No obstante las pruebas allegadas por la Fiscalía y los antecedentes que pesan sobre el funcionario, quien ya había sido suspendido de su cargo meses atrás por la Procuraduría General de la Nación, el Juez 42 Penal de Control de Garantías de Medellín dejó en libertad al ex contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, implicado en actos de corrupción.
Junto a él también fueron dejadas en libertad otras ocho personas que harían parte de lo que la Fiscalía ha considerado un entramado de corrupción.
El juez consideró que el excontralor y los otros procesados no entorpecerían las investigaciones, por lo que los dejó en libertad. Cosa que no respaldó la Fiscalía que en reiteradas ocasiones advirtió que Zuluaga, quien renunció hace unos días a su cargo en la Contraloría departamental, como los otros procesados tienen vínculos con personas poderosas que podrían influir en las pesquisas.
Para un juez de garantías, no fueron suficientes las pruebas presentadas por la Fiscalía en contra de Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, y ocho personas más por su presunta vinculación en una red de corrupción al interior de la Contraloría de Antioquia. Por esta razón, los nueve vinculados al proceso, entre los que están alcaldes de varios municipios del departamento y el gerente del Hospital de Copacaba, fueron dejados en libertad.
Según el togado, la Fiscalía no aportó las pruebas suficientes para que se pudiera establecer, bajo inferencia razonable, que los imputados hacían parte del entramado de corrupción.
Vale recordar que Zuluaga fue capturado el pasado 22 de agosto señalado de ser la cabeza de una red de corrupción en la que varios funcionarios de la Contraloría de Antioquia se hacían los de la vista gorda a los resultados de auditorías realizadas por la entidad a cambio de dinero, contratos, millonarios bienes y puestos. Bajo esta modalidad, se habrían beneficiado varios alcaldes que habrían cometido irregularidades en la administración de recursos del erario local
En el caso están incluidos César Augusto Zapata Pérez, alcalde de La Pintada; William Enrique Rendón Agudelo, alcalde de Jardín; Luz Marina Marín Daza, alcaldesa de San Carlos; Héctor Darío Cano Arango, gerente del Hospital de Copacabana; los contralores auxiliares José Hernando Duque Naranjo, Dioner Andrés Ortiz y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal; así como Johnny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico de Briceño. Todos ellos recuperaron su libertad en la noche de este miércoles.
A pesar de las investigaciones en su contra, todos ellos podrán volver a sus cargos, incluido los cuatro alcaldes que terminan periodo el 31 de diciembre de este año. El único que no podrá volver a su puesto es Sergio Zuluaga, ya que hace unas semanas presentó ante la Gobernación y Asamblea de Antioquia su renuncia «inmediata e inequívoca». Dentro del proceso, llamado «Contraloría de Bolsillo» por parte de la Fiscalía, las autoridades ocuparon 28 propiedades -que incluye nueve automóviles, dos sociedades y tres hoteles- con un valor de $13.000 millones.
Pero lo que más llama la atención de este fallo, que deja en libertad a estos personajes es que coincide con las declaraciones dadas hace poco por el propio gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pidió “paciencia y esperar a que haya una decisión definitiva» sobre la actuación del contralor, y de demás implicados entre los que se encuentran varios contralores auxiliares, los alcaldes de La Pintada, San Carlos, Jardín, el gerente del Hospital de Copacabana y un asesor jurídico del municipio de Briceño”.
«En el pasado, yo recuerdo que al señor contralor lo detuvieron y quedó nuevamente libre, entonces en esto, a veces, hay muchas personas que dicen caígale al que está caído. Yo creo que tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces, cuando haya una decisión definitiva de los jueces nos pronunciaremos”, dijo semanas atrás el gobernador Pérez Gutiérrez.
Cabe recordar que después de este pedido de “clemencia” del Gobernador, salieron a la luz pública la conversación donde Zuluaga habla con alguien sobre Hidroituango.
“Zuluaga: “no, oíste es que yo ya a Hidroituango le había hecho una auditoría donde había develado todas esas güevonadas. Y había hablado del contrato de aceleración y había hablado de una cantidad de cosas que están ahora. Lo que se está dando cuenta la gente ahora es que yo tenía la razón cuando lo dije, güevón”.
Otro: “No güevón, yo hace 10 días te dije que volvieras a hablar o que hablaras de Hidroituango y no lo hiciste”.
Zuluaga: “ehh güevón, y ¿echo al agua al gobernador? ¿Me pongo a pelear con el gobernador? No quería”.
Otro: “yo te hago una pregunta, ¿es que vos tenés que echar al agua al gobernador para decir (…)”.
Zuluaga: “El gobernador no quería (…)”.
Otro: “ahí están pagando las güevonadas de no salir a tiempo a las cosas”.
Zuluaga: “mañana llegamos y hablamos bueno”.
En respuesta, el gobernador Pérez Gutiérrez se limitó a decir ante la Asamblea de Antioquia que “no es bueno dejarse llevar por los chismes. Quiero aclarar con argumentos un comentario que salió en una llamada telefónica del contralor y a qué gobernador se refería el contralor en el audio”.
