El Meta es hoy día el tercer departamento del país con más afectados por el coronavirus, 479, concentrando el mayor número en el Centro carcelario y penitenciario de Villavicencio, 421.
La capital del Meta pasó en solo dos semanas de reportar pocos casos a situarse en este nada privilegiado lugar, incluso por encima del Atlántico y de Bolívar.
El contagio de un detenido que fue atendido en el Hospital Departamental de Villavicencio, propagó en pocos días de manera acelerada el virus en la tierra llanera.
La situación contrasta con los actos de corrupción que en el pasado se dieron en esa población, cuando se esquilmaron sin el menor pudor recursos de la salud y que hoy bien habrían servido para contrarrestar la situación.
Uno de esos actos fue del que tuvo conocimiento la Fiscalía General de la Nación y que a la fecha no ha sido resuelto. Antes por el contrario, pasados unos 9 años, aún sigue generando noticias.
Se trata de un contrato que se proyectó para que el Departamento tuviera acceso al sistema de telemedicina, el que hoy pasada casi una década, no existe.
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Hace dos semanas, el Juez Segundo Penal del Circuito de Villavicencio decidió no precluir el proceso, en el que en su primera etapa se vinculó a varias personas que en su momento fungieron como secretarios de Salud departamental del Meta: Carmen Sofía Motta Sepúlveda, exsecretaria de Salud (2008), Mónica Del Pilar Anzola Roa, exsecretaria de Salud (2011), Eduardo Guillermo Cadena, exsecretario de Salud (2015) y William Fernando Romero Torres, exsecretario de Planeación.
En la última actuación el exsecretario Fernando Romero, era quien pedía la preclusión del caso.
Los antecedentes
En el 2018, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado contra estos tres exsecretarios de Salud y el exsecretario de Planeación del Meta, por irregularidades en la contratación del servicio de telemedicina, el cual nunca funcionó.
De acuerdo con los hallazgos del ente investigador, en 2008 la Secretaría de Salud departamental suscribió un contrato por $5.957’767.738 pesos con la empresa Arolen, para la puesta en marcha del proyecto de telemedicina, sin la previa ejecución de estudios de prefactibilidad y sin tener en cuenta la poca capacidad de los hospitales que prestarían este servicio.
Ese contrato finalmente no se dio, no hay documentos en el Secop que así lo certifiquen.
Pero posteriormente, se realizó un nuevo proceso contractual por $872.000.000 de pesos para fortalecer el proyecto tecnológico, que nunca entró en funcionamiento.
“Los elementos recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado. Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el cumplimiento en las responsabilidades pactadas” señaló la Fiscalía.
Además de los cuatro exfuncionarios, quienes se habrían apropiado irregularmente de $518 millones de pesos, la Fiscalía le imputó cargos al contratista de la empresa Arolen, Carlos Eduardo Gamboa Plata, ante el Juzgado 3º Penal de Garantías de Villavicencio.
Sin embargo en una auditoría que realizó en el 2011 la Contraloría General de la República el primer contrato, el 1674 de 2008 con el objeto de “Implementar el sistema de telemedicina en el Departamento del Meta”, se suscribió fue con la firma Tes América Andina Ltda., no con la empresa Arolen y su monto fue de $4.966,51 millones de pesos y adicionado en la suma de $991,25 millones, para un total de $5.957,76 millones de pesos.
Sin embargo, no hay claridad sobre el tema porque en la base del Secop solo se encuentra el contrato con registro SS_LP_PS_02_2011 por valor de 872,812,500 pesos para “La conectividad, licencias y gestión del Sistema de Telemedicina en el Departamento del Meta” y que se suponía iba a beneficiar a los municipios de: El Castillo, Restrepo, San Martín, Vistahermosa, Castilla La Nueva, Medellín de Ariari, El Dorado, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, Barranca de Upía, Cubarral, El Calvario, La Macarena, Puerto Concordia, Cabuyaro, Granada, Mapiripán, Uribe, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Fuente de Oro, Lejanías, Villavicencio, Acacías, Guamal, San Juanito, Cumaral y Puerto Rico.
La visita técnica de la Contraloría al hospital Departamental de Villavicencio, el 22 de marzo de 2013 evidenció, la no conectividad de los equipos adquiridos para el desarrollo del sistema de telemedicina en los entes hospitalarios de los 29 municipios del departamento, inoperatividad que data desde noviembre de 2011, generando una gestión fiscal antieconómica y contraria a los principios de eficiencia y economía establecido en el Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000.
Igual situación se evidencio, con las visitas técnicas a los entes hospitalarios de los municipios de San Carlos de Guaroa, Barranca de Upía y Cumaral, durante los días 9 y 11 de abril respectivamente; los cuales certifican que los equipos de telemedicina están fuera de servicio desde el mes de noviembre de 2011 aproximadamente.
Además la gerencia departamental de la Contraloría en auditoría realizada a la Gobernación, en la vigencia 2010, comunicó algunos hallazgos administrativos entre ellos el H-12 y H-13, respecto de la falta de seguimiento y control en la operatividad del sistema de telemedicina en el departamento, sin que a la fecha se hayan tomado los correctivos, por parte del ente auditado.
Así mismo, revisadas las acciones implementadas por la Gobernación, dentro del plan de mejoramiento, se evidencia que no son coherentes ni pertinentes, toda vez que la elaboración de un formato para hacer seguimiento a la conectividad de las entidades hospitalarias, no mitiga el riesgo que se viene generando por la falta de conectividad del sistema. Igualmente analizados los estudios previos del contrato de telemedicina, se observar que se plantean una serie de justificaciones económicas, asistenciales y sociales, entre otras, que no se ven reflejadas con la realidad del sistema implementado, toda vez que al encontrarse paralizado el servicio de telemedicina por un lapso de dieciséis meses aproximadamente, se desvirtúa por completo el contexto del objeto contractual, por cuanto el costo total del servicio supera la eficacia del beneficio.
