La desfachatez de los corruptos en el departamento del Cesar no tiene límites. Y la mediocridad de los entes de control asusta. ¿En qué país vivimos?

La empresa Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS, impresiona con ese nombre, hace parte con el 50% del Consorcio Pesquero 2019, el cual celebró un contrato en 2020 con la gobernación del Cesar por un valor inicial de $10.883 millones de pesos.

La otra empresa con del 50% restante es Andina Ingeniería y Construcciones SAS, Nit. 901310443-8.

Se trata del contrato 2020*04*001 del fecha 5 de febrero de 2020, cuyo objeto es la construcción del CDT Pesquero del Cesar. El plazo de ejecución era de 9 meses.

Consideramos que tanto la empresa Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS, Nit.802012655-5, como Andina Ingeniería y Construcciones SAS, Nit. 901310443-8 son “inexistentes” para contratar con el Estado pues no cumplen con los estándares y requisitos legales para ello.

Por ejemplo, Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS desde su creación presenta inconsistencias que violan el ordenamiento jurídico de Colombia, tanto así que a través de pocos años la vemos saltando de un nombre a otro, violando protocolos exigidos por el Código de Comercio.

Su última transformación fue en el 2021, cuando cambiaron la razón social de Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS a Mediterráneo Ingeniería SAS, por medio del Acta 009 del 22 de noviembre de 2021.

La escritura pública 1199 del 1 de agosto de 2000, con la cual asegura la Cámara de Comercio de Montería que fue creada la empresa Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS, en realidad fue la escritura protocolizada para crear la empresa Telecomunicaciones Paola Ltda, en la Notaría 8 de Barranquilla.

Copia de la escritura 1199 del 1 de agosto de 2000 Notaría 8 de B Barranquilla.

Esta empresa funcionó durante 13 años prestando servicios de telefonía local, nacional e internacional, llamadas a celulares, fax, internet, transcripciones, fotocopiado, mensajería, y además asesoría y auditoría contable y tributaria, sin haberse inscrito en la Cámara de Comercio, es decir que estaban en el mercado sin Registro Mercantil, violando el Artículo 19 del Código de Comercio.

Solo hasta el 3 de abril de 2013 registraron esta escritura pública con el No.29648 del Libro IX de la Cámara de Comercio de Montería, pero extrañamente le cambiaron su nombre original por Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS.

¿Cómo se explica este cambio de nombre y objeto social, si la escritura pública 1199 del 1 de agosto de 2000, de la Notaría 8 de Barranquilla le pertenece a Telecomunicaciones Paola Ltda, con un objeto social totalmente diferente?

Esta es una de los modus operandi de los contratistas corruptos cuando quieren demostrar que su empresa tiene muchos años en el mercado. Un Comité Evaluador, conformado para estudiar las empresas en competencia en una licitación, debería ver estos detalles oscuros de una sociedad.

Con el Acta No.2 del 7 de marzo de 2013, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 3 de abril de ese mismo año, con el No.29647 del Libro IX, Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS notifica el cambio de residencia de Barranquilla a Montería.

La fecha del 3 de abril de 2013 es clave porque ese mismo día inscriben la sociedad Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS con la escritura 1199, bajo el No.29648 del libro IX. Nótese que se trata del número siguiente al de la inscripción del traslado a Montería.

¿Cómo pudieron notificar el traslado a Montería si todavía la empresa no había sido inscrita, no habías nacido?

La cereza de esta pastel corrupto la encontramos en el capital de esta empresa, pues su Certificado de Existencia y Representación Legal, de la Cámara de Comercio de Montería, certifica que es el siguiente:

  • CAPITAL AUTORIZADO: $10.000.000
  • CAPITAL SUSCRITO: $10.000.000
  • CAPITAL PAGADO: $10.000.000

¿Financieramente cómo va a responder esta empresa por el 50% de un contrato de $10.000 millones?

La otra empresa del consorcio

Analicemos ahora la empresa Andina Ingeniería y Construcciones SAS, Nit. 901310443-8, la cual fue creada por documento privado el 8 de agosto de 2019 e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el mismo día con el No.02494379.

A los pocos días de haberse creado se asoció con Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS para conformar el Consorcio Pesquero 2019 y obtener el contrato de la construcción del CDT Pesquero del Cesar.

Al rompe se puede apreciar que ninguna de las dos empresas tenía ni experiencia ni capital para responder por este contrato.

La Cámara de Comercio de Bogotá a través del RUP certifica la información financiera de Andina Ingeniería y Construcciones SAS, en donde se puede leer que la información financiera a 31 de diciembre de 2019, año en que nació esta empresa, tenían un activo corriente de $430.154.110 (dinero en efectivo en cuentas bancarias) y un activo total de $516.054.110.

De lo que se desprenden que el activo fijo era de $85.900.000, o sea las propiedades y maquinarias con que contaba la empresa.

