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La sociedad colombiana sigue indignada. Durante los últimos días las noticias sobre crímenes sexuales por parte de miembros del Ejército contra niñas indígenas han puesto sobre el tapete dos aspectos delicados y relacionados entre sí. Por un lado, la vulnerabilidad de las mujeres frente a los actores armados y por otro, la credibilidad de una institución que en los últimos años ha sido más protagonista por los escándalos dentro de sus filas que por combatir las disidencias de la guerrilla de las Farc y las bandas criminales.

“Los militares rompieron la confianza que les teníamos y eso no se va a remediar jamás”, dijo, Juan de Dios Queragama, el gobernador indígena de la región a la cual pertenece la niña de 12 años violada por siete soldados el pasado 21 de junio. Sus palabras resumen el sentir de buena parte de los colombianos, que ven sumar denuncia tras denuncia contra una de las pocas instituciones que -según las encuestas de favorabilidad- son respetadas por la opinión pública en un país que lleva más de medio siglo librando diferentes frentes de batalla.

Días después de la terrible noticia sobre la violación, el comandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro, dijo que había 118 uniformados más, entre oficiales y suboficiales, con investigaciones por casos de abuso sexual en los últimos cuatro años. De ellos, 76 han sido retirados del servicio activo -31 salieron la semana pasada- y los demás son investigados disciplinariamente.

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El año pasado fue especialmente dramático para la credibilidad de las Fuerzas Militares. El 18 de mayo de 2019, el New York Times reveló que el Ejército había reviviendo el conteo de cadáveres como medida principal de la efectividad de los oficiales (práctica comúnmente llamada “falsos positivos” y cuyos casos se incrementaron en el gobierno del presidente, Álvaro Uribe). Los comandantes de unidad debían firmar un formato donde se comprometían a duplicar las “afectaciones” (miembros de grupos armados muertos o capturados) en sus respectivas áreas de operaciones.

Un mes después, salieron escándalos de corrupción por la venta de permisos para portar armas y el mal uso de fondos destinados a combustible y otras necesidades. Y para rematar el año, salió a la luz el caso de algunas unidades del Ejército que se dedicaban a desplazar a sus unidades móviles y a utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andaban 130 personas entre periodistas, políticos, magistrados e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas.

Ante cada escándalo, tanto el presidente, como otros altos funcionarios del Gobierno, suelen condenar los hechos públicamente y prometer severas sanciones: “Aquí no podemos ser tolerantes frente a ninguna de estas conductas. Tenemos que ser drásticos e imperativos (…). Vamos a ir hasta el fondo de las investigaciones”, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, una vez se conocieron los dolorosos hechos sobre la niña indígena. En algunos casos, incluso, fueron destituidos o encarcelados altos mandos militares y las aguas parecieron volver a calmarse. Los siete soldados protagonistas del último escándalo aceptaron los cargos, fueron destituidos de la institución y un juez les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en una guarnición militar.

Pero el sinsabor y la preocupación perduran en buena parte de la sociedad colombiana y no son pocos los que se preguntan por qué no ha habido una reestructuración del Ejército, a sabiendas de que en 2017 hubo un Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc.

Hay que recordar que dicha reestructuración no se pudo incluir en el Acuerdo. Durante cuatro años de negociaciones en Cuba esa fue la papa caliente del proceso y, para evitar que los militares se opusieran -como en otros momentos de la historia-, el presidente de la época, Juan Manuel Santos, incluyó uniformados en la mesa. A partir de entonces, las fuerzas militares parecieran estar en un estado de esquizofrenia e incertidumbre.

Sin las Farc -su enemigo histórico- en el campo de batalla la inteligencia militar ha quedado sin un medidor que defina sus aciertos, capacidades y éxitos misionales. Dicho de otro modo, y en palabras del doctor en Derecho Internacional, César Niño, “la ‘desfarcarización’ de la agenda de seguridad ha sido un trauma para la toma de decisiones porque ha revelado múltiples crisis que durante el conflicto fueron canalizadas con un único derrotero”.

Otro asunto grave -y que hace mella en la confianza hacia el Ejército colombiano- es que el número de grupos armados ilegales y de integrantes de estos sigue creciendo en regiones donde las Farc solía tener influencia. En 2018 los homicidios aumentaron por primera vez en seis años, y, aunque disminuyeron ligeramente el año pasado, el sentimiento de inseguridad de la población crece aún en época de pandemia.

Sin las Farc -su enemigo histórico- en el campo de batalla la inteligencia militar ha quedado sin un medidor que defina sus aciertos. Crédito: Ejército Nacional de Colombia

Conscientes de la deteriorada credibilidad, dentro del Ejército ha habido intentos por pensarse como una institución que vaya más allá de una fuerza de combate. El último de esos intentos fue el año pasado, pero la persona encargada de liderar dicha transformación fue un General investigado por falsos positivos, Diego Villegas. A dicho General, además, se le atribuye una declaración que también puede ser la radiografía de lo que está sucediendo dentro de las filas castrenses: “El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con los Pelusos (grupo criminal) nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN (guerrilla). Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso.”

Para María Emma Wills, profesora visitante de la Universidad de Los Andes y exasesora del Centro Nacional de Memoria en Colombia, el problema más grave frente a la crisis del Ejército es que a la institucionalidad del país “no le interesa reconocer de fondo lo que anda mal porque la prioridad para ellos es proteger el buen nombre y el honor del Ejército”. A lo anterior se le suma la alta impunidad y procesos judiciales que, al igual que en tantos otros países de la región, toman años y hay todo tipo de artilugios, aplazamientos y burocracia que permiten que las denuncias contra militares pocas veces prosperen. “Si no hubiera impunidad, un militar pensaría tres veces antes de abusar de una mujer, por ejemplo, porque los costos serían altísimos”, dijo Wills a CONNECTAS.

En ese mismo sentido, Patricia Tobón, comisionada de la Comisión de la Verdad, que nació de los Acuerdos de Paz de La Habana, dijo a CONNECTAS que el sistema de investigaciones y sanciones para los miembros de las fuerzas militares es lo primero que se debe revisar para poner coto a la cascada de denuncias que provienen de esa institución, “pues ellos no solo tienen el monopolio de la fuerza armada sino que son los encargados de la protección de los ciudadanos y de la seguridad nacional”.

La fórmula está hecha y las autoridades militares ya han anunciado en varias ocasiones que están listas para adaptarse a un futuro que por primera vez en medio siglo no incluye una insurgencia a gran escala dentro del territorio nacional. Pero los hechos demuestran lo contrario. La corrupción, los excesos, las malas prácticas o la incapacidad están presentes en una organización que mes tras mes va perdiendo el prestigio por el que ha sido reconocida dentro y fuera de Colombia.


Autor

Comunicador Social – Periodista especializado en Estudios Políticos nacido en Medellín, Colombia, donde fue corresponsal para la Revista Semana. También trabajó como editor de los portales VerdadAbierta.com y Pacifista.co. Fue, además, Jefe de Comunicaciones y Prensa del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Museo de la Memoria Histórica de Colombia. También ha sido docente de periodismo en varias universidades de Medellín y Bogotá. Actualmente es editor en CONNECTAS.
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