En una semana se han conocido las decisiones que el sistema de justicia, Fiscalía y jueces, han tomado respecto a personajes políticos de las filas uribistas, cuyos procesos llevaban varios años esperando y fueron resueltos a su favor. 

Apenas la semana pasada la Fiscalía decidió archivar el proceso contra David Zuluaga, hijo del ex candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien, una vez conocida la decisión, anunció que se reencaucha y vuelve a candidatearse

Zuluaga, hijo, era investigado por la supuesta infiltración a las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc a través del llamado hacker Andrés Sepúlveda, quien trabajaba en la campaña de su padre. 

La corroboración de la inocencia de David, sumada al archivo de la investigación en mi contra en 2017 y la absolución en juicio de Luis Alfonso Hoyos en 2019, confirma que estas fueron acusaciones mentirosas, motivadas políticamente”, indicó en un comunicado el excandidato del Centro Democrático. 

La investigación se adelantó durante la Fiscalía de Eduardo Montealegre, quien indagaba si el Centro Democrático, como destinatario de la información que el ‘hacker’ manejaba, tenía conocimiento de las actividades ilícitas de Sepúlveda, si las favoreció o fue determinador de dichas actividades. 

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Sin embargo, el ente acusador ahora en cabeza del controvertido, Francisco Barbosa, aseguró que no había suficientes pruebas para vincular al hijo de Zuluaga con actividades ilícitas. 

La reculada del ‘hacker’ 

En su columna de este domingo en Los Danieles, el periodista Daniel Coronell, hizo un juicioso recorderis del caso Sepúlveda, revelando que el principal testigo contra Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos, era precisamente Andrés Sepúlveda, quien no quiso comparecer contra los ex funcionarios implicados. 

Andrés Sepúlveda

Hoyos fue absuelto en agosto del 2019 en segunda instancia por decisión del magistrado Leonel Rogeles Moreno del Tribunal Superior de Bogotá, que respaldó la decisión del Juzgado Octavo Penal de Bogotá. 

El Juez ya había dado un “jalón de orejas” a los delegados del ente acusador al decirles que no expusieron ante el estrado la evidencia suficiente para demostrar la participación de Hoyos en las actividades ilegales del tan sonado pirata informático. 

Durante ese proceso la Fiscalía, en 2014, calificó los hechos como “graves” dado que el llamado asesor espiritual de la campaña, al parecer, buscaba información para afectar directamente al proceso de paz. En las investigaciones se constató que el hacker también estuvo vinculado en el proceso. 

En efecto, Coronell revela en su columna que en el fallo de archivo de la Fiscalía se lee: “la falta de colaboración prometida por parte del señor Andrés Fernando Sepúlveda (hacker), quien se negó a seguir sirviendo como testigo de cargo de la Fiscalía, y era el único que podía confirmar la participación y conocimiento del gerente de la campaña”. Y agrega el fallo: resulta claro que el comportamiento del señor David Zuluaga Martínez, pese a que exista la duda de su actuar y se logra desvistuar su presunción de inocencia, no existen elementos materiales probatorios que comprometan su actuar”. 

En otras palabras lo que favoreció a Zuluaga, gerente de la campaña de su padre, así como a Luis Alfonso Hoyos, asesor espiritual absuelto en segunda instancia, fue el silencio del hacker que decidió no reiterar lo que ya había dicho y repetido en el proceso contra él. Por determinación de la ley los testimonios trasladado de un caso a otro, no tienen la misma fuerza. El testigo debe presentarse en cada proceso”, señala el periodista en su columna. 

Renglón seguido recuerda que en declaraciones a la Fiscalía cuando fue capturado, Sepúlveda afirmó que, con órdenes y dinero de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, sobornó a miembros de la inteligencia que operaban en un centro de interceptaciones del Ejército llamado sala Andrómeda, para obtener información que sirviera para desprestigiar el proceso de paz con las Farc

Y reseñó apartes de la entrevista que concedió al entonces periodista de Semana Ricardo Calderón en el 2014. En ella, Sepúlveda aseguró que la campaña de Óscar Iván Zuluaga sabía que la información que él les suministraba la infiltraba a través de Andrómeda. “A Andrómeda se le dio… no voy a especificar en concreto en la suma, pero hicimos varios negocios con ellos y todo era bajo el aval de la campaña”, dijo. 

Tambien afirmó que ya preso en La Picota recibió una visita de alguien que lo invitó a que firmara una declaración retractándose de lo atestiguado. 

Querían que dijera que aquí me estaban presionando, que aquí en la Fiscalía me estaban presionando, para declarar en contra de Zuluaga y en contra de Uribe”, señaló. 

Sepúlveda fue condenado y en el 2018 pidió acogerse a la JEP ratificando lo dicho, pero fue rechazado en ese tribunal.  

