Por: Norman Alarcón Rodas

El extraño cobro jurídico que la empresa agonizante le hace al Distrito de Barranquilla por más de $45.000 millones ha servido para destapar los detrimentos patrimoniales en que ella incurrió entre 2011 y 2016, cuando estaba controlada por la española Gas Natural Fenosa, según hallazgos de la Contraloría General de la República.

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Electricaribe basa el reclamo en unos presuntos convenios solidarios del año 2004 para sufragar las facturas que no pagaran los usuarios de cerca de cuarenta barrios subnormales de la capital del Atlántico.

Los mal llamados barrios subnormales –otro eufemismo, como el los homicidios colectivos–, que hacen parte del paisaje de los siete departamentos y de casi doscientos municipios de la Región Caribe, dejan al descubierto la pobreza generalizada de esta parte del país y el fracaso de los gobiernos que se han sucedido uno tras otro. Cubren alrededor del 40% del total de la población costeña, el 92% de la subnormalidad nacional.

Como siempre, la narrativa oficial descarga en la misma gente la responsabilidad. Habla de “condiciones antitécnicas de las redes eléctricas hechas a la ligera por sus pobladores”, que no tienen medidores individuales sino macro medidores para varias manzanas y que, según el Decreto Reglamentario 0111 de febrero de 2012 del Ministerio de Minas, deben encargar a un líder comunal para vigilar el consumo y cobrarlo a cada familia prorrateado.

El decreto en mención define también el hecho aberrante de que el cuidado, mantenimiento y reparación de la infraestructura corre por cuenta de la comunidad o del municipio, pero nunca de la empresa que vende y cobra la energía, cuando se trata de una actividad de altísimo riesgo.

En el año 2003, el Gobierno nacional aprobó un subsidio adicional, el llamado Fondo de Energía Social, FOES, para los barrios subnormales, zonas de difícil gestión y áreas rurales de menor desarrollo. El monto, $46 el kilovatio hora hasta un límite llamado consumo de subsistencia, que para la Costa es de 173 kilovatios, por encima del cual los usuarios tienen que pagar tarifa plena como de estrato seis. Hace poco, el valor del subsidio se aumentó a $92 el kilovatio.

Resulta que hace unos años varias organizaciones de usuarios denunciaron que no estaban recibiendo dicho subsidio, por lo que la Contraloría General de la República realizó una investigación seria y detallada, descubriendo en el año 2017 que Gas Natural Fenosa, dueña de Electricaribe, se había embolsillado estos recursos por valor superior a $216.000 millones de pesos, sustrayéndoselos a los verdaderos beneficiarios.

Hace exactamente un año, en septiembre de 2019, la misma entidad de control “imputó cargos fiscales” contra Electricaribe, conminándola a devolver esos multimillonarios recursos, cosa que nunca hizo. Llegó luego la intervención de la empresa con fines de liquidación por la Superservicios.

LA PESADILLA NO HA TERMINADO

Cuando estamos a menos de un mes de la llegada de los nuevos dueños del servicio eléctrico de la Costa, EPM de Medellín con Caribemar (departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar) y Consorcio de Energía de la Costa de Alberto Ríos Velilla con Caribesol (Atlántico, Magdalena y La Guajira), estalla el malhadado cobro jurídico al Distrito de Barranquilla y a otros entes territoriales por parte de Electricaribe en retirada, con visos harto sospechosos, como los siguientes:

  • Como estamos en una economía de mercado, las empresas tienen que asumir los riesgos de sus negocios y esta no debe ser la excepción.
  • No sabemos los cobros a qué tiempos se refieren, ya que la Ley 142 de 1994 establece que facturas de cobro de seis meses para atrás no se cobran.
  • ¿Quién le debe a quién? Es claro que la empresa Electricaribe incurrió en un detrimento patrimonial comprobado de más de $200.000 millones del subsidio FOES que debe restituir. De esos recursos, a los usuarios de Atlántico le corresponden $58.000 millones, y a los de Barranquilla, $33.000 millones.
  • La Contraloría General de la República también encontró detrimento patrimonial en esta misma empresa en los programas de normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer), que pueden ser valores cercanos a los anteriores.
  • Los detrimentos que le deja al departamento la corrupción de Gas Natural Fenosa se refieren a los años 2011 al 2016, pero el FOES viene desde el año 2004, por lo que faltan seis años para escudriñar.
  • Las facturas de cobro a los barrios subnormales no han sido auditadas ni depuradas, por lo que posiblemente se trate de deudas infladas.
  • Sería conveniente que se estableciera una auditoría forense para llegar al fondo de esta corruptela y que se conozca toda la verdad, sin tapujos.

Tan calamitosa es la situación del servicio eléctrico para más de diez millones de costeños que aún no se le ve luz al final del túnel. La empresa ha sido segmentada y enajenada a intereses ajenos a la región, que, como lo han expresado sus propietarios a los medios, se proponen cobrar anticipadamente en las tarifas sus inversiones futuras (acogiéndose a las Resoluciones de la CREG).

Van a venir nuevos medidores inteligentes AMI manejados a control remoto y se iniciarán los cobros prepagos a una parte de los usuarios, lo cual hace que las fuerzas vivas de la región deberán estar alertas para no permitir nuevas frustraciones.

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