Así como existen poderosas empresas y consorcios especializados en segmentos especiales de contratación pública, también existen los multiusos cuyos modus operandi es actuar con bajo perfil, en mallas asociados en consorcios y uniones temporales.

En las licitaciones ganan las convocatorias y en la contratación directa también, pues desarrollan habilidades de relaciones públicas que los hace cercanos, amigos y buenas pagas de comisiones con funcionarios –alcaldes, gerentes, directores- de entidades del sector público.

En agosto de 2016 ya se había descubierto una parte de esta red empresarial que tenía contratos en 29 de los 32 departamentos del país y se embolsilla en actividades variopintas la suma de $6,3 billones cubriendo todos los sectores de la contratación estatal: alimentación escolar, equipos, organización de eventos, construcción, defensa y un vasto es interminable etcétera.

Su característica esencial es que son multiusos en sus registros de objeto de actividad comercial suelen ocupar 10 páginas. No hay actividad en apariencia a la que no se le midan. En esa época, según archivos de prensa, se dio el paradójico caso de grupos musicales contratistas para la construcción de vías.

Posteriormente, desde el 2019 la Contraloría General de la Nación implementó la plataforma de software Océano que identifica nits, tipos de contratos encontrados, una herramienta que indica en tiempo real la traza de contratos en las entidades públicas o con participación del estado colombiano en sus diversas instancias. En ese año de implementación empezaron a mostrarse hallazgos de todo tipo dejando en evidencia falta de control, las mencionadas mallas empresariales y contratistas que actúan en contra de las normas y legislaciones.

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Gravísima situación pues la mitad del presupuesto nacional es para contratos, muchos de ellos directa, con todos los riesgos –que efectivamente suceden al final- de corrupción sistematizada en contratos. En el 2020 una investigación de la Auditoría General de la Nación mostró la conformación de 78 redes empresariales muy bien estructuradas, aceitadas y funcionando con la precisión de relojería.

Omar Gómez Carreño

Omar Gómez Carreño: el típico contratista multiusos

Se puede argumentar sin faltar a la verdad que Omar Gómez Carreño con cédula de ciudadanía No. 5795938 y con direcciones operativas en varias ciudades, pero en especial en la carrera 23 No. 21 29 en Arauca (Arauca), hace de todo y es el típico mega contratista. En la plataforma Linkedin, integradora de redes de profesionales aparece como propietario de sus empresas prestando servicios y suministros.

La plataforma Océano mostró que participaba en 120 contratos en diversas actividades: la adquisición de maquinaría, dotación de calzado y vestido, suministro de refrigerios estudiantiles e incluso la organización del Reinado del Cacao. Total en pesos de los 120 contratos la suma de $66.996 millones.

Lo objetivo es inquirir si efectivamente estamos ante un personaje con raras habilidades en diversos sectores o actividades comerciales o se trata de alguien que conoce muy bien como funcionan las adjudicaciones de contratos, su desarrollo y cumplimiento actuando bajo esas mamparas en contrario a lo ley. Hay procesos, auditorías, hallazgos, denuncias sobre Omar Gómez en diversas entidades fiscalizadoras.

Contrato con la gobernación de Arauca en 2017

Este fue un contrato directo de la gobernación de Arauca con Omar Gómez sin ningún tipo de planeación administrativa y perfectamente inútil en sus objetivos. El costo total de la operación administrativa fue de $6.000 millones de pesos.

El objeto del contrato es difuso tal como señalan sus objetivos: “Desarrollo de estrategias para el cierre de brechas a familias en pobreza extrema a través de la generación de ingresos y la inclusión social”. Loable pero ambicioso en sus propósitos y carente precisamente de un concepto fundamental de su pomposo nombre: estrategia.

El fondo de donde surgieron los recursos para su ejecución fue a través del reparto de regalías –Arauca produce hidrocarburos- dentro del organismo sectorial OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) que evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza los programas y proyectos financiados con recursos del del Sistema General de Regalías. En su composición “colegiada” –no es cierto tal termino en la práctica, aparece conformado por los gobernadores que tienen un control real cada en cuotas, dos alcaldes y representantes del gobierno nacional con una secretaría técnica. Ver al respecto de los OCAD: https://corrupcionaldia.com/el-ocad-una-matrix-de-la-corrupcion-en-colombia/

El proyecto sobre el “desmantelamiento” de la pobreza para cerrar la brecha social fue elaborado, presentado y aprobado en el OCAD Arauca por la Secretaria de Planeación Departamental, a cargo de José Alí Domínguez. Su fuente de financiación son las regalías. El contratista asignado fue Consorcio Unidos 2016 integrado por Omar Gómez Carreño con un 55% y José Gregorio Rojas Palma con el 45% representado jurídicamente por Eber Jubenal Silva.

