por: Jan Slodvak
Tal y como había previamente anunciado como si fuese la expectativa de una campaña publicitaria, el Fiscal General de la Nación anuncio el 21 de junio, con toda la prosopopeya del caso, los implicados en corrupción electoral que en el caso de Barranquilla se denominó La Casa Blanca, aludiendo a la casa sede de la campaña de Aida Merlano en el barrio El Golf.
El Fiscal, abrumado y asombrado dijo que “se trata de una forma de dominación inaceptable en pleno siglo XXI” y el comunicado de prensa de la Fiscalía indica que “a lo largo del país se encontraron distintas modalidades de corrupción electoral, llegándose al extremo de subordinar bajo promesas y pagos a “electores” reclutados indignamente entre poblaciones vulnerables, con bajo nivel de escolaridad e inclusive caracterizadas condiciones de marginalidad y pobreza absoluta”.
Grave. Terrible para la maltrecha democracia, pero ya todo eso se sabía. Serias irregularidades dicen sus voceros, indicando la captura de funcionarios de diferente nivel con más de 2000 intermediarios favoreciendo candidatos al congreso.
Para la fiscalía la Operación Casa Blanca, en donde se encuentra implicada la capturada Aida Merlano, es una operación criminal en gran escala dilucidada por el trabajo de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2112 horas de vídeos y audios recaudados que muestran una organización delictiva al servicio de diversas campañas políticas.
En las elecciones de Congreso del 2018 la organización funcionó no solo al servicio de Aida Merlano, sino también para otros candidatos, como es caso de Lilibeth Llinas candidata a la Cámara por el partido Cambio Radical. La organización tenía una estructura de:
- Administradores: encargados del manejo de los recursos logísticos y financieros.
- Punteadores: encargados de revisar listas de líderes y votantes reclutados, así como los certificados electorales y contraseñas con códigos de barras.
- Pagadores: encargados de entregar contraseñas en la casa de los líderes.
- Coordinadores: entregaban contraseñas en casas de apoyo.
- Didactas: encargados de enseñar a votar en los tarjetones y se desempeñaban también como testigos electorales
El modus operandi era que cada líder estaba encargado de llevar a un centro de operaciones (casa de apoyo) un grupo de personas con un talonario en el que marcaba a los votantes, con fotocopia de la cédula y la huella. Todos se identificaban con corazones de colores. Allí, los punteros verificaban huellas y cédulas de los electores y hacían un proceso completo de capacitación para garantizar que el voto se marcara de forma correcta. Para el día de elecciones arrendaron 187 terrazas. Antes de ir a las urnas, allí llegaban los votantes a presentarse. A esos sitios tenían que volver con el certificado electoral y los líderes recibían el dinero correspondiente a cada voto, para su entrega a los electores.
La estructura tenía los siguientes dirigentes:
- Candidatos al Congreso: Aida Merlano y Lilibeth Llinás
- Dirigentes políticos regionales:
- Jorge Rangel, Diputado del departamento del Atlántico
- Margarita Balén, Diputada del departamento del Atlántico
- Juan Carlos Zamora, Concejal del distrito de Barranquilla
- Aissar Castro Bravo, Concejal del distrito de Barranquilla
- Aissar Castro Reyes, exconcejal y padre del concejal Castro Bravo
- Vicente Támara, exConcejal del municipio de Soledad
- Líderes: contaban con 2323 zonales y barriales vendiendo paquetes de votantes.
La financiación tenía dos fuentes: los recursos del estado y privados. En el ámbito de lo públicos eran contratos de prestación de servicios para personas que trabajaban en la Casa Blanca. En la privada, aparecieron diversos cheques por varios rublos entre $500 y $1000 millones de pesos.
Imputados Fase I
Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco (5) personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado, respecto de tres de ellos:
- Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas.
- Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
- Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
- María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
- Everlyn Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Posteriormente, también fueron capturados los hermanos Carlos Alberto y Sara Luz Jiménez Otálvarez, a quienes se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento privado. A Sara Luz Jiménez, adicionalmente, se le imputaron los delitos de obtención de documento público y corrupción al sufragante.
Imputados Fase II
Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio – fecha asignada por el centro de servicios de Barranquilla – adicionalmente la Fiscalía imputará los siguientes delitos:
- A la candidata a la Cámara de Representantes por Atlántico, Lilibeth Llinás, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
- A los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Balén, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
- A los Concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
- A los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara, los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Adicionalmente el fiscal de conocimiento ha decidido imputar por los delitos de corrupción al sufragante y tráfico de votos, a los primeros veinte (20) líderes – los más caracterizados e importantes – que aparentemente se dedicaban de manera profesional a formar y vender los “paquetes de votantes”.
Tambien serán imputados por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante, seis personas dedicadas a la logística de compra de votos dentro de la “Casa Blanca”.
Doble militancia y violación de topes electorales
El fiscal de conocimiento compulsó copias el 20 de junio ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la senadora electa Aída Merlano, por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.
En la misma fecha también se compulsaron copias ante el Consejo Nacional Electoral por la posible doble militancia en que habrían incurrido las candidatas Aída Merlano, del Partido Conservador y Lilibeth Llinás, del Partido Cambio Radical. Igualmente se llamarán a interrogatorio a los empresarios Julio Gerlein Echeverría, vinculado afectivamente a la senador Merlano, y Mauricio Gerlein Echeverría por su posible participación en esta organización y el financiamiento electoral. Estos dos últimos hermanos del longevo y veterano senador Conservador Roberto Gerlein Echeverría, recientemente condecorado por el también Conservador presidente del Congreso Efraín Cepeda justo el día en que se abrían los debates de la consulta anti-corrupción, lo que constituye, en medio de todo este escándalo político electoral, en una verdadera paradoja.
Sin embargo, hay que confesar que todos los que conocen los intríngulis de esta empresa de corrupción, tienen plena certeza que son muchos más los implicados mostrados con todo el pudor del mundo por el Fiscal después de su expectante anuncio. Habrá que ver que otros indicios y pruebas muestran los recaudos hechos por la Fiscalía y si algunos más, aparte de Aida Merlano, prenden los respectivos ventiladores para exponer públicamente lo que hace años era voz populi electoral en Barranquilla.
