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Esa es la inquietud que esperan esclarecer en el Senado de la República, los senadores que citaron a debate de control político a varios funcionarios del Gobierno para que entreguen explicaciones de este tema, luego de que el diario El Espectador revelara el contenido de unos 24 mil audios que dejan dudas sobre las acusaciones que hace dos años hizo la Fiscalía contra los exjefes de las Farc.

La citación ya fue aprobada por la Comisión Primera del Senado, a donde deberán acudir el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Además, y están invitados el fiscal general, Francisco Barbosa, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y el procurador Fernando Carrillo. 

Como se desprende del cuestionario adjuntado en la proposición, los citantes esperan que los funcionarios mencionados ofrezcan respuestas sobre la participación de la DEA en el operativo que resultó en la captura de Santrich, de la participación de la Fiscalía en la operación de entrampamiento a la que se refirió El Espectador, y su existencia misma, y la no entrega de los audios en mención a la JEP. 

El fin de semana pasado el periódico El Espectador reveló el contenido de unos audios que eran la prueba reina en el proceso de acusación por narcotráfico contra los líderes desmovilizados de las Farc alias Jesús Santrich e Iván Márquez, y que provocaron todo tipo de interrogantes sobre si se trató de un montaje diseñado desde la Fiscalía General de la Nación para darle una herida de muerte al Proceso de Paz. 

El periódico capitalino afirma que tuvo acceso a los 24 mil audios que reposan en el expediente del exjefe guerrillero, en los cuales se menciona entre otros a Piedad Córdoba, a “Iván Márquez”, e incluso al exvicepresidente general en retiro Óscar Naranjo, varios empresarios y el embajador de Cuba en Colombia y los cuales se consiguieron en una operación encubierta de narcotráfico ejecutada por la DEAt y que aparentemente buscaba a como diera lugar demostrar que los desmovilizados estaban traficando con droga después de formar el acuerdo.. 

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Con parte de este material fue que la Fiscalía acusó a los ex jefes guerrilleros de estar inmersos en operaciones de narcotráfico después de la firma del Acuerdo de Paz y por lo tanto quedaban excluidos de la Justicia Especial para la Paz y a merced de la justicia ordinaria y por supuesto postulados a una extradición, si eran requeridos en los Estados Unidos. 

Básicamente los 24.000 audios muestran que la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, participó en una “operación de entrampamiento contra los negociadores de la guerrilla”, que esos agentes que se presentaron como narcotraficantes mexicanos y que eran los que supuestamente iban a negociar la droga a través del sobrino de Márquez, Marlos Marín -transacción que nunca se dio-, tampoco tendrían las autorizaciones judiciales para investigar en Colombia y que la Fiscalía aportó cinco kilos de cocaína para que los exguerrilleros cayeran en la operación. Pero, además, que de todos esos audios la Fiscalía solo entregó doce a la JEP. 

En efecto en las grabaciones que corresponden a diciembre del 2017 hasta abril de 2018, nunca se escucha ni a Santrich ni a Márquez hablar ni se concreta la tal negociación, tanto así que la Fiscalía solo pudo acusar a los exguerrilleros de “conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos”. 

El operativo no se hizo cuando estaba previsto y se postergó para una semana después, cuando el encarcelado fue Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018. Días después el periódico The Wall Street Journal reveló que agentes de inteligencia de Estados Unidos, en colaboración con autoridades colombianas, tenían pruebas contra el exjefe negociador de paz de las Farc Iván Márquez, por conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos. Horas más tarde el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, salió a desmentirlo: “La Fiscalía reitera que no posee investigación por narcotráfico contra Iván Márquez con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz”. Sin embargo, en el expediente Santrich existe evidencia de la solicitud de un agente de la DEA a la Fiscalía el 17 de noviembre de 2017 para interceptar 22 líneas telefónicas de una supuesta red internacional de narcotráfico, dentro de las cuales fue incluida la de Iván Márquez.  

En resumen alguien miente en todo este polémico caso, que sin lugar a dudas provocó una herida mortal y desprestigio no solo al Proceso de Paz, sino a la JEP y su papel fundamental en el esclarecimiento de los crímenes que se han cometido durante el conflicto armado que ha padecido Colombia por décadas. 

Reclama la JEP 

Frente a lo revelado toca recordar que el 15 de mayo de 2019, la JEP aplicó la garantía de no extradición a Santrich “porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización” y ordenó a la Fiscalía disponer su libertad inmediata. Ante ello, el entonces fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, por considerar que tal decisión se trataba de un desafío a la Constitución. 

Ahora, que se revela la existencia de los 24.000 audios, se dice que el desconocimiento de estos por parte de la JEP en su momento bien podría decirse que derivó en la libertad del hoy prófugo de la justicia e integrante de la denominada “segunda marquetalia”, que agrupa a disidentes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc. 

De ahí que una vez conocidos su contenido la JEP, en cabeza de su posesionado presidente, Eduardo Cifuentes, señaló que, en el trámite de la solicitud de garantía de no extradición de Santrich, “la Sección de Revisión hizo repetidas peticiones a la Fiscalía con el fin obtener suficientes elementos de prueba para tomar una decisión. Esos requerimientos nunca fueron respondidos de manera satisfactoria”. 

