Aunque muchos critican que la Fiscalía General de la nación solo se mete con alcaldías insignificantes, es importante destacar que en asuntos de corrupción vale la pena destapar hasta el más pequeño de estos nidos de delincuentes. En este caso, el alcalde del municipio nariñense de El Charco, Víctor Candelo Reina, fue judicializado por presuntamente incurrir en hechos de corrupción.

La decisión fue tomada por un fiscal de la seccional Nariño de la Fiscalía General de la Nación, en audiencias concentradas en Pasto.

Al mandatario municipal el ente acusador le imputó cargos por su probable coautoría en los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, en concurso heterogéneo con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al igual que falsedad ideológica en documento público. Delitos que seguramente pululan en todas las alcaldías del país, pero muy poco denuncian o investigan.

Mientras tanto a Torres Ocampo se le endilgaron las conductas de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El alcalde había sido capturado el pasado 31 de agosto en el aeropuerto La Florida de Tumaco, cuando se disponía a viajar a Cali, al tiempo que su asesor fue abordado en la Avenida los Estudiantes de esa misma localidad de la Costa Pacífica de Nariño.

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Lo hicieron servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con el apoyo de soldados del Ejército Nacional, dando cumplimiento a una orden de captura proferida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pasto.

Sobre los pormenores del contrato investigado, la Fiscalía indicó que el 10 de marzo de 2020 la Alcaldía de El Charco había hecho públicos los estudios previos y la invitación a personas naturales y jurídicas, con el fin de suscribir el contrato de suministro de elementos de ferretería, para el mejoramiento de la red de alcantarillado de esa población, por un valor de $ 23.226.684, en un plazo de ejecución de 5 días.

Sin embargo, una vez surtido el cierre de la convocatoria, la administración municipal firmó el acta dejando constancia de que se había recibido una sola propuesta.

De acuerdo con la Fiscalía después de efectuarse un aparente proceso de evaluación deficiente y direccionado, el alcalde habría contratado al único proponente, el cual no cumplía los requisitos y no ejecutó el proceso.

Para la Fiscalía el contratista no podía firmar el documento con el municipio por estar inhabilitado, puesto que hace parte de la planta de profesores de la Secretaría de Educación de El Charco, “por ello quien aparecía suscribiendo el citado contrato fue una tercera persona”, concluyó el ente acusador.

Por hechos similares en el año 2020 la Fiscalía le había formulado cargos al alcalde y su hermana, pero dentro de otro proceso.

Al terminar las diligencias la Fiscalía General de la Nación apeló la decisión del Juez Promiscuo Municipal de El Charco, con función de control de garantías, que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento a los procesados,quienes continúan vinculados a la investigación.

Se informó que el recurso presentado será resuelto por un juez de segunda instancia del municipio de Tumaco.

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