Funcionarios públicos traficando drogas es una postal muy conocida en Colombia. Es la concreción del espíritu mafioso que se ha apoderado de la política y la gobernanza. En este momento no se sabe si para ser político exitoso hay que ser mafioso primero, o si para ser un mafioso poderoso hay que incursionar inicialmente en la política.
En días pasados, la última semana de noviembre de 2021, fue sorprendido un concejal en esa transición. Se trata de Albeiro Martínez Quintero, concejal de la San Pablo, sur de Bolívar, a quien le fue encontrado en la parte delantera del vehículo una caleta con 36 paquetes rectangulares que contenían 16 kilos de base de cocaína.
«En un puesto de control ubicado en la ruta 87 de la Ruta del Sol lograron la captura de un ciudadano el cual se transportaba en un Renault Megan que mediante modalidad de caleta transportaba 36 paquetes, al parecer de base de coca, con un peso aproximado de 16 kilos», señaló el teniente coronel Elkin Corredor, subcomandante de la Policía del Cesar.
No sabemos si primero era narcotraficante y con ese dinero pasó a ser político, o de la política saltó al narcotráfico. Pero ya esto hace parte de la cultura colombiana y por ello la corrupción ha tomado una fuerza descomunal en el quehacer de la cosa pública.
Martínez Quintero, elegido por el partido Colombia Renaciente, fue dejado a disposición de la Fiscalía de Aguachica, Cesar, para que responda por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
Esta es una de las caras de la moneda de la corrupción endémica en el departamento de Bolívar. La otra cara es igual de terrible, pues quienes deciden trabajar por cambiar esa situación descrita, son perseguidos, amenazados y asesinados.
Por ello vimos que al mismo tiempo que capturaban a Martínez Quintero, Más de 100 lideresas de los Montes de María en el Departamento de Bolívar, pidieron una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, tras ser amenazadas por grupos ilegales que operan en el territorio.
Esta solicitud fue realizada por Julia Cogollo, integrante del Movimiento por la Paz durante un evento con la JEP y la Comisión de la Verdad en el municipio de San Jacinto, donde un grupo de mujeres víctimas pidió mayor atención al Ministerio Público por riesgos en materia de seguridad.
“El respaldo del estado es a medias; el estado es todo y si no tenemos las medidas para que los líderes estén bien protegidos no tenemos nada. Desde el 2018 venimos insistiendo en la alerta y no tenemos eco“, expresó la activista bolivarense.