Además, señaló que “el fiscal de la época allegó, de manera informal, una memoria USB sin número serial o de identificación, que contenía unos audios obtenidos dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín, pero no de Seuxis Paucias Hernández”. 

Lo que respondió el ex fiscal Martínez 

Casi de inmediato el ex fiscal Néstor Humberto Martínez, dio a conocer un video donde expone once puntos, en los que ratifica que “la JEP falló en su deber de colaboración con la justicia en el caso Santrich”.  

Según el comunicado del exjefe de la Fiscalía General, la Constitución dispone que la JEP debe pronunciarse exclusivamente sobre la fecha del delito fuente de una solicitud de extradición, como garantía a los desmovilizados de que no se dará curso a este trámite de cooperación judicial internacional si el ilícito ocurrió con anterioridad a la firma del acuerdo de paz. 

Martínez asegura que por el auto del 19 de abril de 2018, la JEP solicitó a la Fiscalía remitirle todos los documentos relacionados con el trámite de extradición del señor Hernández. Y el 26 de abril de 2018 la Fiscalía le informó a la JEP que, según lo previsto en el artículo 511 de la ley 906 de 2004 no había iniciado el proceso de extradición, porque aún no mediaba el pedido formal del Estado Requirente. 

Y detalló los siguientes puntos sobre este caso: 

1. El 16 de mayo de 2018 la JEP inició un procedimiento de control judicial de la captura de alias “Santrich”, extralimitando sus funciones. Por ello, la Fiscalía acudió ante la Corte Constitucional y mediante auto 401 del 27 de junio de 2018 se dispuso que la JEP no podía usurpar competencias de la Fiscalía en estas materias y precisó que la responsabilidad de la JEP se limitaba a evaluar “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización”. 

2. En la misma decisión, la Corte Constitucional estableció que la Fiscalía remitiera a la JEP “el expediente relacionado con la solicitud de extradición del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte”. 

3. Mediante comunicación DAI 20181700057811 del 26 de julio de 2018, la Fiscalía remitió a la JEP la totalidad del expediente de extradición. 

4. No obstante, excediendo la orden de la Corte Constitucional, mediante auto del 12 de septiembre de 2018 la JEP pidió, además del expediente de extradición, “la documentación y el respaldo probatorio (audios y videos) que estén en su poder”. 

5. A pesar de lo anterior, con ánimo de colaboración, el 25 de septiembre de 2018 la Fiscalía procedió a compartir con la JEP pruebas del ente acusador que obraban en una investigación contra el ciudadano Marlon MARÍN (no de alias “Santrich”), en la medida en que en las mismas había referencias al señor Santrich que le permitirían a la JEP establecer la fecha del delito. 

6. Como es de público conocimiento, el video que tanto se ha echado de menos por la JEP, fue aportado a la Fiscalía de Colombia, en desarrollo de cooperación judicial, con posterioridad a mi renuncia, en mayo de 2019, luego mal podía aportarse a la JEP en el 2018. 

El líder del partido político FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, durante una rueda de prensa luego de ser liberado por orden de la Fiscalía colombiana, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda 

7. Mediante comunicación del 1º. de octubre de 2018, la Fiscalía compartió doce (12) interceptaciones que formaban parte de investigaciones contra Marlon Marín en los radicados 201700020 y 201700088, que contribuían a “validar la declaración jurada en apoyo de la solicitud de extradición contra Santrich”, que había sido formalizada por Estados Unidos mediante nota diplomática del 7 de junio de 2018. 

8. Las pruebas aportadas por la Fiscalía, junto con los documentos entregados por Estados Unidos, demostraban inequívocamente que se trataba de hechos ocurridos con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, a pesar de lo cual la JEP optó en mayo de 2019 por dejar en libertad a alias “Santrich”. La apelación de esta decisión, promovida por el Procurador, nunca fue resuelta por la JEP. 

9. En apenas unas pocas semanas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó mediante auto del 10 de julio de 2019 que los hechos tuvieron lugar con posterioridad al 1º de diciembre de 2016. 

10. En el 2018, al tiempo del trámite de la extradición, los supuestos 24.000 audios de que se viene hablando públicamente, no formaban parte de un supuesto expediente contra alias “Santrich”, como lo valida la JEP, sin ningún tipo de corroboración. Es de conocimiento público que la Fiscalía abrió un expediente por narcotráfico contra Santrich en el año 2019. Por obvias razones, ese expediente no podía existir en el 2018. 

11. En síntesis, desde el primer momento la JEP mostró su hostilidad al procedimiento de extradición en cuestión, intentando incluso desconocer competencias de la Fiscalía, y a pesar de tener en su poder evidencias de que el delito se había cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz. 

Pero el tema no ha pardo ahí. 

Esta semana se conoció que el Gobierno de Iván Duque decidió nombrar de embajador de Colombia en España a Néstor Humberto Martínez, lo cual ha levantado más de una crítica entre la clase política del país. 

Y ahora los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Guillermo García Realpe, citaron a un debate de control político donde esperan explicaciones de este tema. 

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