Según el portal de noticias Crudo Transparente en una evaluación sobre los recursos entregados a Arauca (https://crudotransparente.com/2020/04/24/asi-se-movio-el-ocad-en-el-departamento-de-arauca-del-2012-al-2019/) se muestra el nivel de inversión de estos recursos entre el 2012 y 2019 así: solo se aprobaron 16 proyectos dirigidos a comunidades étnicas (11 población afrodescendiente y 5 indígenas).  El sector en donde más recursos se invirtió fue en transporte con 56 proyectos por un valor de $206.000 millones y el menos atendido fue el de cultura con tan solo un proyecto de $200 millones. En una zona del país desprotegida de infraestructura de salud se aprobaron 9 proyectos por $9.300 millones.

Sigamos con el contrato entre la gobernación del Arauca y el consorcio del que hace parte Omar Gómez que se firma el 20 de septiembre de 2016 con un plazo de ejecución de 5 meses, así que su finalización estaba prevista para marzo de 2017. Pero no pasó así pues a finales de marzo de 2017 los ejecutores del contrato no había ubicado a la población beneficiada –en otras palabras, los pobres que deberían superar esta condición extrema generando ingresos- así que interviene Planeación Departamental, que tenía funciones de interventoría y supervisión a cargo de la funcionaria Libia Karelia Galvis Rodríguez hizo modificaciones al contrato.

Allí se definieron que serían 2500 familias las beneficiarias con el propósito de brindarles herramientas para la mejora de sus ingresos. En La Voz del Cinaruco 105.FM de Arauca definieron a los componentes y actividades como “una lista de mercado de plaza mal planificada, ya que se mezclan desde cursos de: comidas rápidas, confecciones, reparación de motocicletas, cursos de belleza y otros por un valor de 672 millones de pesos, que bien podría dictar el SENA de manera gratuita y seguramente con una mayor calidad que la que se ofrece por el contratista.”

El contratista debía realizar una serie de operaciones y actividades bien curiosas para “superar” el umbral de pobreza: suministrar 51 carros de comidas rápidas con un costo unitario cada uno de $4.200.000, licuadoras carísimas cada una de $981.000 pesos, termos de acero inoxidable de $284.000 pesos; además con un batiburrillo que incluía fumigadoras de motor, guadañadoras, hachas, machetes y rastrillos, elemento aptos para el campesino que vende servicios a los latifundistas de ese departamento.

Sigue la lista de erradicaron de la pobreza en Arauca: camas ortopédicas, colchones, sillas de ruedas, toldillos, almohadas, sabanas y filtros de agua. Planeación Departamental por su parte agregó la “dotación de elementos para disminuir el hacinamiento” en el hábitat y es así como aparecen entregadas camas dobles y sencillas, camarotes, toldillos. No les pareció de interés a los estrategas del plan si no eran prioridades el agua potable, escuelas, hospitales y por supuesto mejoras para una vivienda digna.

Una licitación amañada o tipo sastre investigada

Una información anónima llegada a la Procuraduría General de la Nación en el 2010 culminó en un fallo de primera instancia con sanción de destitución es inhabilidad general por un término de once años en contra de Carlos “Makario” Suárez Castellanos con cédula de ciudadanía No. 17.587.819 en su condición de Alcalde Municipal de Arauca en periodo 2008 a 2011, que después pasaría a la condición de Concejal.

Suarez había sido nombrado Alcalde mediante el Decreto 324 del 18 de noviembre del 2010 de la Gobernación de Arauca para reemplazar al alcalde electo William Alfonso Reyes Cadena debido a que se le “ocurrió” invertir del presupuesto municipal $16.000 millones de pesos en una captadora de recursos llamada Probolsa que era la típica pirámide. El elegido para su reemplazo, Suárez, era hombre de confianza del destituido alcalde Reyes.

