un magistrado del tribunal superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia al exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato relacionado con el plan de alimentación escolar (PAE).
los hechos investigados por la Fiscalía General de la Nación están relacionados con la modificación al contrato de prestación de servicios n°469 de diciembre de 2019, suscrito con la unión temporal ‘Alimentar Arauca’, cuyo objeto era garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados.
El 23 de abril de 2020, el entonces mandatario acudió a una medida permitida con ocasión de la emergencia sanitaria por el COVID – 19. Cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” y fijó la entrega de una canasta básica de alimentos que equivaldría 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800. De esta manera, la Gobernación de Arauca pretendía llegar a 18.036 beneficiarios.
Según la Fiscalía para ejecutar el contrato se usaron tres cotizaciones para cumplir con un requisito, pero no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario. Adicionalmente, los peritos contables del CTI detectaron un posible sobrecosto por $860.975.373, entre otras posibles anomalías.
En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al mandatario los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Actualmente, Castillo Cisneros se encuentra privado de la libertad desde octubre del año pasado, por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación del terrorismo, al entregar contratos a sujetos vinculados al frente Domingo Laín Sáenz del ELN. Además, en la Procuraduría General de la Nación corre un pliego de cargos en su contra por irregularidades en otros contratos públicos.
Según el Ministerio Público, Castillo Cisneros ordenó el pago del saldo final del contrato de construcción del coliseo José Eustacio Rivera, en el municipio de Saravena, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad, durante su administración 2012-2015.
Las últimas pruebas aportadas por el ente investigador señalan que los contratos N°497 del 9 de octubre de 2013 y el contrato N°362 del 10 de octubre de 2013, que tenían como objeto la dotación de mobiliario para centros educativos del departamento, contienen cotizaciones falsas y sobre costos. En el primero, el sobrecosto alcanzó los $1.450 millones de pesos; mientras que en el segundo, superó los $619′000.000 millones.