El fallo de libertad también vuelve a generar preguntas sobre el nombre de Juan Carlos Peláez Serna, director ejecutivo seccional del Consejo de Judicatura, quien fue contralor de Medellín en 2012 y le dio el cargo de contralor de responsabilidad fiscal a Sergio Zuluaga, hecho que hasta el momento no arrojaría muchas suspicacias. Sin embargo, cuando Zuluaga pasó a ser contralor de Antioquia, nombró como jefe de planeación de la entidad a Peláez Serna.
Rechazan decisión
Apenas se supo la noticia de la libertad de Zuluaga, el concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, el diputado Luis Peláez y el representante a la cámara Jorge Gómez anunciaron una demanda en contra de Zuluaga Peña por enriquecimiento ilícito, prevaricato y favorecimiento a terceros.
Los tres coincidieron en señalar que Zuluaga Peña es un peligro para la sociedad porque viene delinquiendo desde tiempo atrás, incluso cuando se desempeñó como jefe de responsabilidad fiscal en la Contraloría de Medellín.
Bernardo Alejandro Guerra afirmó que directamente le solicitó, hace tres años, al gobernador que le quitara el respaldo a Sergio Zuluaga debido a su comprobada participación en actos de corrupción como el embellecimiento ilícito que se practicó en el hospital público La María, y nunca obtuvo respuesta.
Recordó los resultados de la auditoría forense realizada por la Superintendencia de Salud en el Hospital La María, donde se evidenciaron 36 comportamientos irregulares y sin embargo, el entonces contralor de Antioquia no encontró nada. Y aseguró que Juan Carlos Peláez Serna, quien fungió como subcontralor cuando Zuluaga Peña estuvo suspendido 10 meses, firmó el fenecimiento de muchas cuentas, entre ellas una del Hospital de Turbo, donde fue gerente Jesús Eugenio Bustamante Cano, quien a cambio, nombra en noviembre de 2018, al hermano de Juan Carlos Peláez Serna en el Hospital General de Medellín.
Por eso Guerra se fue lanza en ristre contra el ex contralor, a quien acusó de ahora manejar los hilos de la justicia en Antioquia, desde lo operativo, con Juan Carlos Peláez Serna como director ejecutivo Seccional de la Rama Judicial.
Por su parte, el representante a la Cámara Jorge Gómez, calificó como un acto de indecencia la forma como se produjo y se tramitó la renuncia de Sergio Zuluaga para eludir la reclusión de éste, fue claro como se negoció con los diputados la realización de una reunión exprés para que le aceptaran la renuncia y de esta manera entregarle la excusa al juez de control de garantías para no dictar medida de aseguramiento.
Según el diputado Luis Peláez, “Sergio Zuluaga fue escogido por Luis Pérez para ser el contralor de Luis Pérez, escogido especialmente para tapar todas las irregularidades del gobernador, para que archivara las investigaciones donde aparecen comprometidos funcionarios del gabinete del departamental, con la venia de los diputados de la coalición. Esté escándalo de corrupción es el ventilador más grande en toda la historia de Antioquia y salpica al gobernador, a los diputados, alcaldes y otros funcionarios”.
¿Huyendo?
Y para rematar esta mañana de viernes por medio de su cuenta en Twitter, la fiscal delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Carrasquilla, denunció que el excontralor Zuluaga Peña fue visto en un aeropuerto, disfrazado de piloto.
En la publicación, que va acompañada de una fotografía, se cuestiona por qué el exfuncionario, investigado por presuntos actos de corrupción, se camufla en un uniforme.
Carrasquilla Minami indicó que pese a que el juez 42 penal municipal, con funciones de control de garantías, no restringe la circulación de Zuluaga Peña por el país, su conducta demuestra que es un “bandido” y que algo está ocultando. La funcionaria desconoce el destino del procesado.
“Lo que nos permite establecer en la fotografía es que si bien es cierto que el ex contralor no tiene orden de captura, pues la pregunta es por qué se disfrazó de piloto para que no lo reconozcan y se encuentra en el aeropuerto con su intención de viajar. Lo que está haciendo es huyendo, demostrando que es un bandido”, señaló la fiscal.
En las audiencias se conoció que Sergio Zuluaga vive en Karibaná, un conjunto residencial en Cartagena cuyo arriendo puede costar entre 15 y 25 millones de pesos. El abogado defensor Santiago Trespalacios, dijo que no conoce la ubicación actual de su defendido, pero que en la última conversación, le manifestó tenían la intención de visitar a sus hijas que viven en ‘La Heróica’.
“Sergio no tiene restricciones para viajar, no sé dónde pueda estar, pero cuando hablamos me dijo que quería ir donde sus hijas que estudian y viven en Cartagena”, aseguró el abogado.
Por lo pronto tanto la Fiscalía como la Procuraduría apelaron ante el Juez de Garantías la decisión que dejó en libertad al cuestionado funcionario, que de investigador, pasó a investigado.
