Lo bello es feo y feo lo que es bello Shakespeare, Macbeth
El 6 de noviembre del 2021, el columnista de la revista Semana, Aurelio Suárez Montoya, hizo un recuento de lo que había sido la vida pública del registrador Alexander Vega, revelando además las corruptas actuaciones que a lo largo de su carrera ha tenido.
Vega Rocha se presentó al cargo para Registrador Nacional en octubre de 2019. Fueron 59 candidatos entre los cuales debían escoger las tres cortes: Constitucional, Consejo de Estado y Suprema.
Cuenta el columnista que previo a la entrevista, que daba 300 puntos, Vega iba quinto con 71 puntos abajo del primero y sorpresivamente, obtuvo un puntaje de 285 con el que superó por tres al segundo.
Vega, oriundo del Guaviare, inició su carrera pública como personero de Chía (Cundinamarca) entre marzo de 2004 y 2007; luego como contratista de la Secretaría de Gobierno de Bogotá para asuntos electorales en la administración de Samuel Moreno y de 2009 a 2014, como abogado consultor, entre algunas, en la firma Rodrigo Escobar Gil S. A. S. (Función Pública), del exmagistrado condenado por tráfico de influencias en el expediente de Fidupetrol.
Entre 2014 y 2018, en representación del Partido de la U, Vega fue magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), y habría sido quien saboteó la revocatoria de Peñalosa y archivó el caso Odebrecht. En 2013 constituyó el Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, con matrícula mercantil vigente 00023-67029, junto con su padre, Campo Elías Vega Goyeneche, y Luis Eduardo Martínez Gutiérrez.
«Hasta aquí sin novedad –fuera de escalar conectado con clanes políticos como los Ñoños (La Silla Vacía, 11/10/2019) y de combos anómalos, como se dice en el Meta– si tal ascenso no se manchara al cotejarse los distintos datos que Vega aportó en el Formato Único de Inscripción cuando se posesionó como registrador; en la Declaración de Bienes y Rentas (Sigep, enero 2020) y en la Declaración de Renta de 2019. Sospechosamente, en el Formato tapó sus vínculos con Escobar Gil», dice Suárez Montoya en su publicación.
Y paso seguido reseña que al hacer un análisis del balance y del estado de ingresos y egresos de Vega, consolidando los datos, arroja que, en la declaración de bienes, acredita activos, en bancos y un apartamento, por $440 millones de pesos, y pasivos, por tarjetas de crédito y otros, por $156 millones, para un patrimonio contable de $283 millones, distinto al de 300 millones de la declaración de renta.
Sin embargo, en ambas declaraciones, Alexander Vega omitió que es dueño de dos propiedades en Chía: el 50 por ciento de la casa 23 de la Unidad Residencial San Nicolás, de 218 metros cuadrados, adquirida el 8 de abril de 2013 con su cónyuge por $320 millones de pesos, donde tiene viviendo, desde diciembre de 2019, al alcalde de ese municipio, Luis C. Segura, y de un lote todavía de engorde comprado el 15 de julio de 2014, en el conjunto residencial Granjas de la Balsa, con 3.256 metros cuadrados, por $150 millones de pesos, hoy valorizado por diez veces (metrocuadrado.com).
Los datos corresponden a las matrículas inmobiliarias 50N-20550584 y 50N-834803, que el 28 de octubre de 2021 registraba la Supernotariado.
Certificado de Tradicion Co… by Semana
Y pregunta el columnista: ¿Por qué no las declaró ni tampoco sus acciones en el Grupo Jurídico Empresarial? ¿De quién será la costosa casaquinta que Vega frecuenta en Restrepo (Meta), que fue del exgobernador Darío Vásquez en Villa Valeria, el célebre condominio de Palacino (SaludCoop)? ¿Cuál es el origen de los recursos con que se compraron?
