Solo cuatro meses pasaron para que la Contraloría General de la República cambiara de parecer sobre los responsables del desfalco patrimonial perpetrado con el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar).
La semana pasada la entidad dio una llamativa reculada frente a Reficar al considerar que «con base en un informe técnico, el atraso en la entrada en funcionamiento de la refinería no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales, sino en “un flujo adverso en la operación del activo”».
Y con fundamento es esta conclusión, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la entidad ordenó el archivo del proceso de responsabilidad fiscal a favor de 12 personas naturales y jurídicas, por los hechos relacionados con un presunto lucro cesante por la entrada tardía en la operación de la Refinería de Cartagena.
Paola recuerda lo que la sra cabello blanco dijo sobre el caso reficar “se actuó de buena fe” así que no es de extrañarse que cosas como están sucedan, y algo más favor de paga con favor😡😡😡😡
— KAAZ & JAAZ (@AhumadaAriza) February 1, 2022
Es decir, la entidad encargada de evitar el despilfarro y robo de dineros públicos en el país, la misma que en octubre había decidido en segunda instancia dictaminar un fallo de responsabilidad fiscal por $2,9 billones de pesos por el daño producido a los intereses patrimoniales del Estado derivado de las decisiones sobre el manejo de los recursos públicos que conllevaron a la pérdida de valor de las mayores inversiones en el Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Cartagena, y sancionar a 16 personas, entre directivos, miembros de la junta directiva y contratistas, que debían responder fiscalmente por este caso, ahora resultó eximiendo a esas mismas personas apenas hace 4 meses enjuiciadas.
En cuatro meses los funcionarios de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción desbarataron un proceso jurídico que venía siendo investigado desde hace al menos 5 años y cuyo veredicto final en segunda instancia había sido emitido por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR tras concluir que existió un daño al patrimonio público, así como el nexo de causalidad entre el comportamiento de los declarados responsables fiscales y el daño ocasionado al erario.
En este reversazo la Contraloría argumentó que «La decisión está motivada en que, con las pruebas obrantes en el proceso, no se acreditó de manera objetiva la lesión al patrimonio público conforme lo establece la Ley para proferir imputación con responsabilidad fiscal».
Y como para terminar de rematar, el organismo de control fiscal se contradice al señalar que no hubo lucro cesante.
«En el informe técnico practicado dentro del trámite de este proceso se tuvo en cuenta que un posible lucro cesante única y exclusivamente existiría por el perjuicio causado por el no ingreso al patrimonio de las utilidades que razonablemente se esperaban obtener de la actividad económica, que para este caso eran las esperadas para el período de retraso causado por la entrada tardía en operación de la Refinaría de Cartagena», señala el fallo absolutorio.
Y adujo que «El atraso en la puesta en operación no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales, sino en un “un flujo adverso en la operación del activo”, esto es un resultado económico cesante negativo que no se compensa con lo de los años siguientes precisamente porque no ocurrió. Se sobrentiende que algo que no ocurre no se puede compensar».
Sin el delito de lucro cesante, la entidad decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal contra:
- CBI AMERICAS LTD.
- CB&I UK LIMITED
- CBI Colombiana S.A.
- FOSTER WHEELER USA CORPORATION
- PROCESS CONSULTANTS INC.
- FELIPE CASTILLA CANALES. En calidad de Vicepresidente Financiero y Administrativo de REFICAR para la época de los hechos investigados.
- CARLOS EDUARDO BUSTILLO LACAYO. En calidad de Vicepresidente de Proyecto y Asesor de la Vicepresidencia de Proyecto de REFICAR para la época de los hechos.
- ANDRÉS VIRGILIO RIERA BURELLI. Ciudadano venezolano, Vicepresidente de Proyectos de REFICAR para la época de los hechos.
- REYES REINOSO YANES. Ciudadano venezolano, en calidad de Presidente y Representante Legal de REFICAR para la época de los hechos.
- ORLANDO JOSÉ CABRALES MARTÍNEZ. En calidad de Presidente y Representante Legal de REFICAR para la época de los hechos.
- MAGDA NANCY MANOSALVA CELY. En calidad de Vicepresidente Financiera y Administrativa para la época de los hechos.
- MAGDA NANCY MANOSALVA CELY. En calidad de Vicepresidente Financiera y Administrativa para la época de los hechos.
- CÉSAR LUIS BARCO GARCÍA. En calidad de Director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol S.A. (Antes Director de Gestión de Proyectos – DPY) y miembro de la Junta Directiva de REFICAR para la época de los hechos.
De igual manera, se ordenó la desvinculación de las siguientes compañías aseguradoras:
- Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. CONFIANZA.
- LIBERTY SEGUROS S.A. en Coaseguro: Confianza S.A. en un 80.70% y Liberty Seguros S.A., con un 19,30%.
- CHUBB DE COLOMBIA Compañía de Seguros S.A.
- SEGUROS COLPATRIA S.A. (HOY AXA COLPATRIA SEGUROS S.A)
- MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
Se trata de las mismas personas a las que la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la CGR declaró como responsables fiscales por el daño ocasionado al erario en octubre pasado.
«Se dieron gastos que no tuvieron relación con el proyecto, hubo baja
productividad de la mano de obra directa, mayores gastos en contratación de
personal y demoras en las actividades propias del proyecto causadas por
acciones y omisiones, por parte de la junta directiva, el contratista y el supervisor del proyecto», había dicho la Contraloría en su momento.
El caso Reficar se remonta a diciembre de 2016 cuando la Contraloría, tras realizar una Actuación Especial sobre el proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena, estableció un presunto daño fiscal de USD$2.879 millones de dólares, equivalentes a $8.5 billones de pesos.
En esa ocasión el entonces contralor Edgardo Maya dijo que se trataba de 36 hallazgos fiscales que totalizan esta escandalosa suma de dinero.
La Actuación Especial fue adelantada por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, a través de un equipo de alto nivel conformado por 28 experimentados auditores (15 de esta dependencia y 13 de otras Delegadas), siendo la primera vez que una actuación de la Contraloría demanda un número así de grande de funcionarios para adelantar labores de control.
La CGR revisó 177 subcontratos y encontró que de los US$2.879 millones de hallazgos fiscales, unos USD$943 millones (32%) corresponden a posibles irregularidades en contratación.
En cuanto al lucro cesante del que se hablaba entonces, la Contraloría consideró que hubo falta de planeación por parte de CB&I como experto en la construcción de plantas de refinación, para la elaboración de la ingeniería (diseños), la adquisición de bienes y la construcción.
Esta situación hizo que no ingresaran recursos al patrimonio del Estado en cabeza de Reficar, por valor de USD$1.936 millones de dólares.
Cinco años después, resulta que la misma entidad, pero a través de una dependencia diferente, que lleva el ostentoso nombre de Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, -suena a chiste- decide que el daño patrimonial nunca existió y que jamás hubo corrupción alguna en lo que se ha considerado el peor saqueo a las arcas públicas en Colombia.
Y si esto ocurre con Reficar, no habrá que esperar mucho de este supuesto organismo fiscalizador para proteger los dineros públicos que se roban de a pequeñas cantidades.
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