Por orden de la Sala de Restitución de Tierras del Tribunal de Cúcuta, el representante a la Cámara por Santander del partido Centro Democrático, Oscar Villamizar Meneses, y sus dos hermanos, Ingrid y Danny, deberán devolverle a una familia campesina un predio despojado, según la justicia, de una manera “bien curiosa”.
La Sala anuló los contratos y registros que llevaron a que, desde 2008, los hijos del condenado ex senador Alirio Villamizar –envuelto en el escándalo de creación de notarías a cambio de votar la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez-, se quedaran con un enorme predio ubicado en el municipio de Girón.
Según reveló este fin de semana el periódico El Espectador, los hermanos Villamizar deberán devolver el predio a Martha Capacho, una mujer a la que el conflicto armado le arrebató su tierra y su esposo.
“Aunque el congresista uribista y sus hermanos intentaron una y otra vez defenderse diciendo que la mujer no era víctima del conflicto armado y que el negocio había sido transparente, la justicia les cuestionó que nunca hicieron la debida diligencia para adquirir un bien ubicado en un lugar que, por años, fue un enclave guerrillero y de los paramilitares”, señala la investigación de El Espectador.
En octubre de 1997 hombres armados, aparentemente guerrilleros sacaron de su finca a Martha Capacho y a su familia, acusándolos de prestar ayuda al Ejército.
“El esposo de Capacho, Óscar Duarte, había comprado nueve años antes, en 1988, la finca, llamada Puerto Rico, ubicada en la vereda Marta del municipio de Girón. El predio tiene casi 1,73 kilómetros cuadrados ―el parque Simón Bolívar, en Bogotá, tiene 1,13― y colinda con dos fuentes hídricas: por el norte el río Sucio y por el sur el río Sogamoso. Tras el ultimátum de la guerrilla, empacaron sus cosas y a la mañana siguiente se fueron a Bucaramanga. De camino a la ciudad, se encontraron con un retén de paramilitares que los hicieron bajar del vehículo, pero no les hicieron daño”, dice el informe.
Desde ese momento, el terreno quedó deshabitado. La familia se refugió donde unos amigos, hasta donde llegó Jairo Mantilla, quien les propuso una permuta: intercambiar el predio por una casa hipotecada en la capital de Santander. “La casa estaba embargada, pero como el dicho: ‘del ahogado el sombrero’. Dije: ‘vendemos la casa, pagamos lo que deben al banco y nos quedamos con una parte”, explicó Capacho en el proceso.
El negocio se finiquitó el 17 de junio de 1999, pero como propietario en la escritura no figuró Jairo Mantilla, sino su cuñada Luisa Castellanos Rodríguez, quien ¡oh sorpresa!, fue la funcionaria de la Gobernación de Santander que el 21 de abril de 1998, les había recibido la denuncia de desplazamiento y obviamente conocía que el predio había quedado abandonado.
El valor en el que se tasó la finca fue de $49 millones, pero según un peritaje del Instituto Agustín Codazzi para ese momento el predio podría rondar los $226 millones. Más de cuatro veces el valor.
“Nosotros sí queríamos venderla”, reconoció en su declaración Martha Capacho, “porque nosotros no queríamos volver allá. Apareció un señor en la casa, Jairo Mantilla, ofreciéndonos que, si la queríamos vender, pues que él tenía un posible comprador. No sé cómo se enteraría él de que nosotros teníamos una finca en venta”.
Tiempo después, revela El Espectador, en 2001, el esposo de Capacho fue asesinado en el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Santander), al parecer, por grupos paramilitares.
El 4 de octubre de 2002, la finca Puerto Rico cambió de dueña y, en lugar de ser Luisa Castellanos, ahora la propietaria pasó a ser Nancy Mantilla, hermana de Jairo Mantilla. Esta última mujer, a su vez, fue quien el 22 de febrero de 2008 les vendió la finca a los hermanos Villamizar Meneses.
Según los testimonios que recopiló el Tribunal, sin embargo, la negociación la hizo directamente Jairo Mantilla con los hijos del exsenador Alirio Villamizar. “Era dable concluir razonablemente que todos estos, por el parentesco y la admitida cercanía de su relación, deberían ser sabedores del desplazamiento de Óscar Duarte”, advirtió la Sala de Restitución de Tierras.
“Óscar Villamizar y sus hermanos le explicaron al tribunal que no tenían relación con la situación de violencia de Girón en los años 90. Pero en los procesos de restitución de tierras se tiene que probar algo más: la buena fe exenta de culpa. Es decir, los compradores tienen que demostrar que agotaron todas las averiguaciones para asegurarse de que el predio no tuviera relación con un hecho violento o corrupto.
Danny Villamizar, hermano del congresista, le explicó al tribunal: “Le preguntamos a él [Jairo Mantilla], se lo preguntamos a los vivientes, en cada una de las fincas que estuvimos, en ese sector y en otras zonas, si eran fincas con algún problema legal”. Y, aclara Villamizar, siempre les dijeron que no.
“Además, los hermanos aportaron un informe reservado de inteligencia de la Quinta Brigada del Ejército en el que se lee: “En la vereda la Marta, municipio de Girón, en Santander, no se encontró registro sobre presencia de grupos al margen de la ley, que pudieran desestabilizar la seguridad ciudadana en la región para los años 2006 y 2007”. No obstante, el Tribunal desechó esa prueba por tres razones: era un documento reservado; porque se refería a la situación casi diez años después del desplazamiento de la familia Duarte Capacho; y porque fue expedido en 2009, un año después de que el predio pasó a ser de la familia Villamizar”, continúa el informe de prensa.
