Un conveniente paso atrás ha dado la Ministra de Información y Tecnologías de la Comunicación, Karen Abudinen, al solicitar una reunión extraordinaria de la Junta Administradora del canal de televisión regional del Caribe en lo concerniente a la elección de la gerente Mabel Moscote. Retranqueo conveniente de la Ministra ante la avalancha mediática de denuncias sobre las verdaderas condiciones de aptitud de los soportes de hoja de vida presentados por la elegida, reafirmadas como aptas, con trato coloquial de la ministra en primera persona (“Mabel tiene todas las condiciones”, dijo) en una entrevista realizada a través de una emisora bogotana.
Allí indicó que a la funcionaria se le había revisado su hoja de vida y que cumplía con todas las condiciones exigidas para las competencias del cargo.
No fue así.
Rebobinando la película
El esquema de elección de gerente de Telecaribe se encuentra diseñado desde una perspectiva de control político y no del desarrollo de un proyecto cultural de integración regional. Los gobernadores de la región Caribe continental, los rectores de las universidades del Magdalena y Cartagena y dos alcaldes son los electores y constituyen la médula de la llamada Junta Administradora que tiene algunas curiosas reglas de juego, pues los integrantes se rotan por turnos escrupulosos el control de la gerencia a través de un recomendado suyo.
El anterior gerente, Juan Manuel Buelvas, cartagenero, es un personaje de segundo nivel en el negocio de la realización audiovisual sin ningún logro significativo histórico al respecto, conocido en Barranquilla por sus labores de asistencia al periodista y escritor Heriberto Fiorillo en sus diversos proyectos, soportado en el último periodo de gobernadores (2016-2019), por Dumek Turbay, de Bolívar. Buelvas se dedicó a hacer lo que conoce, asistencia en producciones de series y una programación calcada de las parrillas internacionales con un adobo criollo con el propósito –equivocado, por cierto- de “colar” a Telecaribe como productora y surtidora de contenidos para canales internacionales.
Para tal fin destinó presupuestos contratando equipos –lo que él sabe- del interior de Colombia, dejando pedazos del ponqué al talento regional u otorgando contratos a un combo de productores “amigos”, tal es el caso de las hermanas Morales. Lo cierto es que Buelvas pretendía seguir en el cargo, pero al percatarse que carecía de los apoyos políticos para lograr la ratificación, pasó carta de renuncia ante la Junta Administradora el 27 de enero de 2020, con estas enaltecedoras palabras: “Termina una etapa en mi vida profesional. Hoy presenté ante la junta del Canal Telecaribe, renuncia a mi cargo como gerente. Solo tengo palabras de gratitud para todos los que contribuyeron a este proceso. Lo dejamos en el mejor lugar. Gracias !!!”.
No es cierto que lo dejó en un mejor lugar, o sí; ateniéndonos que le tocó la mudada de la incómoda sede de la carrera 53 al nuevo y deteriorado edificio al lado de la Universidad del Atlántico. Pero mejor lugar en rating, no. Y si el rating no es criterio valido para medir a un canal educativo y cultural –lo que debería ser en teoría-, menos.
Contrario sensu: la percepción es que dejó el canal muy mal parado en diversas áreas que no vienen al caso enunciarlas. La lacónica despedida la dio el presidente del Sindicato de Trabajadores del Canal, Marco Vengoechea: “Se acabó la dictadura en Telecaribe, había una persecución sindical, un desplazamiento a los trabajadores por más de 25 años laborando en el canal. Y ahora el canal debe volver a como era antes, el más importante en Colombia y debe demostrar más nuestras culturas, deportes entre otras cosas”. Posición diferente a la de la permisiva Junta Administradora –la misma que le hizo soporte y ningún control a Buelvas, al exaltar sus “méritos” en el ejercicio del cargo.
La Junta Administradora se reúne, tras la “renuncia”, con el objeto de encargar un gerente y preparar en 3 meses la convocatoria de aspirantes para la elección de ese cargo directivo. Allí la Junta nombra al delegado del gobernador de Córdoba en la sesión, el abogado Hernando De la Espriella Burgos por un lapso de tres meses para apoyar logísticamente el proceso de convocatoria y el manejo interino del canal.
Pero el gerente encargado decidió dar un salto cuántico sin mayor rigor de ética administrativa cuando decidió, bajo el imperio de su voluntad, entrar de concursante, quizás convencido que el turno le tocaría a la gobernación de Córdoba y él, que conocía la Junta Administradora desde sus entrañas por su condición de miembro deliberante, podría convertirse mediante pactos y acuerdos políticos, en el nuevo gerente. Por alguna extraña causa, De la Espriella renuncia a la gerencia del canal y a la postulación, apareciendo una nueva gerente interina, Diana Acosta conocida por su participación la Alcaldía en diversas funciones administrativas, con el objetivo del manejo provisional del canal.