La investigación contra Suárez se inicia por denuncia anónima al banco electrónico de quejas de la Procuraduría por una ocurrencia de irregularidades en el proceso de selección abreviada N4SA-047-2011, en donde la administración municipal habría favorecido al Omar Gómez Carreño adjudicándole el proceso selectivo sin el lleno de requisitos legales.

La Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal estableció que “El principio que se consideró preliminarmente infringido por los implicados, es el de transparencia en la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva, este último contenido en el artículo 5° de la ley 1150 de 2007, los cuales señalan que el contratista será escogido de acuerdo al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ésta persigue, sin ninguna clase de motivación subjetiva, es decir, con base en parámetros plenamente objetivos”.

La Procuraduría indicó que la alcaldía de Arauca limitó de manera irregular los requisitos exigidos en el pliego de condiciones en cuanto a la experiencia y limitó la libre concurrencia al imponer una exigencia mínima de diez (10) contratos en los últimos cuatro (4) años. Estableciendo que estos requisitos se configuraron  como violatorios del principio de transparencia y del deber de selección objetiva  por parte de los investigados.

De esta forma, con una licitación tipo “sastre” el único oferente del proceso selectivo fue Omar Gómez Carreño a quien se le adjudicó el contrato de compraventa N° 00-662 del 2011 por valor de $2.699.430.915

Gómez proveedor de drones para la Gobernación de Arauca

El Gobernador de Arauca para el periodo 2016-2019 Ricardo Alvarado Bestene. Tuvo en su gestión diversos cuestionamientos por las licitaciones públicas. Ese fue el caso de la compra de drones y tecnología de punta para la policía

El contrato de los drones tuvo un valor de $957 millones y fue suscrito el 27 de diciembre de 2016 por el gobernador Alvarado Bestene y el Consorcio Tecnología para la Fuerza Pública 2016.

Ese consorcio estaba integrado por Ómar Gómez Carreño, con el 60 % de participación y Feníbal Andrés Zuluaga Quintero, con el 40 % restante. Vemos acá como Gómez Carreño vende maquinaria pesada y tecnología de drones. Sin embargo los certificados de matrícula mercantil y de representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Arauca muestran que Gómez Carreño tiene certificado como persona natural y registra como actividad principal el comercio al por mayor de utensilios domésticos, comercio de vehículos y expendio de comidas preparadas en cafeterías con unos activos que no superan los $10 millones.

El socio minoritario del consorcio, Feníbal Andrés Zuluaga muesta que su compañía, Diagnóstico y Sistemas Limitada, de la cual es subgerente, tiene como actividad principal el comercio de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones, así como el comercio de libros, periódicos, artículos de papelería, escritorio, la comercialización de electrodomésticos e instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado.

Pese a estas dudas sobre la capacidad de los proveedores adjudicados  el 13 de marzo de 2017 la Gobernación entregó el 40 % del anticipo del negocio por un monto de $382 millones pero con irregularidad y es que el acta de entrega no tiene la firma de la supervisora del contrato Andrea Blanco Rangel que se encontraba firmado por el tesorero departamental y el representante del consorcio Leonel Santana Salazar

Según los términos del contrato los drones debían tener ciertas especificaciones técnicas para el monitoreo fronterizo: que su sistema permitiera que la cámara girara 360 grados, que la resolución de las imágenes tuviera un mínimo de 14 megapixeles y que la tecnología asegurara que los drones subieran hasta 3.000 metros con una velocidad de 35 kilómetros por hora.

El negocio fijó un plazo de 10 meses para la entrega de drones al Consorcio Fuerza Publica 2016. Aparecen entonces los “problemas”. El 12 de diciembre de 2017, ante las perspectivas del caso la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la secretaria de Gobierno, Mercedes Rincón Espinel, al gerente de contratación administrativa, Édgar Alfonso Cadena, al representante legal del consorcio, Leonel Santana Salazar y la funcionaria Luz Marina Rodríguez, de la Secretaría de Gobierno.

Pese a esta imputación no fue captura ninguno de los responsables ni se decretaron medidas de aseguramiento con el juez de garantías, entre otras cosas porque la misma Fiscalía no las pidió.

