamente la filiación política del ex Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira con Germán Vargas Lleras y el partido Cambio Radical. Su condición profesional de contratista con el grupo Aval de Luis Carlos Sarmiento Angulo y su curiosa participación en los escándalos de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht en Colombia. Por ello fue citado a dos debates en el senado de la república donde mal pudo defenderse de las acusaciones promovidas desde diversos flancos que terminarían al final, con su cantada renuncia hecha dramáticamente en su mejor estilo.
Pues bien, este personaje fue el que el 3 de octubre de 2018, anunció al país las medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones pertenecientes a Inassa, empresa inversora en América de la española Canal Isabel II, en la empresa de servicios públicos de Barranquilla Triple A.
Estas acciones corresponden al 82,16% de participación y corresponden, según estados financieros, según corte a diciembre de 2017, a $202.200 millones de pesos. Pero no se le pueden creer a estos estados diseñados para evitar cuantiosas tributaciones, ni allí se incluyen una serie de obras que esta empresa ha construido durante su operación y que según se desprende de la lectura del contrato deben ser retribuidos al final de la concesión.
Pero ojo, acá no se ha llegado formalmente al fin de la concesión aunque así lo parezca la acción de extinción de dominio que implicó, con la titularidad de las acciones en entredicho, un cambio de la junta directiva de la Triple A. Esas inversiones de Inassa en Triple A valen mucho más que el costo del accionariado y por ello no es tarea fácil para un probable inversionista interesado en la compra de Triple A –que los hay, pues es apetitoso bocado- cuantificar los activos totales para presentar una propuesta formal y tampoco lo harían, en este momento procesal, por inoportuno. La paciente espera, con bancos apretando clavijas y negando créditos, la inestabilidad jurídica conviene a los potenciales compradores.
Dijo el 3 de octubre el Fiscal Martínez: “Un fiscal inició la fase inicial del embargo, con fines de extinción de dominio, de las acciones de Inassa en la Triple A, con el secuestro de su participación, que será entregada en custodia a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ministerio de Hacienda”.
El Ministro de Hacienda Carrasquilla es militante del partido Centro Democrático, actualmente a cargo del ejecutivo nacional en cabeza de Iván Duque cuyo gobierno se debate en crisis de todos los niveles y cuenta con precarios niveles de votación en las deliberaciones del Congreso de la República, coyuntura especial en donde ha entrado en alianza con el partido Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras cuyos reductos en la región Caribe votaron por Iván Duque en las 2 votaciones presidenciales (escuchen la confesión en la conversación del traficante de drogas y lavador de activos Neñe Hernández la forma en que le birlaron a Vargas 100 millones de pesos para su campaña).
Cambio Radical se encuentra en capacidad de negociar su participación en un gobierno débil que no tendrá ningún reparo en concederles lo que sea con tal de contar con un aliado legislativo.
Desde esta perspectiva real, no imaginadas ni supuestas, hay una “perfecta alineación de estrellas”, tal astronómica frase del delincuente Tomás Jaramillo, para apropiarse del accionariado mayoritario que tenía Inassa en forma abiertamente ilegal, sin aportar un solo peso los españoles tal como lo confesaron en las deliberaciones del Ayuntamiento de Madrid en el 2017. Se apoderaron de las acciones y por ende de la propiedad de la Triple A con argucias jurídicas unilaterales “aprobadas” con la omisión en su actuación por parte de la dirigencia político administrativa del Distrito de Barranquilla en diversos periodos.
Un año después de la intervención de la Fiscalía con las medidas de extinción y dominio de las acciones de Inassa, el 4 de abril de 2019, en la ESP Triple A, el Fiscal le pidió al juez el inició de la demanda pues ese día se vencían los plazos y sin este requisito procesal, la titularidad en secuestro y embargo hubiese regresado “ipso facto” a la empresa española. Una diligencia admirable del Fiscal Martínez Neira que además dijo a medios de Bogotá que “la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa”.
Se refiere a un contrato de asistencia técnica suscrito entre Inassa y Triple A que nunca se demostró su existencia en diversas inspecciones, investigaciones, auditorias y testimonios por intermedio del cual la Triple A le giró a Inassa $226 mil millones a Inassa mediante cuentas directas. Pueden observar que la Fiscalía no cuestiona la forma ilegal, demostrada con documentos en medios de comunicación de Colombia, entre ellos Corrupción al Día, y España, de la apropiación ilegal de la mayoría de acciones de Inassa sustrayéndolo fraudulentamente a su verdadero titular legal: el Distrito de Barranquilla.
Desde esa perspectiva legal planteada por la Fiscalía, no se trata de reintegrar las acciones despojadas a su legítimo propietario; no, sino un proceso diferente. Demostrar que las directivas de Triple A e Inassa saquearon las finanzas de la empresa con conductas tipificadas en la legislación penal y que por esas circunstancias eran despojados de las acciones bajo su titularidad y dominio por el uso de la empresa en este concierto para delinquir.
Con esta posición, el proceso de extinción de dominio tiene un procedimiento especial que culmina con la venta de estas acciones o su entrega a una sociedad para que las administre en custodia. La procesión va lenta, por dentro, pero va. El 26 de marzo de 2019, los accionistas minoritarios de la Triple A (3,4%) en medio de la aprobación de los estatutos financieros de la empresa formularon graves denuncias. Según el Gerente General Guillermo Peña de Triple A “la revisoría fiscal, revisó los estados financieros. Están acorde y no tienen ningún comentario.”
Al parecer este parte de tranquilidad no lo compartían los llamados accionistas Tipo B. Hernando Acuña, uno de estos socios, dijo a medios de comunicación que “los estados financieros que habían sido presentados se salían del contexto legal”. La cosa no quedó allí, en palabras. Algunas horas después, los accionistas minoritarios sintiéndose burlados en sus intereses, quemaron en acto simbólico de protesta, el informe de sostenibilidad que contenían los estados financieros.
Uno de los socios Tipo B señaló el carácter de la protesta: “Lo impusieron, para manipular las cifras con miras a mantener unos buenos indicadores frente a los bancos, porque están buscando dinero, para inversiones, y ya han estado más de una vez tocando las puertas de los bancos. Las tienen cerradas, esperando que Canal Isabel regrese, porque la SAE no es aval para que a Triple A, le presten plata.”
Otra curiosidad de esa reunión de accionistas fue que el representante del Distrito de Barranquilla tuvo un agrio debate con uno de aireados accionistas minoritarios. De un análisis escueto de lo anterior se desprende que el Distrito no se encuentra en alianza con los accionistas minoritarios y su labor, o papel, en todo este embrollo de reclamar la titularidad de las acciones ha sido difuso, torpe y ambiguo. La discusión tuvo origen en que el Distrito -su representante- se mostró de acuerdo con los estados financieros presentados.
Se alinean las estrellas.
