La carta se encuentra fechada el 31 de agosto de 2020 y tiene como destinataria la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Su contenido es una denuncia, la punta de un iceberg, por cierto, de corrupción administrativa, cohecho, violación del régimen de inhabilidades, ética administrativa de miembros del Consejo Superior de esa institución educativa que en la actualidad, disminuido por la misma inercia y negligencia de sus “manejadores”, se encuentra constituido por solo 6 convenientes miembros. Caso sui generis en Colombia, por cierto.

La carta a la gobernadora de encuentra firmada por dos estudiantes, German Calvo de derecho y Karina Libreros de licenciatura en idiomas y derecho, y previene o alerta sobre una conspiración, un entramado para apoderarse por medios fraudulentos de la representación estudiantil en el Consejo Superior.

Señalan que José Henao Gil, rector encargado de la universidad, nombró con resolución rectoral como Vicerrector de Docencia encargado a Danilo Hernández, director del Departamento de extensión y proyección social de la universidad, que es a su vez miembro en representación de las directivas académicas en el Consejo Superior y tiene la condición de presidente del Comité electoral junto con el rector Henao.

La verdadera historia se inicia hace año y medio cuando José Henao llega desde la rectoría del colegio Humboldt a la decanatura de educación de la universidad con el visto bueno de Danilo Hernández, que en sus aspiraciones a la reelección en el Consejo Superior fue apoyado por el ahora decano Henao y por supuesto, nuevamente llegó al Consejo Superior y ese mismo ente, cuando quitan aparatosamente al también rector encargado Jorge Restrepo;  Danilo Hernández vota por el actual rector encargado Henao. Favor puesto, favor pago, en otras palabras. Quid pro quo.  

A los cuatro días de posesionado, el rector Henao nombra Vicerrector de Docencia –aquí va el pago- a Hernández que asume el encargo con el reto de preparar las elecciones para elegir consejero superior estudiantil y que también intervino en la modificación del estatuto de la universidad para preparar el montaje, por asuntos de la pandemia; no antes, una elección virtual vía redes, del representante estudiantil estableciendo –recuerden que es el presidente del Comité electoral- el respectivo cronograma de actividades.

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Una especie de lenta y laboriosa urdimbre que en apariencias pretende resolver la omisión y negligencia de carecer el Consejo Superior de una universidad pública –no se conoce caso igual en Colombia, ni siquiera en las privadas- sin un representante del sector estudiantil.

Pero allí aparece la jugada maestra, la carta marcada, el as bajo la manga pues se inscribe como candidato a la representación estudiantil Guillermo Enrique González González que fue subalterno –y amigo- del Vicerrector encargado de docencia Hernández en su función de director de la Departamento de Proyección Social y Extensión, tal como lo demuestra un contrato firmado el 14 de mayo de 2019 entre la rectora encargada Mary Luz Stevenson y el candidato González, prestando servicios personales al departamento de extensión y proyección social en “los procesos de educación inclusiva en instituciones educativas focalizadas”; lindo y pretencioso nombre que representa el pago de ocho millones y la adherencia total de González al ahora presidente del comité electoral de la universidad, consejero y director de esa misma dependencia en donde prestó “servicios”.

Danilo Hernández es caso curioso de apetito desmedido por el control de la universidad azuzado por sus jefes políticos que encuentran en él –como sucedió con el desatinado Prasca– el cuadro perfecto para la causa. Acumula un envidiable palmarés que en una universidad manejada con otros criterios lo situaría en el rol de un dedicado sabio: consejero superior de los académicos, vicerrector de docencia, director del departamento de proyección social y extensión (¡Increíble tantos cargos juntos!) al que se le suma (¿¡otro!?) el de presidente del comité electoral en donde ha debido declararse impedido dadas sus relaciones amistosas y de subalterno con el pretendiente candidato por los estudiantes González.

Sin embargo; ni más faltaba tanta delicadeza, no lo hizo, produciendo todo tipo de suspicacias sobre la transparencia del proceso de escogencia del representante de los estudiantes, aunado a denuncias sobre la posible idoneidad e imparcialidad de la firma Enterprise Bussines Solutions que desarrollará la plataforma digital de votación.

 Si la estrategia de corrupción da los resultados esperados y Gonzélez llega a la representación estudiantil en el Consejo Superior, sería una conveniente ficha, un seguro voto controlado, un aliado, un subalterno político, dado que Danilo Hernández, que no esconde públicamente sus ansias desmesuradas de poder, aspira convertirse en rector de la universidad.

Con este proceso viciado, el grupo político que controla la universidad pretende, fiel a su estilo, lograr una hegemonía absoluta en el Consejo Superior que le permitiría dar falsos resultados de consenso, cooptando con estas estratagemas las vías democráticas, promoviendo con estos cierres la irrupción de la violencia interna ante la sustracción de canales de dialogo civilizado, evitando que las deliberaciones del Consejo Superior lleguen a la masa estudiantil, permanezcan en conveniente “secreto” evitando los debates cuestionadores o los apruebe tal como se encuentran diseñados estos mecanismos de participación en las decisiones al interior de las estructuras universitarias.

Por supuesto que no les interesa este modelo pues solo perciben la universidad como un botín de contratos, reparto de posiciones y fuente segura de votos, contaminando con su proceder a profesores y estudiantes con prebendas, viajes, canonjías, promoviendo el afianzamiento de un modelo clientelista que en vez de tener a la universidad del Atlántico entre las cuatro primeras universidades públicas, la encuentra ubicada en el puesto 30 con fuertes posibilidades de seguir en descenso, pues la corrupción rampante que se cocina en su interior no augura la búsqueda de la ciencia, tecnología, humanidades y cultura, sino la consolidación de la rapiña burocrática política a través de la violación del régimen de inhabilidades, concentración de poder, ausencia de canales democráticos, la entronización de la mediocre puerta giratoria y el juego clientelista de pagos, recompensas y dividendos con la anuencia –por acción u omisión- de las autoridades departamentales y nacionales.

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