«En cuanto a egresos e ingresos, Vega solo declara, en 2019, la minúscula suma de $34,03 millones de pesos por salarios, lo que, al descontar gastos y deducciones, deja una mísera renta líquida de $20,74 millones sobre la que pagaría impuestos, de lo que se infiere además que el Grupo Jurídico no entregó utilidades. Es raro que tuviera en diciembre saldos bancarios por $14 millones, 40 por ciento de sus entradas declaradas, y a la vez obligaciones por $107 millones en tarjetas de crédito. ¿Cómo pagaría con tan exiguo salario? Ni cuentas claras, ni chocolate espeso», sigue el escrito.
Para el columnista, el proceder de Vega puede configurar un delito contra la fe pública (falsedad documental) al declarar “bajo la gravedad de juramento” (art. 122, inciso 3 CP) que los únicos bienes y rentas eran los que relacionó y omitió intencionalmente incluir varios otros. Esto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria por violar además los deberes en la Ley 190 de 1995.
Y en efecto, no se equivocó al advertir que «aparte del compromiso legal, o que la Fiscalía lo eleve ante la Corte Suprema, o de un debate de control político, lo sustancial es alertar sobre la amenaza a la transparencia y la precaria garantía de imparcialidad de este registrador con opacidad e incoherencias en sus ingresos, patrimonios ocultos y falsedades en documentos públicos, a cargo de unas elecciones trascendentales: apenas para un país al que se pretende torcer todavía más».
537527006-Declaracion-de-Renta-RegistradorDeclaración de Renta del registrador.
537527174-Certificado-de-Tradicion-Lote-20-Granjas-de-La-BalsaCertificado de Tradición Lote 20 Granjas de La Balsa
Su padre, el “maestro”
Conocida la coyuntura actual, tras las denuncias de posible fraude en el conteo de los votos que prendió las alarmas, en particular del movimiento político Pacto Histórico, y ante las amenazas del registrador Vega de “pasarse por la faja” a los jueces que adelantaron los escrutinios, y ordenar de manera arbitraria un reconteo total de todos los votos al Senado de la República, de las elecciones del pasado 13 de marzo, el portal de periodismo investigativo Cuestión Pública, dio a conocer ayer, de dónde es que le vienen las malas mañas al susodicho personaje.
Resulta que el registrador es hijo de Campo Elías Vega Goyeneche, a quien hace siete años le quedó en firme una condena por comprar votos a favor de la campaña de Wilson Ladino Vigoya, un aspirante a gobernador de Vaupés, que, en efecto, quedó elegido.
Los hechos ocurrieron en una jornada electoral extemporánea, celebrada el 25 de abril de 2004, que buscó incluir en el escrutinio a dos municipios: Carurú y Taraira. La historia está relatada en la Revisión No. 45801 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, hasta donde llegó el caso.
El padre del registrador cayó ante la justicia porque en el sistema de compra de votos él fungía como el pagador y de esto quedaron comprobantes como prueba.
Diana Salinas, de Cuestión Pública, relata: «Vega Goyeneche fue candidato a la gobernación, según el documento de la Corte, pero, para ese momento, había declinado para aspirar a otros cargos. Por estar en otros menesteres no electorales, resultó ser la persona idónea para “adelantar y manejar política y financieramente la campaña», en parte por ser oriundo de Carurú.
«Así se pusieron de acuerdo Vega Goyeneche y el candidato-gobernador Wilson Ladino: este le ofreció dinero a personas de la campaña de su opositor José Leonidas Soto Muñoz a cambio de votos. De esta manera, Ladino Vigoya hacía unos vales en los que rezaba: “abril 24/04 Dr. Campos (sic) favor colaborarle a la portadora con $100.000”. Otros decían: “abril 24/04 Dr. Campos (sic) favor colaborarle a la señora con la cantidad que solicita».
