La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acaba de acusar al representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, del Centro Democrático, por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos

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Testimonios, videos, fotografías, letras de cambio y hasta promesas chimbas de diplomas de bachillerato a cambio de votos constituyen las evidencias en poder de la Corte Suprema contra Londoño García

Gustavo Londoño García

El expediente documenta cómo el congresista del Centro Democrático se hizo elegir en los comicios de marzo de 2018 acudiendo, presuntamente, a conductas ilícitas, pactos bajo la mesa, promesas burocráticas y ofertas educativas que ni siquiera estaban avaladas por el Ministerio de Educación.  

En efecto el año pasado comenzaron a trascender estas denuncias en medios de comunicación. 

Entre esas denuncias se acusó al representante a la cámara de haberse hecho elegir con votos de personas que recibieron el título de bachiller, supuestamente sin recibir clases. 

De acuerdo con la denuncia, el colegio Petro School, con sede en Villavicencio, apoyó la campaña de Gustavo Londoño al Congreso, entregando los títulos a cambio de votos. Evidencias y testimonios que ya están en poder de la Corte Suprema de Justicia, dan cuenta de lo que sería un fraude electoral

Marcela Serrato, testigo de estos hechos, dijo en diálogo con la emisora W Radio que «me dijeron que si no apoyaba a Gustavo Londoño a la gobernación con mi voto, mi hija no podía ingresar a un instituto para que le dieran el bachiller, eso no lo apoyé y me fui. Luego volvieron con lo mismo cuando hubo elecciones a Congreso». 

«Los cartones de bachiller y diplomas se entregaron a quienes votaron por él» añadió. 

Pasado casi un año, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a Londoño García por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos. 

Y encima, usurpador de tierras 

Paralelo a este proceso en la Corte Suprema, Gustavo Londoño, deberá devolver a la Nación más de 6 mil hectáreas de tierras valdías, de las cuales se había apropiado de manera irregular. 

La orden fue impartida mediante un fallo de tutela del Tribunal Superior Judicial del Meta, que interpuso la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de administrar y proteger las tierras de la nación, contra una sentencia de una jueza de Puerto Carreño que le entregaba la propiedad de esas tierras al congresista. 

Tras el fallo, la ANT deberá iniciar un proceso administrativo agrario de recuperación de un baldío indebidamente ocupado, según explicó un vocero de esa entidad. 

La acción judicial se dio tras la publicación de una investigación periodística de La Liga Contra el Silencio que expuso cómo el actual representante y un socio, el empresario Nicolás Laserna Serna, se habían apropiado de manera irregular de tierras que solo podían ser asignadas por el Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, a campesinos sin tierra.   

La investigación también reveló cómo la jueza Derlis Vega Perdomo desconoció los procedimientos para una demanda de tierras que debió presumir baldías y pasó por alto jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. También cómo, durante la visita de inspección al predio, gozó de favores de los interesados. 

El fallo del Tribunal anula el título de propiedad concedido al congresista y su socio sobre el predio conocido como “Buenavista” y la matrícula inmobiliaria correspondiente inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos. 

«Como máxima autoridad de tierras del país en la ANT nos corresponde salvaguardar integralmente la legalidad, como fundamento de la estabilidad jurídica y la garantía de que los predios de la Nación y el ordenamiento social de la propiedad deben ser manejados en forma rigurosa y con absoluta transparencia»
Myriam Martínez Cárdenas
directora de la ANT

Según el Tribunal Superior, la Jueza Vega Perdomo incurrió en un «evidente desconocimiento del precedente jurisprudencial» y señala al Procurador Ambiental y Agrario, Alberto Rivera Balaguera, de «inercia o precariedad en la actividad adelantada». 

Alberto Rivera Balaguera, Procurador Ambiental Agrario.

En el fallo, firmado por los magistrados Alberto Romero, Hoover Ramos y Rafael Albeiro Chavarro, se ordena remitir el caso a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, «con miras a que se adelanten las investigaciones a que haya lugar en contra de la señora Jueza y del señor Procurador Ambiental y Agrario que se vinculó dentro del trámite del proceso objeto de revisión constitucional». 

Contra el fallo del tribunal, el representante Londoño y el empresario Laserna pueden interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, para que revise la decisión. Si la Corte la ratifica, es la última instancia. 

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