Adicionalmente el organismo fiscal desvirtuó por completo el informe de gestión de la Gobernación del Meta, 2008-2011, el cual señalaba “Adicionalmente, durante los últimos años, el Meta ha consolidado el programa de telemedicina, el cual se ha convertido en una experiencia exitosa a replicar en el territorio nacional”, cuando los entes hospitalarios de algunos municipios han certificado, que están sin conectividad del sistema de telemedicina aproximadamente desde el mes de noviembre de 2011.
En ese entonces la Gobernación consideró que no era posible declarar detrimento alguno en vista que no se cumplen las condiciones del artículo 6 de la Ley 610 de 2000; teniendo en cuenta que el objeto del contrato fue cumplido a cabalidad así como ha estado al servicio del sector salud y que la operación del Sistema dependía de la consecución e inversión de recursos en cada anualidad.
Señaló la Contraloría en consecuencia que “si bien es cierto que el contrato de la referencia se ejecutó con normalidad, no es menos cierto que la Administración tenía la responsabilidad de continuar con la prestación del servicio y puesta en marcha del sistema para sopesar el costo del contrato y el cubrimiento del beneficio que busca el mismo, porque de nada vale que los bienes adquiridos se encuentran en buen estado, si el objetivo para el cual fue adquirido no se ve reflejado en la actualidad”.
Por ello, determinó en esa época un daño patrimonial en cuantía de 4.259,23 millones de pesos, correspondiente al valor de los equipos adquiridos para la conectividad del sistema de telemedicina, los cuales no se encuentran en operatividad.
En cuanto al Contrato No. 1598 de 2011, cuyo objeto es contratar la “conectividad, licencia, gestión del sistema de telemedicina en el departamento del Meta”, por valor de 872,81 millones de pesos, se evidenció deficiencias en la planeación del proyecto, puesto que no se tuvieron en cuenta en su oportunidad, aspectos y componentes necesarios para su ejecución, lo cual condujo a que existieran varias suspensiones del contrato y finalmente, a que el objeto del contrato no se llevara a cabo.
La Secretaria de Salud del Meta, declaró la caducidad del contrato, mediante Resolución No. 1337 de 2012 de fecha 28 de Junio de 2012, por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, presuntos actos de corrupción y falsedad en documentos presentados por el contratista, tal como obra a folios 587 al 592 de la carpeta 3; pero no se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato, la póliza de buen manejo e inversión del anticipo.
La entidad en respuesta a la observación expone que no existen deficiencias en la Planeación del Proyecto, pues en él se tuvieron en cuenta los elementos necesarios para la continuidad en el servicio de conectividad de Telemedicina; así mismo respecto de la Declaratoria de Caducidad del Contrato, no ha sido posible hacer efectiva la cláusula penal y la póliza respectivamente, porque el Contratista una vez conocido el acto administrativo sancionatorio en julio de 2012, hizo uso de todas las herramientas legales para impedir o detener la ejecución.
Aquí la Contraloría determinó que se giró el valor del anticipo del contrato y este no se ejecutó, lo que generó un presunto daño fiscal, en la cuantía de 436,40 millones de pesos.
El presente
El tiempo fue pasando y el lío de telemedicina para el Meta llega a febrero del 2020, en plena pandemia de coronavirus y con la negativa del Juez Segundo Penal del Circuito, a precluir el proceso contra William Romero.
Romero indicó que la audiencia fue con base en la actuación que como secretario de Planeación tuvo en su momento frente al proyecto de telemedicina. “Es muy diferente al contrato o programa, de hecho, son dos momentos, uno es el proyecto y otro el contrato y su ejecución”, aclaró.
Romero afirmó que en su momento fueron dos contratos por un valor de cinco mil seiscientos millones, e hizo referencia en que él certificó fue el inicial. Para el exfuncionario es mentira que la telemedicina no funcionó en el Meta.
“La denuncia que hizo un personaje en la Cámara de Comercio en la audiencia de Urna de Cristal, fue que el programa costó $50 mil millones y se los robaron. Con base en eso la Fiscalía inició una ‘cacería de brujas’ y supuestamente establece unas responsabilidades, pero por el segundo contrato”, dijo a medio locales.
El exsecretario es señalado de haber viabilizado y registrado el proyecto de telemedicina, permitiendo así que los recursos se perdieran. Sin embargo, él asegura que dentro de sus funciones no estaba nada de eso.
En la audiencia el abogado defensor de Romero, explicó que no existe responsabilidad y que la causal de William para pedir esa preclusión, es porque el delito que se le indilga, el cual es el de celebración indebida de contratos en calidad de coautor, según él no existe.
“La respuesta del fiscal fue decir que no consideraba que era viable la preclusión porque no es el momento, que es un tecnicismo del defensor haber llevado esa preclusión a una audiencia preparatoria”, expresó el exsecretario.
Vendrá la etapa probatoria con el juicio oral, donde se mencionarán presuntos hechos de corrupción que según Romero ocurrieron en la vigencia del 2012. En manos del Tribunal Superior estará definir la solicitud de apelación, la cual podría demorar por lo menos seis meses.
Mientras tanto el Meta ha quedado desamparado ante los avasalladores contagios del coronavirus, sin un sistema de telemedicina que ahora le garantice a sus habitantes, al menos un acceso más expedito a los servicios de salud.