Con estas pocas cifras vemos que no cuentan con el suficiente respaldo para responder por un contrato con el Estado por $10.000 millones. No califica para ser seleccionada.

¿Quién responde?

A todas luces se ve que la tal licitación para escoger el contratista fue amañada, burdamente direccionada. La gobernación de turno seguramente ya tenía el contratista para llevar a cabo este negocio.

Por lo tanto, el primer responsable de este descalabro para la finanzas públicas es el gobernador que dirigía el Cesar en 2020.

Se trata de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien actualmente tiene medida privativa de la libertad en su lugar de residencia al ser procesado por corrupción y acusado por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación relacionados con el PAE 2015.

En segundo término, la responsabilidad de este asalto a nuestros recursos públicos recae en la secretaria de infraestructura del departamento del Cesar, quien fue la que firmó el contrato con el Consorcio Pesquero 2019.

Esther Mendoza Peinado era la Secretaria de Infraestructura del departamento del Cesar en ese momento y firmó, en nombre del gobernador Monsalvo, el contrato 2020*04*001 del fecha 5 de febrero de 2020.

Esta secretaría cuenta con un equipo de juristas que tienen el deber de revisar y contrastar toda la información concerniente a los contratos que allí se realicen. ¿Pero quién se iba a atrever a controvertir una orden que venía del despacho del gobernador?

En esa lógica seguramente también actuaron los miembros del Comité Evaluador de la licitación pública LOP-SIN-0015-2019, sobre quienes debe caer todo el peso de la Ley, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución Nacional.

El Comité Evaluador hizo un pésimo trabajo calificando al Consorcio Pesquero 2019 como una sociedad que cumplía todos los estándares de eficiencia tanto financiera, como jurídica y de idoneidad (experiencia) para realizar el proyecto CDT Pesquero del Cesar. Actuaron en complicidad con quienes gestaron este asalto a los recursos públicos.

También son responsables, y deben responder ante la Ley, las empresas que conforman el Consorcio Pesquero 2019, pues con sus documentos y cifras amañadas indujeron a la secretaria de infraestructura a que violara la Constitución y la Ley.

Y adivinen quién es el representante legal del Consorcio Pesquero 2019. Hugo Armando Canabal Hoyos, el mismo que integra la banda de contratistas corruptos del Consorcio Centros Poblados procesados por el robo de $70.000 millones a Mintic.

Tarjeta profesional de Ingeniero Civil de Hugo Armando Canabal Hoyos.

Hugo Armando Canabal Hoyos es un siniestro personaje del mundo de la corrupción en la contratación Estatal en el caribe Colombiano. En este trabajo periodístico https://corrupcionaldia.com/centros-poblados-no-solo-falsifico-las-polizas-tambien-uno-de-sus-socios-falseo-la-identidad-de-su-revisor-fiscal/ mostramos como Canabal, de forma delincuencial, engañó a la Cámara de Comercio de Barranquilla ingresando documentos falsos de un revisor fiscal, el contador Luis Arturo Sánchez, para legalizar la empresa Intec de la Costa SAS.

Esta misma jugada criminal realizó con la Cámara de Comercio de Montería, en donde ingresó los documentos falsos del mismo revisor fiscal Luis Arturo Sánchez para cambiarle el nombre a la empresa Construcciones Maquinarias y Vías de Colombia SAS por Mediterráneo Ingeniería SAS.

La adición y las pólizas vencidas

La periodista Kastia Ospino realizó una excelente investigación para la Nueva Prensa sobre este oprobioso caso de corrupción (ver video), de la cual se desprenden varios datos interesantes.

Como lo demuestran los documentos anteriormente analizados, sobre las dos empresas que conforman el Consorcio Pesquero 2019, estas firmas no contaban ni con la experiencia, ni con el músculo financiero para hacerse cargo de esta obra por $10.800 millones de pesos.

Entonces, la gobernación del Cesar, en cabeza de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, le entregó un anticipo del 40% del valor del contrato, $4.000 millones. Típica movida para el pago de las coimas y en muchos casos para comprar las pólizas.

Algol difícil de comprobar, pero todo el mundo sabe que para otorgar contratos como estos se exigen coimas que van del 20 al 30% del valor del contrato. Algunos funcionarios exigen el pago las coimas antes de firmar el contrato, otros las exigen con el anticipo.

Con todos estos antecedentes, esta obra estaba destinada al fracaso y así fue, y para colmo de males, la gobernación de Luis Alberto Monsalvo Gnecco le aprobó una adición al contrato por $4.800 millones de pesos.

Violando todas las normas legales, tanto los contratistas como los funcionarios de la gobernación, se repartieron este dinero sin haber renovado las pólizas, pues las primeras tenían más de siete meses de vencidas.

Si la Fiscalía General de la Nación, y los demás entes de control, no actúan con todos estos argumentos, entonces son cómplices del robo descarado de los recursos públicos de la nación.


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