La Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena revocó la sentencia absolutoria del 21 de abril del 2021 proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena, y en su defecto condenó al actual concejal César Augusto Pión González y al exconcejal Américo Elías Mendoza Quessep a 48 meses de prisión domiciliaria y multa equivalente a 66.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses.
A los condenados se les halló culpables como coautores de prevaricato por acción.
Los hechos tienen que ver con las 35 resoluciones que emitieron el 8 de marzo del 2012 Pión González y Mendoza, siendo presidente adhoc del Concejo Distrital de Cartagena y segundo vicepresidente respectivamente, de dicha corporación, en las cuales reconocieron y ordenaron pagar a concejales y exconcejales del Distrito la suma aproximada de $7.200 millones de pesos por concepto del reajuste a los honorarios por las sesiones del período corrido del 2001 al 2009.
Las resoluciones no contaron con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que legitimara esa apropiación en contravención a los dispuesto en el artículo 71 del decreto 111 de 1996. De igual forma la orden de pago dirigida al tesoro del Distrito impactó en el presupuesto con vigencia del 2012, pues el gasto no estaba incluido.
En virtud de los hechos a solicitud de la Fiscalía, el 10 de abril de 2014 ante el Juzgado Doce Penal municipal de Cartagena se llevó a cabo la audiencia de imputación en contra de Mendoza Quessep y Pión González por los delitos de prevaricato por acción.
Luego de un largo proceso judicial, el 28 de abril del 2021, un fallo de primera instancia absolvió al par de concejales. La decisión fue apelada por la Fiscalía, y finalmente el Tribunal revocó el resuelve de primera instancia.
La ausencia de disponibilidad presupuestal previa la advirtió el director financiero del presupuesto distrital de Cartagena quien en certificado del 6 de agosto del 2012 evidenció que: «En el presupuesto aprobado para el 2012 mediante el decreto 1650 del 28 de diciembre del 2011, no hay apropiación presupuestal para cancelar el reajuste de los concejales y exconcejales de Cartagena», y agregó que en esa oficina «no reposa solicitud alguna que sirva de constancia de la petición realizada por el cabildo distrital para conseguir las partidas presupuestales con la finalidad de hacer dichos pagos y tampoco se han autorizado los pagos a ese objeto de gasto».
Contra el dictamen del Tribunal solo cabe el recurso de casación.
Otras jugarretas de Mendoza
Vale recordar que en el caso del exconcejal Mendoza, no es la primera vez que se ve involucrado en hechos de corrupción.
A finales de 2016, el concejal fue uno de los 11 cabildantes capturados por la Fiscalía, acusados de armar un entramado de corrupción para comprar la elección de la contralora Distrital, Nubia Fontalvo, con el objetivo de que estuviera al servicio del alcalde de la época Manuel Vicente Duque.
Es decir, que el órgano de control, responsable de fiscalizar al Distrito, estuviera al servicio y en sumisión ante este.
En esa oportunidad fueron procesados Jorge Useche, Duvinia Torres Cohen, María Angélica Hodeg Durango, Javier Wadi Curi Osorio, Américo Elías Mendoza Quessep, Antonio Salím Guerra Torres, Edgar Elías Mendoza Saleme, William Alexander Pérez Montes, Erich Nijinsky Piña Feliz, Zaith Carmelo Adechine Carrillo, Ronald José Fortich Rodelo, y David Manuel Dager Lequerica.
Para lograr que Fontalvo llegara a la Contraloría Distrital, desde el Palacio de la Aduana se dispuso de recursos públicos para el pago de coimas a los concejales que votarían la elección de la contralora.
Pero al final los procesos fueron engavetados y los imputados quedaron en libertad por vencimiento de términos. Este es uno de los típicos casos en que la corrupción judicial protege la corrupción administrativa y política de una ciudad.
Luego, el 30 de enero del 2018, por orden de la Fiscalía de Bolívar, fueron capturados: Olga Lucia Pérez Gutiérrez (representante legal de la fundación Prociencia y cuñada del concejal Mendoza), Flor Elena Pérez Gutiérrez (Tesorera de la fundación y esposa del exconcejal Américo Elías Mendoza Quessep), Patricia Del Carmen Arnedo Pombo (representante Legal de la fundación en 2015), Iván Camilo Mendoza Pérez (hijo del concejal) y María Camila Mendoza Pérez (hija del concejal tesorera de la fundación y proveedor).
Estas personas fueron procesadas por delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Fueron acusadas de cometer irregularidades en la ejecución del contrato de aporte No. 1333 de diciembre 30 de 2014 por valor de $7.818.524.064 suscrito entre el ICBF y la Fundación Prociencia.
A través de este contrato se pretendía garantizar la atención integral a 3.744 beneficiarios entre niños y niñas de cero a cinco años y madres gestantes y lactantes en 10 municipios del departamento de Bolívar, en la vigencia de 2015.
«Tras las labores desplegadas por el equipo de policía judicial, se pudo develar, a través de peritajes contables e inspecciones a lugar, la presunta apropiación de recursos de dicho contrato en cuantía aproximada de mil quinientos millones seiscientos de pesos ($1.500.000.000), mediante el cobro al ICBF de refrigerios y complementos nutricionales que al parecer no fueron entregados, además de presuntos sobrecostos en la alimentación, pagos de arriendo y de otros conceptos no autorizados en el contrato y falsedades de facturas, entre otras irregularidades», informó la Fiscalía.
Así mismo, la investigación reveló que para la apropiación de los recursos, fueron creadas a nombre de los hijos de Mendoza, tres empresas proveedoras de fachada que funcionaban en el mismo lugar de la residencia de la tesorera, para vender con presuntos sobrecostos y mediante la falsificación de facturas refrigerios y complementos nutricionales a la fundación que posteriormente fueran cobrados al ICBF.
En la decisión de primera instancia en 2016, el Juez de Control de Garantías de Cartagena, acogió los argumentos del abogado defensor Inocencio Meléndez, que sustentó que los recursos del ICBF no eran dineros públicos, por lo que negó las medidas de aseguramiento solicitadas por la Fiscalía, correspondiente a detención preventiva en centro carcelario.
En 2018, fueron nuevamente capturados y en el 2019 dejados en libertad.
Como quien dice, el que es corrupto repite.