Según el portal Cambio 24, el 24 de julio de 2020, los “Char se encuentran nuevamente al control de Telecaribe, Mintic su mejor carta”, agregando allí que Acosta en “su primer día, se gastó $3.5 mil millones a dedo”. Sin embargo, consultando las páginas de contratación del canal regional, no aparece ninguna información al respecto con la cifra aludida. Total, que con el embolate formado por la irregular elección de la gerente Moscote, uno de los hipotéticos escenarios posibles es una nueva elección, en un proceso de por lo menos dos meses de duración así que Acosta seguirá en la gerencia del canal por lo menos hasta el mes de septiembre u octubre.
Una cuestionada hoja de vida
El problema de las certificaciones sin soporte presentadas por la gerente elegida Moscote, es que dan puntaje de elegibilidad y presentan competencias específicas en el manejo de producción y dirección de empresas audiovisuales, situación y oficios de las que carece la cuestionada gerente cuya profesión es la abogacía. En otras palabras, no presentó una hoja de vida con los debidos soportes, sino certificaciones que no corresponden, cuando se confrontan, a la realidad de los que reflejan los reportes oficiales en seguridad social y aportes pensionales. Nada menos.
A ello se suman otras circunstancias nada claras sobre los procedimientos administrativos de la abogada Moscote. El 31 de mayo 2016 la Procuraduría le abrió pliego de cargos junto a Mónica Mendoza, funcionarias del tránsito departamental. El 10 de agosto de 2020, la emisora bogotana La W, en un reportaje de Kathledys Maestre, indicó que “Moscote tiene cinco procesos disciplinarios abiertos que se han originado a lo largo de su carrera pública”. A continuación los enumeran:
El primero de ellos tiene número de radicación E-2015-83915, ante la procuraduría Regional del Atlántico, referente al ejercicio ilegal de la ingeniería y encubrimiento del ejercicio ilegal de la profesión licitación pública No. 01-de 2015 del Instituto Departamental de Transporte y Tránsito de Atlántico.
El segundo, con radicado E-2017-507529, tiene que ver con la queja que presentó el Doctor José Fabián Castañeda Álvarez contra el secretario departamental de Transporte y Tránsito del Atlántico, y la entonces directora de la Oficina Jurídica, Mabel Moscote Moscote, por presunto incumplimiento de sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada a favor de Sixta Tulia Osorio y Brayan Reyes Osorio.
El tercero, corresponde a la queja emitida por la Procuraduría 49 Judicial II Penal de Barranquilla, con radicación E-2018-251718, por la adquisición de un bus para servicios de tránsito en carrocerías El Sol por un valor de $400.000.000 y que fueron ingresados al presupuesto con un valor de $99.920.000.
El cuarto, la Procuraduría 355 Judicial II Penal, con radicación E-2018-300400, también remitió una queja contra la entonces Jefe Jurídica del Tránsito Departamental, Mabel Moscote Moscote, por producir un acto administrativo extemporáneo, ocultamiento de pruebas, prevaricato por acción, entre otras.
Quinto, la Procuraduría Regional del Atlántico remitió una queja, con radicación E-2018-312015, contra Mabel Moscote Moscote, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica del Tránsito Departamental, por producir un acto administrativo extemporáneo, prevaricato por acción y omisión en caso del vehículo placas EAY-10.
Finalmente la emisora agregó, de fresa sobre la crema, que Mabel Moscote tiene también por lo menos cinco demandas judiciales en diferentes juzgados del distrito de Barranquilla.
A esta hoja de vida se anexa la reciente indagación preliminar de la Procuraduría General de la Nación el 10 de agosto de 2020 a la gerente del canal Telecaribe por “presunta falsedad ideológica en documentos que la acreditaron para asumir el cargo”.
La comunicación indica que “La Procuraduría Regional del Atlántico busca establecer si la indagada presentó supuestas certificaciones ilegitimas expedidas por tres empresas privadas, que al parecer la avalaron como directora de medios de comunicación, recursos humanos, y asesora en temas de contenido audiovisual, para aparentemente cumplir con los requisitos exigidos en los estatutos del canal: “experiencia, competencias, habilidades y conocimiento en el sector de la televisión, más específicamente en la producción de contenidos de televisión”.
Allí es donde aparece el susto colectivo de los miembros de la Junta Administradora del Canal regional y de la accidentada Junta Accidental, pues a esa indagación de la procuraduría se vinculó también a los miembros de esas dos juntas con el propósito –ciertamente difuso- de establecer si en realidad verificaron la documentación aportada por Moscote o que pasaron por alto el hecho convencidos que dentro de los pactos políticos todo se encontraba “normal”, que en lenguaje sencillo significa exactamente lo contrario: anormalidades e irregularidades con una actuación administrativa laxa, omisiva y sin mayor rigor de transparencia.
La Ministra Abudinen se traga sus palabras
Ante la andanada de señalamientos, críticas al proceso, tutelas, denuncias, aperturas de indagaciones imposibles de ocultar y que tienen evidentes consecuencias jurídicas y disciplinarias para los implicados, la Ministra Karen Abudinen envía dos comunicaciones en la segunda semana de agosto. Una para María Cecilia Londoño, asesora Viceministro de Conectividad –destinataria curiosa en los rangos y jerarquías del Ministerio- en donde le solicita “un informe detallado, con los respectivos soportes documentales, de las actuaciones desplegadas durante su participación en la Junta Administradora Regional de Telecaribe y su Comisión Accidental, particularmente frente al proceso de convocatoria No. 003 de 2020 para proveer el cargo de gerente general de Telecaribe”, dando plazo perentorio de 48 horas.