También alegaron, para desacreditar la solicitud de restitución de Capacho, que Óscar Duarte, usaba el predio Puerto Rico para desguazar carros hurtados, lo cual fue desvirtuado por el Tribunal, pues, aunque el hombre fue condenado por el delito de encubrimiento, los hechos ni siquiera tuvieron lugar en la finca de Girón y ocurrieron tiempo después del desplazamiento.
Y se atrevieron a poner en duda que Martha Capacho fuera víctima de desplazamiento, pues, dijeron, presentó la denuncia por desplazamiento años después de ocurrido, lo cual también resultó falso, porque sí estaban registrados en la unidad.
Resulta que lo que quiere evitar a toda costa el congresista el centro Democrático y sus hermanos, es perder una plantación de caucho que, hasta la fecha, estaba dejando millonarios dividendos. Además de este negocio, en el proceso quedó también consignado que la otra compañía afectada es la multinacional Exxon Mobil. Por negocios a los que no se refiere la sentencia, tienen derecho a explorar el 18,8 % de la finca para buscar yacimientos de hidrocarburos.
Pero peor que los intentos de negar la condición de Capacho, fue la posición de la Procuraduría, que manifestó que no se le debía creer a Capacho, pues su relato presentaba inconsistencias, y argumentó el procurador Juan David Gómez Rubio que solo quería inscribirse como desplazada para obtener beneficios en salud o subsidios económicos del Estado.
El Tribunal contestó en la sentencia: “Martha Capacho rememoró, una y otra vez, cuáles fueron los puntuales hechos generadores del abandono del predio, de los que habló siempre de manera fluida y espontánea, sin titubeos, reticencias o contradicciones trascendentes, lo que confiere a lo relatado suficiente aptitud demostrativa”.
La versión de Capacho fue respaldada incluso por documentos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) que evidencian que entre 1996 y 1999 en esa región se registró el desplazamiento de 368 personas, tras enfrentamientos entre el Eln, las Auc y las Farc. Una testigo, además, aseguró que en 1997 “la guerrilla era la que mandaba”.
Otro testigo, vecino de Puerto Rico por veinte años, dijo: “Ese año que mataron a mi hermano Esteban fue muy terrible. Ese mismo año fue que salió doña Martha [Capacho], y que mataron al esposo de doña Elvia y a don Juan Julio. Luego a un muchacho en Las Delicias, y luego a cuatro muchachos más”.
“Así las cosas, el Tribunal tuteló el derecho a la restitución de tierras de Martha Capacho. En menos de un mes, las entidades de registro de propiedad deberán adelantar los trámites para que ella y sus hijos aparezcan nuevamente como únicos propietarios de Puerto Rico. Asimismo, el proyecto de caucho de los hermanos Villamizar será entregado a la Unidad de Restitución de Tierras para que sea explotado a través de terceros y se destinen las ganancias a la reparación de víctimas de desplazamiento. Además, el SENA de Santander deberá ingresar a la familia, sin costo y si así lo quieren, en sus programas de formación técnica”, puntualiza la información de El Espectador.
De tal palo tal astilla
Pero no habría de extrañar la conducta de Villamizar y sus hermanos.
Resulta que es hijo del exsenador Alirio Villamizar, uno de los implicados en el escándalo de la entrega de notarías, a cambio de aprobar el artículo que permitió la reelección de Álvaro Uribe Vélez.
En el fallo condenatorio de 2009, la Corte Suprema de Justicia no solo halló que había puesto a una cuota suya en la Notaría 11 de Bucaramanga, que fue creada para que él la manejara; sino que cobró (junto a su esposa María Meneses) por varios años el 50 por ciento de las ganancias de esa entidad.
Por esos hechos, fue condenado a 9 años de prisión, que por buen comportamiento se redujeron a poco más de cinco años.
Y aunque esa condena supuso la sepultura para su movimiento político, realmente jamás desapareció completamente de la escena, y como hicieron varios caciques locales, puso a su hijo Óscar Villamizar a figurar e hizo varias movidas tras bambalinas que lo ayudaron a mantenerse.
Y como las viejas mañas son difíciles de abandonar, en 2011 apoyó a la Gobernación de Santander al también investigado hoy senador de Cambio Radical, Richard Aguilar (hijo del parapolítico Hugo Aguilar), quien ganó y nombró a su hijo -el ahora Representante- en la Secretaría General del departamento.
En 2014 se terminó acercando a las toldas del viejo PIN y con ese aval lanzó por primera vez a Óscar Villamizar para buscar una curul en el Congreso como fórmula de Doris Vega, esposa del parapolítico Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, pero la fuerza no le alcanzó y se quemó con 18 mil votos.
En 2015 apoyó en Floridablanca, municipio que fue uno de sus fortines cuando tenía poder, al ahora alcalde Héctor Mantilla, y en contrapartida él le nombró a su hija Ingrid Villamizar, en la Secretaría de Desarrollo Social. Y para las legislativas, aunque intentó volver al conservatismo, al final no pudo, por lo que terminó pidiendo pista en el Centro Democrático.
Sobre todas esas movidas, Alirio Villamizar aseguró que no habían sido dirigidas por él, sino por su hijo, quien aprendió a hacer política a su lado desde muy joven acompañándolo a correrías.
O sea hijo de tigre sale pintao… o tal vez habrá que decir, dime con quién andas y te diré quién eres.
