En un país como el nuestro, donde la corrupción ya es parte del código genético del genoma del colombiano, creer que en 100 días el gobierno de Gustavo Petro va a bajar enormemente los índices de corrupción es una tontería.

La corrupción sigue campante, reinando en los pasillos y oficinas de todas las instancias gubernamentales, tanto del orden central como regional y local.

Desde el arranque de su presidencia, Gustavo Petro exhortó a todo su equipo que su gobierno tendría una meta inquebrantable: ¡cero corrupción!

Pero una cosa es lo que anhela el presidente Petro y otra lo que se piensa y se hace en la periferia, en las regiones, en los municipios. Son dos caminos distintos, pues el segundo está lleno de depredadores y alimañas que se alimentan de los recursos públicos.

Por eso hemos venido advirtiendo que sin programas ni estrategias anticorrupción el camino que sueña el presidente Petro seguirá lleno de espinas y trampas

Por ahora lucha contra la corrupción se ha quedado en un canto a la bandera en el Gobierno de Petro

Así también lo creen los analistas de Transparencia por Colombia y dan cuenta de ello las decisiones poco claras o escasas que ha tomado el gobierno de Gustavo Petro en estos primeros 100 días de su Gobierno. 

Hasta ahora el actual presidente de Colombia no ha mostrado un plan estratégico ni unas directrices específicas para al menos reducir la corrupción, bien a nivel del poder central o de los territoriales. 

Por el contrario, muchos le cuestionan que para poder sacar adelante el proyecto de ley del nuevo presupuesto 2023, o la reforma tributaria o el acuerdo de Ecuazú, haya acudido a viejas prácticas de lograr acuerdos con congresistas opositores, desconociéndose a qué costo. 

El analista Héctor Riveros dijo La Silla Vacía que «en lo tradicional —en su manejo del Congreso y en sus prácticas políticas— dice poco pero ha hecho mucho como lo demuestra el haber sacado adelante y sin muchas concesiones reformas tan difíciles como la tributaria, Escazú o la que le permite negociar con grupos armados y organizaciones criminales.

En sus primeros tres meses apeló a las mismas estrategias que criticó duramente como senador de oposición: se inmiscuyó en la elección del Contralor para que su coalición eligiera uno cercano al gobierno; armó una coalición más grande que la que tuvo Juan Manuel Santos cuando aún era uribista en su primer período a punta de repartición burocrática y reasignaciones presupuestales a los ministerios que les entregó a los partidos tradicionales; no le concedió a Francia Márquez el Departamento de Prosperidad Social para que Colombia Humana tuviera ese fortín con miras al 2023».  

Por su parte, Transparencia por Colombia en un informe sobre los 100 días del gobierno de Petro, observa que la alta atención que tuvo la lucha contra la corrupción durante el periodo de campaña, y que contribuyó a movilizar a millones de personas a las urnas, aún no ha sido correspondida, en los primeros meses del gobierno, con una visión y una estrategia anticorrupción igualmente visible y que sea evidente para la ciudadanía. 

Y agrega queSi bien, en los primeros 100 días de gestión, el Gobierno ha avanzado en la designación de un nuevo secretario de Transparencia, en la reorganización de su estructura en la Presidencia de la República y en la radicación de reformas legislativas ante el Congreso de la República, es necesario seguir avanzando en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en el liderazgo en el Ejecutivo para abanderar cambios de fondo en materia anticorrupción”. 

«Destacamos anuncios que se han realizado desde la Presidencia de la República, a través del secretario de Transparencia, respecto a impulsar temas prioritarios como una ley de protección a denunciantes, una mejora en el acceso a la información pública y un fortalecimiento de los mecanismos de control», indicó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.  

Hernández además señaló que las iniciativas anticorrupción, deberían ser complementadas por compromisos explícitos desde los distintos Ministerios para prevenir y enfrentar la corrupción en sus sectores, y el seguimiento periódico del presidente Petro al logro de resultados concretos. 

Dudas sobre la gestión del Ejecutivo ante el Congreso  

En paralelo a lo anterior, en los primeros 100 días de gobierno se han detectado riesgos de retrocesos en transparencia, principalmente en la reforma política que se tramita en el Congreso y que ha contado con la participación del Gobierno nacional.  

Desde Transparencia por Colombia preocupa la propuesta de eliminar el conflicto de intereses sobre las actuaciones de congresistas en asuntos relacionados con privados que hayan financiado sus campañas, y la posibilidad de permitir que los congresistas puedan hacer su tránsito inmediato a la rama Ejecutiva sin incurrir en inhabilidades. 

Junto con lo anterior, llama la atención que la urgencia dada por el Gobierno nacional al trámite de la reforma tributaria no haya estado suficientemente acompañada por la consolidación de una visión y ruta de acción anticorrupción. Esto resulta fundamental para generar mayor confianza ante la ciudadanía respecto a la manera como el Poder Ejecutivo cerrará los riesgos de corrupción en la gestión pública, en un momento en que se pide un esfuerzo tributario muy importante a un sector amplio de personas y empresas en el país”, señala el informe. 

Y al igual que otras voces críticas se habla del proceso de nominación y elección del Contralor General de la República, que estuvo rodeado de múltiples incertidumbres incorporadas por parte de miembros del Congreso saliente y entrante, y recibió críticas sobre una presunta cercanía del contralor elegido con el Gobierno.  

«Esta experiencia demuestra una vez más la necesidad de revisar a fondo el proceso de designación de las cabezas de los organismos de control, tal como lo propuso el presidente de la República durante el periodo de campaña», indicó el director de Transparencia. 

Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Para Hernández llama la atención que el Plan de Desarrollo no se haya articulado con la lucha contra la corrupción, en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total, a pesar de los graves efectos que la corrupción tiene sobre las mismas: afectaciones a millones de personas en condición de vulnerabilidad mediante desvío de recurso para la salud, la educación y la infraestructura; la persistencia de actos de corrupción y estructuras criminales que agravan la deforestación en el país, y los riesgos y hechos de corrupción que persisten en la implementación del Acuerdo de Paz. 

«No se puede olvidar que la corrupción puede ser un obstáculo muy serio al logro de los grandes propósitos de justicia social, justicia ambiental y paz total», indicó Andrés Hernández.

«Sin duda, la lucha contra la corrupción debe ser un vehículo para aportar a esas prioridades, pero esto debe ser evidente en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento de visión y estrategia más importante del Gobierno nacional», complementó. 

Y por última mencionan que poco o nada se ha avanzado en temas como la meritocracia, el empleo público o las esperadas reformas a los órganos de control, para que hagan la tarea que les corresponde. 

«Durante la contienda electoral, varias de las declaraciones del hoy Presidente y su Vicepresidenta, apuntaban hacia medidas anticorrupción relevantes como el fortalecimiento del Estado para luchar contra las redes de corrupción, el aumento de la participación ciudadana y del acceso a la información pública, la meritocracia en el empleo público, las reformas a los órganos de control, las reformas al sistema electoral y político, la transparencia de los beneficiarios finales de las persona jurídicas, la protección al denunciante de los hechos de corrupción, entre otras», puntualizó Hernández. 

Está Petro a tiempo de enderezar el camino en temas anticorrupción, pero lo hecho hasta ahora, no responde a las expectativas que cuando estaba en campaña se generaron. 

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