Como era de esperarse, en diciembre de 2009 el papá del registrador fue absuelto por un juez promiscuo del circuito de Mitú, decisión que fue apelada por la Fiscalía. El Tribunal Superior de San Gil revocó el fallo y condenó al papá del registrador como cómplice del delito de corrupción del sufragante con la pena privativa de libertad de 22 meses y una multa equivalente a 54 salarios mínimos mensuales legales.
Dicha condena fue a casación y el 17 de junio de 2015 la máxima instancia de la Corte Suprema inadmitió la demanda de revisión solicitada por el papá del registrador.
No obstante, el politiquero volvió a figurar como candidato a la Gobernación del Vaupés para las elecciones del 2007 por el Partido Liberal.
Pataleó a través de todo recurso posible para que fuera revocada la condena. Uno de los argumentos fue aducir que no fue notificado y por tanto pedía la nulidad. En todos los documentos judiciales recabados le negaron este argumento.
Y añade la periodista Salinas, Vega Goyeneche ha sido temerario con la justicia. Le figuran en la Rama Judicial cerca de 28 procesos en los que en su mayoría es el demandante. Casi en simultáneo con el proceso judicial que lo condenó por compra de votos, logró tumbar una curul con sus intervenciones en la justicia:
procesos_2022320_134747Sentencia nº 50001-23-31-000-2005-20104-01 del Consejo de Estado.
También figura en una investigación de la Fiscalía 171 Seccional de Bogotá por estafa agravada, según el auto del Consejo de Estado: «(…) se profirió resolución de acusación en contra de Luís Ramiro Torres, Luis Florentino Guevara Peña y Campo Elías Vega Goyeneche por el delito de estafa agravada, decisión ejecutoriada el 28 de febrero de 2001».
Al quedar absuelto por compra de votos, en diciembre del 2009, por un juez promiscuo de Mitú, Vega Goyeneche estuvo listo para ser, de nuevo, parte de unas elecciones; ya no como aspirante a gobernador del Vaupés, sino al Senado por la Alianza Social Afrocolombiana ASA.
Revela Cuestión Pública que «La sangre politiquera que les corre a los Vega Rocha proviene —en mayor medida— de un linaje paterno. El tío del registrador, Heraclio Vega Goyeneche, fue gobernador en 1993 de Vaupés y por su actuación en el cargo fue condenado en última instancia por la Corte Suprema de Justicia por peculado por “aplicación oficial diferente” de treinta millones de pesos; es decir, por mal manejo del dinero público».
Hoy, el padre del registrador, además de ser alguien que demanda a cuanta persona puede, es el socio mayoritario y gerente del Grupo Jurídico Empresarial Martínez & Vega Asociados, firma que comparte con Luis Eduardo Martínez Gutiérrez, quien, a su vez, está en Inversiones Crear Rama SA, una empresa que contrata en salud.
En el 2014, el actual señor registrador le cedió sus cuotas. La firma registró cien millones de pesos como patrimonio neto recién comenzó, ahora tiene $2.382.739. Pero la familia no se reduce al padre ni al tío. El hermano, Campo Elías Vega Rocha también tiene una carrera portentosa en lo público. Es subdirector técnico de la Agencia Nacional de Tierras, según información del Sigep. En el 2018 fue director de la Oficina de Control Interno (OCI) de la Auditoría General de la República; también fue gerente seccional de esa entidad. Según su propia hoja de vida, ha sido contratista de la firma de su hermano, ahora cedida al padre, Martínez & Vega. Empezó la carrera en la Supersalud y de ahí pasó al despacho de la Alcaldía de Chía.
Volviendo a Alexander Vega, saltó del Consejo Nacional Electoral a aspirante del cargo de la Registraduría y por una carambola lobista, el preferido Carlos Camargo salió de la ecuación y le dio el reinado a los Vega Rocha, al hijo de Campo Elías Vega Goyeneche.
Entonces, Alexander Vega no es más que otro funcionario con trasegar corrupto, y encima, ha tenido en su padre a un buen “maestro” en estos menesteres.
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