La organización Dignidad Agropecuaria denunció que los ganaderos afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan), están siendo obligados a respaldar la candidatura de la actual senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal so pena de no recibir la asistencia técnica y sanitaria a que tienen derecho a través de la entidad, y que se costea con recursos del Estado.
En una misiva que hicieron llegar al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea y al contralor general, Felipe Córdoba, exigieron adelantar una investigación de control administrativo contra Fedegan por el claro delito de constreñimiento electoral.
La alerta la puso la Contraloría ya que en sus facultades constitucionales de control de los recursos públicos en tiempo real, otorgadas recientemente por el legislativo, encontró que a principios de abril, cerca del 90 % de los fondos de la Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, destinados para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia, se estaban concentrando en manos de beneficiarios que los estarían utilizando en actividades no productivas.
En la petición que hace esta entidad gremial, se denuncia que «desde hace más de 20 días, en varias sedes de organizaciones de ganaderos, se hicieron llamados por parte de funcionarios de Fedegan a que debían respaldar a María Fernanda Cabal».
En esta alerta de la organización ganadera, se explica que a los funcionarios se les está pidiendo una cuota de números de votos que deberían conseguir a favor de la esposa del presidente de Fedegan, José Félix Lafourie. «Los están chantajeando con que, si no lo hacen nos les darán o renovarán el manejo del ciclo de vacunación de fiebre aftosa».
Solicitamos desde @Dignidad_Agro y por medio de nuestro representante legal se adelante investigación de control administrativo hacia FEDEGAN. pic.twitter.com/kSFmOGrq9V
— Dignidad Ganadera (@Dig_Ganadera) February 3, 2022
La denuncia se da, justo unos días después de que salieran a la luz pública las declaraciones que entregó ante JEP el exgobernador de Códoba Benito Osorio, condenado por paramilitarismo, quien aseguró que Lafourie se reunió al menos en dos ocasiones en el año 2005 con el comandante paramilitar Salvatore Mancuso para que financiara la campaña de Mario Iguarán para ser elegido como fiscal general de la Nación.
A cambio de ese apoyo, según su testimonio, Iguarán nombró en un alto cargo del ente investigador a la esposa de Lafourie, la actual senadora María Fernanda Cabal.
Lafourie es desde hace más de 15 años el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, un gremio que Osorio conoce desde sus entrañas, pues en 2015 fue condenado a 19 años por la alianza que pactó el Fondo Ganadero de Córdoba, bajo su dirección, con los paramilitares para despojar tierras de campesinos en esa región del norte de Colombia.
Se acercó a la cúpula paramilitar al punto de ser testaferro de Mancuso, y en 2008 fue brevemente gobernador encargado durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
Tanto Benito Osorio como Salvatore Mancuso ya habían mencionado el supuesto encuentro con Lafourie ante los tribunales de Justicia y Paz, surgidos de la desmovilización de los paramilitares en el Gobierno Uribe.
Ahora, tras estas declaraciones, se revela esta presión que estarían ejerciendo sobe los ganaderos adscritos a Fedegan.
En el documento de Dignidad Agropecuaria, firmado por Oscar Gutiérrez Reyes, presidente ejecutivo, señala que para todas las organizaciones de ganaderos es fundamental el apoyo de Fedegan para su sobrevivencia. Por eso lanzaron la alerta de compras de votos, que realizaron al Gobierno nacional.
«Esta presión sobre los ganaderos y sus organizaciones sucede en varios sitios del país. Parece que responde a una orden nacional dada a los funcionarios de Fedegan, para que presionen la votación a favor de Cabal», dice un apartado del documento.
Cabal aspira a reelegirse al Congreso de la República como candidata por la lista del Centro Democrático.
Según la denuncia, se les imponen cuotas y en caso de no alcanzarlas no les entregarían los medicamentos necesarios para el ganado, lo cual afectaría gravemente las finanzas de los campesinos, dado que hay fuertes restricciones para el ganado no vacunado.
Y agregan que «Esta campaña, además, está acompañada de indebidas presiones a los Organizaciones Ejecutoras Ganaderas, (Oegas)».
Dignidad Agropecuaria aseguró que este tipo de presiones, que podrían tipificarse como constreñimiento al elector, deben ser investigadas de manera urgente y sancionadas por las entidades correspondientes pues están poniendo en riesgo el derecho fundamental al voto.
Y añade que a los centros de las organizaciones ganaderas «están llegando con propaganda de la candidata a exigir que se pegue en las sedes de las organizaciones».
Por último, señala Dignidad Agropecuaria que «detrás de toda esta política está la amenaza, velada o de frente, de que, si no apoyan la política de Fedegan serán objeto de la pérdida de los contratos de vacunación con la fiebre aftosa».
Es preciso recordar que en septiembre de 2018, la Fiscalía General de la Nación decidió enviar a la cárcel La Modelo a John Rafael Garzón y Julián Alberto Gutiérrez, funcionarios públicos, que habrían pedido votos para la campaña de la senadora María Fernanda Cabal en las elecciones de Congreso para el periodo 2018 -2022.
La Fiscalía General indicó que los dos funcionarios de la Secretaría de Integración Social obligaban a funcionarios a llenar planillas para votar por María Fernanda Cabal ofreciéndoles dinero.
En su mismo documento, Dignidad Agropecuaria, se le hace un llamado a las autoridades nacionales para que se adelante una investigación de control sobre los recursos que, por contrato con la nación, maneja Fedegan a través del Fondo Nacional de Ganado.
Como suele ocurrir, los entes de control ya anunciaron “exhaustivas” investigaciones de los hechos denunciados.