Tiempo después, ya libre, se dio a la tarea de cambiar su testimonio inicial y la defensa de Álvaro Uribe, en el proceso de soborno a testigos y fraude procesal, consiguió que declarara que lo forzaron a confesar delitos que no cometió y que fue presionado por la Fiscalía para atestiguar contra el ex presidente. 

En el 2017, cuando ya no era fiscal Montealegre, le concedió una entrevista a Vicky Dávila en la W, ratificó que todo lo que hizo desde infiltrar a las Farc hasta la generación de propaganda negra, fue dentro de la campaña política y buscaba afectar el proceso de paz

Hoy, desde el exterior Sepúlveda vive diciendo que todo lo que dijo, lo hizo presionado por la Fiscalía, que fue un montaje, que nunca estuvo cerca de la campaña de Zuluaga. Pero no cuenta por qué no quiso presentarse como testigo contra el par de políticos. Incluso le concedió el fin de semana una nueva entrevista a Vicky Dávila, en la que negó todo lo que dijo en su pasado encuentro.  

Valdría la pena conocer la razón que lleva al señor Sepúlveda a negar lo que sostuvo por tantos años. Tal Vez sea la misma que lo animó a no declarar en los procesos de David Zuluaga y de Hoyos”, concluye Coronell en su columna. 

Adicional a este reverzaso del hacker, toca recordar que el proceso contra David Zuluaga por los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales, duró siete años. 

Y una de las causales que invocó el ente acusador para archivar la investigación fue el vencimiento del término de cinco años previsto en la ley de Seguridad Ciudadana 1453 de 2013, para formular la imputación u ordenar motivadamente el archivo.  

La absolución de otros dos del Centro Democrático   

Paralelo a la decisión que favoreció a Zuluaga se conoció otro fallo, esta vez el proferido por el Juez 56 de Conocimiento de Bogotá, que absolvió a César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe, en la investigación por las «chuzadas» del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo

Ambos fueron imputados por los supuestos seguimientos ilegales realizados a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes adelantaban investigaciones por paramilitarismo.   

El juez consideró que, durante el juicio, la Fiscalía General de la Nación no probó su teoría del caso ni logró desvirtuar la presunción de inocencia de los dos imputados. 

La decisión del Juez se dio pese a que apenas hacía una semana, la Fiscalía General de la Nación solicitó que emitiera una sentencia condenatoria contra Velásquez, exsecretario de prensa de la Casa de Nariño, y Del Castillo, ex secretario jurídico del expresidente Uribe Vélez, acusados por el escándalo del complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia en el año 2007. 

La solicitud del fiscal delegado Omar Bernal, advertía que las pruebas aportadas evidencian que existió un concierto criminal con otros exfuncionarios del Gobierno de Álvaro Uribe, del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), para cometer acciones ilícitas como lo fue para deslegitimar a los magistrados de la Corte Suprema. 

Pero tampoco tuvo en cuenta el juez, el testimonio del propio ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien desde su centro migratorio en los Estados Unidos se ratificó en sus señalamientos sobre el complot del que habrían hecho parte varios exfuncionarios del gobierno de Uribe Vélez para desprestigiar la Corte Suprema de Justicia, en el año 2007. 

Mancuso reafirmó que para desprestigiar a la Corte lo contactaron para que buscara una foto u otra prueba de reuniones de Giorgio Sale –señalado de lavado de activos–, con un exmagistrado de ese alto tribunal. 

Y aseguró que detrás del supuesto plan para enlodar al alto tribunal existió una alianza entre la llamada ‘Oficina de Envigado’, la Presidencia de la República y el DAS. Según Mancuso, el objetivo era llegar a poder montar una Corte ad hoc, afectando al alto tribunal. 

Me ratifico en lo dicho en toda la grabación, lo que dije en el año 2016 y lo que usted escuchó, era básicamente el desprestigio de la corte o tumbar la corte para montar una corte ad hoc”, reseñó Mancuso. 

También manifestó que en varias oportunidades, supuestamente delegados del gobierno de Uribe Vélez, lo contactaron ante la preocupación existente por sus declaraciones referentes a los nexos de la clase política con los grupos paramilitares.  

A su turno, el expresidente Álvaro Uribe quien también declaró, negó que estos exfuncionarios hayan realizado presiones al DAS, o se hubiese cometido otro tipo de actuaciones ilegales para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. 

Nunca, eso no corresponde ni a la ética, ni a la moral, ni a la trayectoria de César Mauricio Velásquez, ha sido lo más injusto contra él y contra nuestro Gobierno”, dijo Uribe Vélez. 

Lo cierto es que la decisión sobre Zuluaga favorece de manera directa a su padre, quien ya anunció estar dispuesto a volver a candidatizarse a la presidencia en el 2022; mientras que deja el camino expedito a los dos exfuncionarios de Uribe para que vuelvan al redil a “prestar sus buenos oficios” a la causa uribista. 

Una vez más la justicia en Colombia actúa lenta, y cuando finalmente llega, absuelve y de paso le allana el camino a servidores públicos cuyas actuaciones, quedan en entredicho. 

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