Omar Gómez , proveedor de maquinaria pesada

Se trató de una licitación pública convocada adjudicada por la alcaldía del municipio de Puerto López, departamento del Meta el 17 de octubre de 2018 con el número 017 de ese año. El ganador fue, por supuesto, Omar Gómez Carreño con número de contrato 103-08-05-00022.

El objeto del contrato la adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento de la malla vial municipal con un monto total de $1,235,394 millones de pesos. Baste señalar que la proveeduría de este tipo de equipamientos es conocida por encontrarse en compañías especializadas del sector que tienen, además, un completo stock de repuestos y mantenimiento. El contrato se liquidó a satisfacción el 25 de septiembre de 2019.

Gómez proveedor de equipamiento para cocinas escolares

La Contraloría departamental Colegiada en el 2013 entable un proceso de responsabilidad fiscal No. 80813-266-03-422 en donde resulta afectada la Alcaldía municipal de Arauca señalando como presuntos responsables al alcalde Carlos Suarez Castellanos, Omar Gómez Carreño y Ana del Carmen Pineda, quién se desempeñaba como Secretaria de Educación municipal. El daño fue especificado en $140,929 millones de pesos y el contrato era de proveeduría de equipos para comedores escolares.

Según la Contraloría, Gómez Carreño no actuó bajo el principio de lealtad debido a que no allegó los precios de los equipos negociados sobrevalorándolos sin advertir, como proveedor, de los evidentes desajustes de precios entre los presentados en el contrato y los precios reales en el comercio.  Al final, en 2019 se libra un proceso de jurisdicción coactiva con auto de No. 023 del 12 marzo de 2020 contra Omar Gómez Carreño y otros.

Gómez y las mallas de alimentación escolar

La Auditoría General de la Nación en una investigación sobre las mallas de alimentación escolar en todo el país encontró que se identificaron 34 Consorcios y Uniones Temporales, conformadas por 47 entidades sin ánimo de lucro y empresas.

Omar Gómez Carreño hace parte de la malla más grande con contratos en sectores de educación, sector social desarrollando diversos tipos de objetos sociales que van desde el cálculo de indicadores hasta la dotación de muebles. Opera principalmente en los departamentos de Arauca, Huila y Casanare. Contrató entre 2014 y 2015 la suma de $30.517 a través de 6 consorcios y uniones temporales.

En Arauca los contratos fueron “Implementación general de ingresos y desarrollo de capacidades productivas» por $5.851 millones; “Apoyo a la consecución del cálculo de logros en red” por $2.999, “Dotación de muebles, equipos y enseres para el colegio de educación primaria Santander de Arauca” por $1.999 y “Apoyo para la superación de la pobreza extrema” por $8.854 millones. En Huila “Suministro de bienes para implementar contenidos digitales en Aipe, Huila” por $4.660 y en Casanare “Prestar servicio de alimentación escolar a 26.000 estudiantes de los colegios oficiales» por $6.551 millones.

Gómez vendedor de vehículos de aseo

La empresa de servicios públicos Cumare S.A. que cumple operaciones en 6 municipios, entidad del orden departamental, fue evaluada por la Contraloría General de la Nación en un informe final de auditoria de la citada ESP en un informe de la vigencia del 2019 publicada en septiembre de 2020.

Allí se analizan y dictaminan hallazgos en relación con la gestión del plan departamental de aguas. En el subsector alcantarillado se compró para Saravena, uno de los municipios que cubre Cumare S.A. ESP un vehículo con características especiales para la limpieza de la redes del sistema de alcantarillado. El contrato No. 038 de 2019 lo ganó el inefable Omar Gómez Carreño y según el informe de la Contraloría fue suspendido.

Frente a tantas evidencias de este súper contratista multiusos habría que señalar, a modo conclusorio, que actúan en perfecto engranaje con los contratantes, ya sean alcaldes, gobernadores, secretarios o directores administrativos y que en apariencia, su deambular multiusos en aspectos de licitaciones públicas y contratos obedece a una inmensa fisura en la estructura de las leyes que permiten, impunemente, este tipo de situaciones irregulares.

Por allí se va parte del presupuesto general de la nación y de las entidades territoriales como un agujero negro el cual, pese a esfuerzos de las entidades de control del estado, es tarea imposible su verdadero control.  Son poderosas mallas que controlan a políticos y parte de la estructura administrativa del estado colombiano.

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