No obstante la pírrica condena con que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó a cuatro años y 10 meses de prisión al excongresista Eduardo Pulgar (Partido de La U), por el delito de tráfico de influencias y cohecho, el ex senador entra a la Galería de Corruptos de Colombia.
La Corte Suprema le concedió una rebaja de un 45 por ciento de la pena por haberse acogido a sentencia anticipada y aceptar cargos, pero le negó a Pulgar la posibilidad de la casa por cárcel y le impuso una multa de 324 salarios mínimos legales vigentes.
El excongresista era investigado por intentar sobornar a un juez de la república con $ 200 millones para favorecer a un patrocinador suyo: el excónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta Osío, en el marco de una disputa familiar por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
La disputa familiar se suscitó tras la muerte del excongresista Gabriel Acosta Bendek, que generó la puja por su herencia que incluía la Fundación Acosta Bendek (FAB), que a su vez controla al Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla y la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
El soborno que pretendió hacer Pulgar fue a un juez de la República, del municipio de Usiacurí (Atlántico), que buscaba favorecer a Acosta Ossío.
La Corte calificó este hecho dentro del marco del delito de cohecho y no como tráfico de influencias, como había indicado en la acusación la Sala de Instrucción del alto tribunal.
“Entiende la Sala que, distinto a lo discernido por la Sala de Instrucción, el senador Pulgar Daza hizo un claro ofrecimiento de dinero al funcionario judicial con el propósito de obtener de su parte decisión favorable respecto de la solicitud de restablecimiento del derecho que cursaba en su despacho, lo que desecha su encasillamiento en el tráfico de influencias y evidencia la configuración única del cohecho por ofrecer”, dijo la Sala.
Los hechos fueron revelados en una columna del periodista Daniel Coronel, junto con unos audios. “Eduardo Pulgar ofreció $200 millones de pesos al juez promiscuo municipal de Usiacurí para que ejecutara un acto contrario a sus deberes oficiales (cohecho propio) que favoreciera los intereses de la familia Acosta, en relación con resultado de la audiencia preliminar de restablecimiento de derecho convocada ante dicho juzgado mediante apoderado Carlos Jaller y otros, en los que se cuestionaba la legalidad de unas decisión tomadas por el consejo directivo de la Universidad Metropolitana relacionadas con su control y manejo”.
Además del caso del presunto intento de soborno a un juez, la Corte Suprema también investigaba a Pulgar porque el exsenador del partido de ‘la U’, presuntamente, hizo gestiones ante el Ministerio de Educación y funcionarios públicos con el fin de, supuestamente, lograr que esa cartera hiciera actuaciones indebidas.