Solicito al presidente de la junta del @CanalTelecaribe que convoque de manera inmediata una Junta extraordinaria para revisar desde el ámbito jurídico y administrativo cada una de las actuaciones adelantadas frente a esa situación. pic.twitter.com/oUngVWJomv
— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2020
Frente a la Convocatoria de la elección del Gerente del @CanalTelecaribe y los presuntos señalamientos en contra de la gerente electa, en el ejercicio de mis deberes y funciones, presenté solicitudes a las distintas instancias para esclarecer los hechos objeto de denuncia.
— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2020
Otra comunicación, dirigida a Diana Acosta gerente interina del Canal Telecaribe, le solicita que reúna de forma extraordinaria a la Junta Administradora para abordar; con lupa, ahora sí, la idoneidad y veracidad de la hoja de vida de la gerente elegida –pero no posesionada- Moscote y tomar las correspondientes decisiones. En un trino en Twitter, la Ministra Abudinem dice: “Frente a la convocatoria de la elección del gerente del canal Telecaribe y los presuntos señalamientos en contra de la gerente electa, en el ejercicio de mis deberes y funciones, presenté solicitudes a distintas instancias para esclarecer los hechos objetos de la denuncia”.
El gobernador de la Guajira, Nemesio Roys Camacho, que funge como presidente de la Junta Administradora y Accidental, funcionario que en un derecho de petición presentado por uno de los concursantes requiriendo que le mostrase las actas evaluadoras de calificación de las hojas de vida, le respondió orondo que no existían. Eso dijo un servidor público de la rama administrativa sin sonrojarse siquiera. Pues bien, Roys, que debe estar advertido por sus asesores jurídicos a lo que se expone con su presidencia en este accidentado e irregular proceso de escogencia del nuevo gerente, presto ante las directrices presentadas por la Ministra Abudinem en sus cartas y trinos, respondió en twitter: “Completamente de acuerdo con la Ministra TIC Karen Abudinem para que Canal Telecaribe cite a junta con presencia de los gobernadores. De inmediato he solicitado a la gerencia encargada proceder con la citación”.
Ni más faltaba que hubiese salido con el parto de los montes que se encontraba en desacuerdo o tenía discrepancias de forma o fondo sobre las exigencias de la ministra. Se encuentra seriamente cuestionado en su papel de presidente de las Juntas, omisivo, permisivo, laxo en las funciones encomendadas.
Sra. Ministra, le pedimos muy respetuosamente que se haga justicia y que retome la meritocracia en la elección a gerente de Telecaribe, haga historia en el canal y acabe con la politequeria. Para nadie es un secreto que la elegida a dedo, no cumple con la experiencia en tv.
— Valen Niño01 (@VNino01) August 13, 2020
Describamos los escenarios posibles de este sainete criollo. La Junta le pide explicaciones a la gerente Moscote sobre diversos vacíos e irregularidades en su hoja de vida, tales como las incongruencias que en las áreas de televisión y comunicación no se encuentren registrados los aportes pensionales y a la seguridad social tal como lo determina la legislación laboral. Así que la Junta debe solicitar a las empresas certificantes que les presenten los contratos, secuencia de pagos y cuál las circunstancias para que evadieran pagos obligatorios. Es preciso recordar, además, que en caso de carencia de contrato escrito de servicios –condición sine qua non para su existencia formal legal describiendo el objeto del servicio u obra- o laboral verbal, se convierte en contrato laboral indefinido según ley y jurisprudencia. Debe este contrato, en consecuencia, cumplir las reglamentaciones de pagos y aportes a seguridad social y pensional, so pena de exponerse a sanciones e incluso, encuadrarse en el tipo penal de “Falsedad ideológica en documento privado” con las implicaciones en tal sentido por parte del CTI de la Fiscalía.
El descrito es un escenario de constataciones si los decires presentados en la hoja de vida de la abogada Moscote corresponden a una realidad no explicada en sus correspondientes detalles y son en consecuencia subsanables. Mientras ello sucede y haya dudas sobre estas certificaciones, se le debe retirar el puntaje otorgado y en consecuencia; lo accesorio sigue la suerte de lo principal, “congelar” –como ya de hecho se encuentra- su posesión en firme en la gerencia.
Siguen los escenarios posibles e hipotéticos. La abogada Moscote no se encuentra en capacidad de soportar sus certificaciones y ante el cariz de los acontecimientos –que ya tiene en la mira a la procuraduría, fiscalía y jueces de tutelas- opta, ante recomendaciones de la Junta Administradora, por una digna renuncia de su elección aduciendo dejar en libertad a la Junta para que su nombramiento no sea óbice de presión ni circunstancia extrema que impida el desarrollo administrativo del canal. Ante ese previsible hecho, se iniciaría nuevamente el proceso de escogencia de gerente en algunas de sus instancias. Mientras tanto, sigue en el turno al bate la gerente interina Diana Acosta.
