El Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, en cabeza de Camilo Enciso, demandó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al presidente Iván Duque por participación política en los últimos meses de la contienda política para definir tanto el Congreso de la República como el puesto del presidente en la Casa Nariño.
Según el documento, el presidente Duque «está usando sus presentaciones públicas para intervenir en el proceso electoral para elegir el próximo presidente. Su conducta afecta de manera grave los derechos políticos de todos los ciudadanos y viola las prohibiciones expresas establecidas por el legislador en el artículo 30 de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales».
En ese mismo sentido, se enumeran una serie de eventos públicos y de algunas declaraciones a medios de comunicación en las que el mandatario hace referencia a las propuestas de algunos candidatos presidenciales. Por ejemplo: el 28 de febrero, el jefe de Estado habló de aquellos candidatos cercanos al régimen de Nicolás Maduro y Chávez y que por lo tanto han evitado hablar de la situación en Ucrania tras la invasión rusa.
De igual forma, reseñan eventos del mes de marzo donde el mandatario habla sobre la propuesta del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, que pone sobre la mesa la eliminación del Icetex. Así mismo, en el mes de abril reiteradamente habla de las “tres P”, donde hace referencia al populismo. El tema de fondo de pensiones y los cambios que tendría con la llegada de algunos candidatos a la presidencia también fue criticado por el actual jefe de Estado y reseñado por el Instituto.
Tras enumerar estos actos, el Instituto consideró que «sus acciones atentan contra la moralidad administrativa y las instituciones democráticas del país. Los ataques de Duque en contra de candidatos opuestos a su orilla política y la amplificación de sus mensajes (garantizada por tratarse del presidente de la República), exigen la adopción de medidas inmediatas que reduzcan la distorsión del equilibrio que el presidente de la República está llamado a guardar frente al proceso electoral conducente a la elección de su sucesor».
Varias veces se había dicho que Duque estaba participando activamente de la campaña política de uno de los candidatos a la Presidencia en los cuatros años siguientes. Sin embargo, sus constantes críticas a las propuestas y planes de gobierno del candidato Gustavo Petro lo han puesto en la mira del Instituto Anticorrupción.
El senador Iván Cepeda del Polo Democrático fue uno de los primeros que advertía que el presidente Duque estaba presuntamente interviniendo en política, al igual que los alcaldes de los municipios de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfredo Romero; Timanaí (Huila), Marco Adrián Artunduaga; María La Baja (Bolívar), Raquel Victoria Sierra; Cicuco (Bolívar), José Nicolás Ramos; Santa Rosa de Lima (Bolívar), Mario Javier Rodríguez; Arenal (Bolívar), Eugenio Lobo y de Villanueva (Bolívar), Edwin Puerta.
Cepeda, quien entabló una denuncia penal por estos hechos, aseguró que el presidente Iván Duque, en plena contienda electoral, se ha pronunciado de manera pública y reiterada en contra del candidato Gustavo Petro. Incluso, según Cepeda, para presuntamente eludir a la justicia el mandatario ha omitido nombrar directamente a Petro.
Por su parte, en el caso de los 7 alcaldes de los municipios anteriormente nombrados, Iván Cepeda asegura que en el marco del Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena con dineros públicos, los dirigentes intervinieron abiertamente en política a favor del candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez. Además, Cepeda cita una información revelada por la emisora W Radio que asegura que los mandatarios, en calidad de servidores públicos, manifestaron simpatías con Gutiérrez e incluso uno de ellos se habría ofrecido para contribuir con votos.
Finalmente, la procuradora Margarita Cabello, dijo que no investiga al presidente Duque ni a la vicepresidenta ante las denuncias de que supuestamente están participando en política.
«Quiero que quede claro, la Procuraduría no investiga al presidente ni a la vicepresidenta, no son sujetos disciplinables, pero además sabemos que hay una denuncia y lo investiga la Comisión Nacional de Investigación de la Cámara de Representantes. La Procuraduría interviene como parte ante la comisión y por lo tanto no puede actuar ni opinar públicamente, sobre ellos, por cuanto nosotros emitiremos el concepto cuando nos corresponda dentro de las investigaciones», afirmó la jefe del Ministerio Público.
