Hace pocos días, un juez de la República condenó a cuatro y cinco años de cárcel a cuatro exfuncionarios en el municipio de Albania (La Guajira) por usar dinero del sistema de salud para financiar una campaña política.
Los hechos de corrupción se dieron en el 2011, mediante la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, en La Guajira, y el Hospital San Rafael. En el acuerdo de $18.900 millones de pesos se pretendía desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes, el cual nunca se dio.
Antes de Semana Santa, los primeros días de abril del 2022, la Contraloría General de la República, daba a conocer que con 64 proyectos que demandaron recursos del Estado por más de $800 mil millones de pesos, La Guajira es el departamento de Colombia con más obras inconclusas.
Ya en el 2016, el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advertía, tras las investigaciones por corrupción que se adelantaban en esa región del país, que urgían acciones inmediatas para que La Guajira no terminara siendo un departamento fallido por los altos niveles de corrupción que comprometían a «dirigentes públicos, empresarios, miembros de la comunidad Wayúu e inclusive funcionarios judiciales”. Y dijo que el desfalco a las arcas del departamento “fue sistemático y constante».
Seis años después, en esta ocasión, la Contraloría vuelve a señalar a La Guajira como el departamento con mayor volumen de recursos comprometidos en obras inconclusas.
• Le siguen Meta, con 72, por más de $353.000 millones.
• Cundinamarca, con 109 por cerca de $280.000 millones.
• Valle del Cauca, con 104, por cerca de $180.000 millones.
• Y Caldas, con 19, por más de $305.000 millones
Los sectores más afectados. de acuerdo con los reportes del Registro Nacional de Obras Inconclusas de la Contraloría, son:
—Acueductos: 132, por $343 mil millones de pesos.
—Vivienda, 105, por $457 mil millones.
—Infraestructura vial: 96, por $1,2 billones.
—Sedes de entidades: 85, por $307.000 millones.
—Y alcantarillados: 82, por $727.000 millones.
Son en total 1.093 proyectos los que figuran en el Registro mencionado, por valor superior a los $6,5 billones.
Estas obras son obligaciones tanto de los departamentos, como entidades territoriales, como de sus municipios.
Impacto de la corrupción
En febrero de este año, el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia, publicó un informe en el que advierte sobre el impacto directo que tiene la corrupción en la garantía de los derechos humanos, especialmente entre las poblaciones más vulnerables y discriminadas. Y señaló que La Guajira es un ejemplo de ello.
«En este departamento, la corrupción ha afectado por años el derecho a la salud y la alimentación de las comunidades indígenas. Tanto que la Corte Constitucional lo ha dicho en varias sentencias», afirma el informe.
La sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucional por el hambre de la niñez wayúu, estableció como objetivo mínimo constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas. Es decir, además de ordenar medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud, ordenó ponerle la lupa a la corrupción en la contratación de estos servicios.
En un memorial presentado a la Corte Constitucional en diciembre del año pasado, Dejusticia, Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción relataron una serie de hechos que evidencian la corrupción en ese departamento y algunas recomendaciones para superarla.
Corrupción en La Guajira en datos
- Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento, según el Monitor Ciudadano de la Corrupción. El 30% de esos casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.
- La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años. La mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción; algunos de esos hechos tuvieron relación con el manejo de los recursos de la alimentación de niños y niñas.
- La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha. Los hechos involucran recursos públicos por más de $85.000 millones.
- Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años. El gobernador del momento, José María Ballesteros, fue condenado por la Corte Suprema por estos hechos.
- En 2015 se desviaron cerca de $2.000 millones en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes. Por estos hechos se encuentran imputados 14 funcionarios.
- En 2016, el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar.
Investigaciones engavetadas
En la época del fiscal Martínez, se abrieron investigaciones por constantes irregularidades en contratación de programas de educación, salud, atención a infancia y obras civiles. Y se aseguró que funcionarios públicos, contratistas y particulares desfalcaron al departamento.
