Si bien las elecciones del domingo pasado, permitieron que llegaran al Congreso candidatos que desde diferentes frentes han luchado, denunciado y atacado la corrupción, un alto porcentaje de quienes ayer ganaron una curul en Senado y Cámara de Representantes, son herederos de las estructuras clientelistas y corruptas que han estado enquistadas en el poder legislativo del país.
Al respecto vale la pena reflexionar no solo sobre la calidad de los candidatos, también es imprescindible cuestionar la calidad de los votantes. ¿Por qué seguimos eligiendo a los mismos depredadores, votando por quienes se roban el dinero de la salud, de la educación de nuestros hijos, de las vías de comunicación?
En los partidos tradicionales se cuentan congresistas que repiten incluso con investigaciones disciplinarias y penales a cuestas. ¿Por qué un colombiano vota por alguien que lo va a perjudicar?
Por mencionar solo algunos, repite curul la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, a quien la Corte Suprema de Justicia le sigue un proceso por la presunta compra de votos en las elecciones del 2018. Además la Procuraduría le abrió indagación preliminar por ejercer presión a los ganaderos agremiados en Fedegan, donde es presidente su esposo José Félix Lafourie, salpicado por parapolítica, para que votaran por su candidatura
También sigue en el Senado Arturo Char Chaljud de Cambio Radical, muy a pesar de que está siendo investigado por corrupción al elector en el mismo proceso que se le sigue a Ayda Merlano.
También de Cambio Radical repite Ana María Castañeda Gómez. Desde el 2016 cuenta con una investigación archivada de la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares. Relacionamiento planteado gracias a una denuncia presentada en el 2011 contra Mario Alberto Fernández Alcocer, esposo de Castañeda, donde señalaba a Fernández por ser visitante recurrente de un campamento paramilitar ubicado en Santa Fé de Ralito.
Otro corrupto de Cambio Radical que sigue es Didier Lobo Chinchilla. En el año 2020 fue suspendido por la Procuraduría, debido a irregularidades en contratación de alimentos para niños y madres gestantes tras encontrar sobrecostos de más de $3 mil millones de pesos.
También se encuentra en el informe de veeduría ciudadana de #TrabajenVagos como uno de los congresistas que menos se presentó a sesiones presenciales en la legislatura 2020-2021, con 4 asistencias y 42 salidas a eventos fuera del Congreso.
Por los lados de La U, destaca la llegada de José Alfredo Gnecco, del Clan Gnecco en el Cesar, quien está salpicado por las confesiones de Gustavo Moreno y que está en plena campaña es José Alfredo Gnecco, quien habría buscado al exfiscal anticorrupción Moreno para que lo ayudara en los graves procesos que adelantaba la corte contra su padre, el exgobernador Lucas Gnecco.
En una declaración del 2018, Moreno aseguró: «Fueron $150 millones de pesos los que yo recibí del senador José Alfredo Gnecco, su hijo, en la oficina de la calle 84 no. 7-54».
Según el abogado, su socio y amigo el exmagistrado Francisco Ricaurte le dio instrucciones claras para torpedear el proceso judicial y tratar de ayudar a Lucas Gnecco.
A pesar de la confesión de Moreno, en el caso del senador José Alfredo Gnecco la Fiscalía nunca compulsó copias y en consecuencia no se abrió investigación.
Por La U logra curul John Moisés Besaile Fayad, quien es el hermano del recordado Musa Besaile, quien enfrenta un proceso penal por el llamado Cartel de la Toga luego de que consignara más de $2000 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para que evadiera una orden de captura que tenía en su contra y que había sido emitida por la Corte Suprema por vínculos en parapolítica.
En el partido conservador está Óscar Barreto, a quien, en enero del 2021, la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema le imputó cargos por presuntas irregularidades en la celebración de contratos, mientras estuvo al frente del cargo de gobernador del Tolima, entre los años 2008 y 2011.
Por otro lado, en octubre del 2021, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado a favor de terceros
Ha causado malestar la llegada de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’, quien logró una curul en la Cámara de Representantes con más de 11.000 votos, para representar a las víctimas del conflicto en los departamentos del Cesar, Magdalena y la Guajira.
Su candidatura fue cuestionada desde un principio, ya que se consideraba que iba a ocupar el lugar de las víctimas, siendo el hijo preferido de un victimario, pero las autoridades electorales mantuvieron su aspiración al reconocerse como víctima de la guerrilla.
Otro que pese a las investigaciones que le adelanta la Fiscalía, será senador nuevamente es el liberal Mario Alberto Castaño, quien está siendo indagado por la Corte Suprema de Justicia, luego que la Fiscalía solicitara indagarlo porque presuntamente lideraba una red de corrupción para quedarse con contratos en varios departamentos.
La Corte Suprema de Justicia lo investigará por el delito de concierto para delinquir agravado.
Y aunque estos congresistas resaltan porque ya tienen procesos bien disciplinarios o penales en curso, también hay otros tantos que pueden haber tenido más suerte, pero, en sus desempeños como legisladores se han caracterizado por apoyar proposiciones que han afectado el bolsillo de los colombianos, o bien negado derechos, haciendo gala del más claro delito de tráfico de influencias o coimas a cambio de sus votos favorables a la hora de apoyar determinada iniciativa.
En la otra orilla vale resaltar las nuevas caras de aquellos que se lanzaron a la arena política, habiendo realizado previamente encomiables trabajos contra la corrupción.
Tal es el caso de Jonathan Ferney Pulido, Ariel Ávila y Catherine Juvinao de Alianza Verde.
En resumen, la renovación del Congreso tal vez no alcanzará un porcentaje significativo, y lo más probable es que los partidos tradicionales y sus integrantes, muchos herederos de caciques políticos regionales, estarán otros cuatro años haciendo lo de siempre, legislar para sus socios y financiadores.
El lunar de la Registraduría
La que en definitiva perdió durante la jornada del domingo fue la Registraduría Nacional.
Empezando por las innumerables quejas que se dieron por la caída de la página web desde el día anterior a las elecciones, lo que impidió a muchos verificar sus puestos de votación.
Tampoco resolvió cientos de denuncias de votantes contra el libre ejercicio del sufragio, por el ejemplo quienes aseguraron que, al momento de acercarse a la mesa, resultaban que supuestamente ya habían votado por ellos.
Tampoco atendieron los delegados de la Registraduría de manera oportuna y diligente, las denuncias sobre enmendaduras que habrían hecho en los tarjetones jurados de votación, para favorecer a determinado candidato, como se ha conocido a través de redes sociales.
