Desconcierto, por decir lo menos, es lo que ha provocado la respuesta que el Fiscal General Francisco Barbosa, le dio al Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de que esta entidad de manera oficial le solicitó investigar a fondo, sin descartar ninguna hipótesis, las amenazas de que están siendo víctimas, líderes sociales del corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar

Durante un consejo de seguridad celebrado en esa población, golpeada años atrás por grupos paramilitares, el Vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, quien estuvo verificando los factores de riesgo para la población, habló sobre la necesidad de considerar la presencia de miembros del Clan del Golfo en la zona, al tiempo que urgió una mayor presencia de la fuerza pública y la implementación de programas de apoyo psicosocial para la población de este corregimiento tan golpeado por la violencia. 

En respuesta, el fiscal Barbosa, en vez de atender con prontitud los requerimientos de la Defensoría, que básicamente son los de la comunidad, lo que hizo fue enviar una carta al defensor Carlos Camargo indicándole que ya se han adelantado actuaciones y que la función de dicho órgano de control no es la de “atribuir responsabilidades a la Fiscalía”. 

“Finalmente, les recuerdo

que la función de la Defensoría no es la de atribuirle responsabilidades y nuevas funciones constitucionales a la Fiscalía General de la Nación”
Francisco Barbosa
Fiscal General de la Nación

Además, advierte Barbosa en su carta, en un tono que no se compadece con la coordinación que deben tener este par de organismos del Estado, que “Más bien, lo invito a que antes de remitir este tipo de comunicaciones, se informe del rol acusador de la Fiscalía y así podamos avanzar cada uno dentro de sus propias competencias en la protección de los DD.HH. de nuestro país”. 

La Defensoría ha puesto en alerta el crudo presente de los líderes sociales y defensores de DD.HH. en El Salado, quienes vienen sufriendo amenazas con panfletos anónimos o atribuidos a las Águilas Negras.  

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En su misiva el Fiscal además señala que por mandato Constitucional la Fiscalía es la encargada de realizar las investigaciones por amenazas en El Salado. Además, explicó que desde el 18 de noviembre pasado encargó a un grupo de investigación para intentar esclarecer tales crímenes contra líderes sociales y defensores de DD.HH. “Investigar de manera analítica y estratégica los casos de amenazas, de modo que se pueda identificar relaciones entre los distintos casos y entender los contextos en los que se enmarcan”, respondió. 

Así mismo, explicó que desde que se conocieron las amenazas se inició la investigación de los mismos delitos, lo cual permitirá conocer a los responsables lo más pronto posible. “Frente a los mensajes de los últimos cinco días, la Fiscalía ha desarrollado actividades tendientes a recopilar elementos materiales probatorios, identificar a todas las víctimas de los panfletos y los mensajes amenazantes. Igualmente, se rastrearán los mensajes que se emitieron vía WhatsApp”. 

Una de las personas que está bajo la mira de las Águilas Negras es la defensora de DD.HH. Yirley Judith Velasco, quien a mediados de 2019 recibió un sobre envuelto en cinta negra, que no tenía otro objetivo más que intentar silenciarla por su labor como representante de víctimas de violencia sexual, de la misma masacre llevada a cabo hace más de 20 años. Lo que estaba firmado sobre el papel seguramente quebró a la mujer, pues amenazaron con asesinarla en presencia de su hijo, lo cual le ocurrió días antes a la lideresa María del Pilar Hurtado en el municipio de Tierralta (Montería). 

Según la Fiscalía ya tienen vinculadas a dos personas en procesos penales por estos hechos. “Actualmente, una de las personas se encuentra privada de la libertad y aceptó cargos por el delito de amenazas, la otra persona se encuentra acusada por este mismo delito y, se está a la espera de realiza la audiencia de formulación de acusación”, agregó Francisco Barbosa. Al final, el fiscal general explicó que Yirley Judith Velasco cuenta con un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, además, le recordó a Camargo cuales son los números y el correo de la Fiscalía, “mecanismos que funcionan las 24 horas”. 

Sin embargo, no es solo la Defensoría la que ha hecho este llamado de atención al Fiscal, cosa que pretende desconocer Barbosa. 

Ayer precisamente la Misión de Verificación de Naciones Unidas del Proceso de Paz, entregó al Consejo de Seguridad de la ONU un nuevo reporte trimestral sobre la implementación de los acuerdos en Colombia, en el que recuerda que desde la firma del acuerdo con las extintas Farc, han sido asesinados 252 excombatientes y 378 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.  

Ante el Consejo de Seguridad, el jefe de la Misión, Carlos Ruiz Massieu, solicitó “que se garantice que las medidas de seguridad tomadas por las autoridades se traduzcan en resultados efectivos en los territorios”.  

Y al igual que el Defensor del Pueblo hizo un llamado en el sentido de que urge “llevar a la justicia a los responsables de estos crímenes” y para ello consideró “esencial apoyar la labor de la Unidad Especial de Investigación en la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos. También es importante fortalecer la capacidad judicial local, incluyendo mediante jueces regionales especializados en este tipo de delitos”.  

Como suele hacerlo, el fiscal Barbosa en vez de atender con prontitud los requerimientos, se dio a la tarea de defenderse respondiendo con su ya acostumbrada soberbia. 

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