En octubre del 2016, la Fiscalía anunciaba investigaciones en contratos irregulares de alimentos con el ICBF para infantes y madres lactantes. Además de cobros de arrendamiento que superan el doble del valor real y el pago a celadores que no prestaron el servicio u obtenían ingresos menores a los reportados.
También se anunciaba la de cargos al exalcalde de Riohacha, Rafael Ceballos y a otras 11 personas por irregularidades que se presentaron en la construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Alcantarillado y Acueducto del corregimiento de Camarones.
Se pudo establecer que la inversión efectuada por la Alcaldía, superior a $12 mil millones, no correspondía a las obras construidas por el contratista –Aguas para un Pueblo-, que además subcontrató el total de la obra con terceros.
El Acueducto fue terminado pero a la fecha no funciona puesto que el agua no es apta para el consumo humano.
Así mismo se reveló que entre el 2014 y 2016 la IPS Mareigua y la clínica odontológica de Maicao cobraron de manera ilegal recursos del sector de la salud mediante traslados inconclusos de afiliados indígenas a otras IPS. De esta forma crearon una doble afiliación recibiendo pagos indebidos del Fondo de Seguridad y Garantías (Fosyga).
El exgobernador de La Guajira, Jorge Luis Pérez Bernier (2008-2012) tendría que responder por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales por los sobrecostos en la construcción de 42 megacolegios por un valor superior a los $149 mil millones de pesos.
La Fiscalía encontró facturación falsa en los anticipos que generaron un detrimento al departamento por $22 mil millones de pesos. Por estos hechos son procesados tres personas y se ordenó la captura de otras nueve.
Luis Guillermo Guerrero, director general del Cinep, escribía en su editorial del 5 de marzo del 2017, sobre la corrupción en La Guajira que:
«Alrededor de este hecho lo más indignante es la realidad que expresan los datos sobre lo que viven las comunidades guajiras: es el único departamento de Colombia donde existen quince mil niños sin educación. Se estima que alrededor de quince mil niños guajiros se encuentran en situación de desnutrición por falta de recursos básicos, según la Procuradora Delegada para la Infancia y Adolescencia de Colombia, Ilva Myriam Hoyos, quien desde hace más de un año calificó de “indignante” lo que sucede en este territorio.
A esto se suma que solamente tres de los quince municipios suministran agua potable y se tiene evidencias de que los dineros para financiar acueductos, mejoramiento de escuelas, alimentos para estudiantes y las jornadas de vacunación, se los han robado. Muchos ciudadanos guajiros están cansados de esta situación, denuncian y hacen propuestas, pero en su contra está la acción de los políticos clientelistas tradicionales que siguen siendo un pequeño pero poderoso grupo que maneja la vida de la región».
Pero pasados varios años, muchas de esas investigaciones siguen durmiendo el sueño de los justos o avanzan a paso de tortuga.
En otras palabras, de nada le ha valido a los habitantes de la península, vivir en el departamento que mayor recurso energético alberga, al tener las mayores riquezas de gas, el cual, representa el 43.4% de las reservas probadas nacionales, con una producción diaria de aproximadamente 400 millones de pies cúbicos, en manos de la Chevron Texaco.
Tampoco que la Guajira tenga el 56,5 % de las reservas probadas nacionales de carbón, es decir, 3.728 millones de toneladas. Ni que el Cerrejón sea la mina a cielo abierto más grande del mundo, la cual, es propiedad por partes iguales de las transnacionales BHP BILLITON, ANGLOAMERICAN y XSTRATA, el área minera y el puerto marítimo de exportación ocupan 68,600 hectáreas, cerca del 3.3% de la superficie del departamento de la Guajira.
Todo lo contrario. La corrupción estatal en todos los niveles, por un lado; y los privilegios y prebendas que el Estado colombiano le ha conferido a las multinacionales, han sumido a la población guajira, no solo en un lugar donde el progreso no llega a todos, donde falta el agua, la salud, la educación y hasta la comida, sino también en un territorio dominado por mafias corruptas, donde el futuro pareciera nunca llegar, y se encaminara a una ruta del no retorno.
