Ramón Navarro, ex gerente de la Triple A, capturado por la Fiscalía.

Por: Jan Slodvak

La larga historia de ilegalidades de Triple A y su empresa propietaria Inassa no cesa. Desde su misma acta de fundación el 17 de julio de 1991 mediante escritura 1667 en la Notaría Tercera; los estatutos, las acciones, las tarifas han cambiado con una velocidad inmensa tratándose de una empresa de servicios públicos de un ente territorial. Ni siquiera en el empresariado privado se producen tantas variaciones en donde todas coinciden en un singular objetivo: defraudar la capacidad accionaria de los barranquilleros en la empresa –convirtiéndola tras oscuras maniobras “legales” en privada- y los aumentos tarifarios incontrolables.

Desde esas dos claras perspectivas (acciones y tarifas ilegales) un grupo de ciudadanos barranquilleros; de los que de veras defienden a la ciudad y no como los que las esquilman y después le regalan obras publicitadas como la octava maravilla del mundo, entabló en el año 2010 una acción popular cuyo objetivo final, a grandes rasgos, es nada menos que los socios de la Triple A –o dueños, léase Inassa- devuelvan las acciones que le quitaron a la ciudad a través de argucias de entrada de socios capitalistas con “know how” técnico, ante la evidente pasividad y omisión de las autoridades administrativas de Barranquilla desde el año 1996.

Eso por una parte, pues la otra solicitud en la mentada Acción Popular es que devuelvan lo que han cobrado de más en las tarifas usando marcaciones y obras que no corresponden a la realidad del esquema tarifario proyectado. Una devolución grandísima que para algunos puede ir por los 17 billones de pesos, suma que bien mirada, no cuesta ni Inassa ni Triple A y que podría ser en el fondo la causa que la citada acción popular deambule errante por varios juzgados administrativos sin sentencia cercana. Fue impetrada el 10 de septiembre de 2010 con el radicado 080001-3331-006-2010-000197-00 y promovida por Víctor Díaz en compañía de otras personas (Helena Restrepo, Hugo Rosanía, Armando Uscategui; entre otros).

El caso cayó en sus inicios en la Juez Sexta Administrativa, Patricia Ceballos R. Al cabo de un tiempo lo enviaron a un Juzgado Mixto 4 de Descongestión Judicial donde nadie sabía nada del asunto hasta que más por presión de los accionantes que por otra cosa, lo envían al Juzgado 11 Administrativo a cargo de Rossana Isabel Angulo, que tras cuatro años a bordo con el caso (4!) se declara incompetente. Es cuando los accionantes elevan una queja al Procurador General de la Nación en Bogotá que se apersona del asunto, viaja a España a investigar y luego coloca una Acción Popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tiene temblando a más de uno.

Mientras tanto, los accionantes locales acuden a donde fue supuestamente enviado su proceso, al Tribunal Administrativo del Atlántico, donde anda en estado de invisibilidad, pues nadie conoce su actual paradero. Ante este alarmante estado de desidia judicial, amparado en la tesis que los jueces se encuentran congestionados y no dan abasto, los accionantes decidieron colocar una queja ante el Consejo de la Judicatura seccional, sin progreso aparente y otra al señor Procurador General de la Nación Fernando Carrillo que se ha apersonado del caso desde varios frentes.

Uno de ellos viajando a España a recabar acerbo probatorio. Otro, vigilando el transcurso de la acción popular “paralizada” por el aparato judicial administrativo de Barranquilla y finalmente, en cabeza de la misma Procuraduría, incoando una Acción Popular en Bogotá obligando al desmonte de una “prima técnica” cobrada de forma ilegal y que más parece una elegante forma de sacar el 4.5% de los recaudos anuales de la Triple A.

Según informaciones de los accionantes, uno de los jueces administrativos que tuvo conocimiento del caso en Barranquilla, fue durante un mes a España a cursar un diplomado, asunto que no es nada ilegal, pero si ofrece un marco de cuestionamiento a su labor, habida cuenta que la empresa propietaria de Inassa es Canal Extensia, a su vez propiedad de Canal Isabel II, la empresa de gestión de aguas de la Comunidad de Madrid.

En el despacho del Procurador

La doctora Helena Restrepo, una de los coadyuvantes de la Acción Popular viajó a Bogotá el pasado mes de junio solicitando audiencia con el Procurador. Le fue concedida y además, se le ofreció la asesoría de un funcionario especializado, Luis Fernando Rivera, Procurador Primero Delegado que se encargó, a nombre de su jefe Fernando Carrillo, de explicar los alcances de la Acción Popular incoada por la Procuraduría cuyo objetivo es recuperar $320.000 millones cobrados ilegalmente como asistencia técnica por parte de Inassa a la Triple A.

Una de las recomendaciones pertinentes es que se moviera la Acción Popular, por las garantías procesales que no se cumplen en Barranquilla por parte de la justicia administrativa, hacia Bogotá. En otras palabras, un cambio de radicación del proceso. Es quizás, en su trasfondo, la misma razón a la inversa con la cual los abogados de la Triple A han solicitado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pase el proceso de Bogotá hacia Barranquilla.

Mientras que en la Fiscalía la Operación Acordeón ha sonado débilmente solo con la captura de Ramón Navarro, confeso de defraudar con $29.000 millones a la empresa, en la Procuraduría se encuentran en la tarea de indagatorias a los directivos de Triple A nuevos después del paso de Navarro. Lo curioso del caso es que en Barranquilla la Procuraduría nombró procurador delegado para el caso a Javier Lizcano y, según fuentes de la misma procuraduría que pidieron no ser mencionadas, no es ficha de confianza del Procurador Carrillo.

¿Quién metería su poderosa mano para que fuese nombrado en este crítico caso un funcionario que ofrece suspicacias a sus propios colegas? No se sabe, pero lo cierto es en las diversas dependencias de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá que conocen los vericuetos del caso, les recomendaron a la Dra. Restrepo, a manera de alerta, un movimiento de la acción popular radicándola en Bogotá y un especial seguimiento a la función de Procurador Delegado de Javier Lizcano.

Para los miembros del equipo de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá que siguen el caso, hay dos culpables administrativos políticos del desmadre que hasta este momento nadie ha mencionado ni mucho menos tocado: el rol de vigilancia en los cambios de acciones de la Superintendencia de Sociedades en su sede de Barranquilla y la salida total de control de sus manos de Inassa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, tanto en su sede nacional en Bogotá como en la de Barranquilla.

Tal situación, a todas luces en contravía con los principios tutelares de estas instituciones del nivel ejecutivo del estado colombiano, se deben a varios factores entre los que se cuentan las posibles dadivas a funcionarios que adelantaban actuaciones sobre estas empresas y otra, que Triple A, y esto se encuentra comprobado a través de documentos y testimonios, auxiliaban económicamente a diversas campañas políticas –la última la del 2014 de Juan Manuel Santos- con los consecuentes compromisos políticos posteriores con los donantes.

Sigue, pues, la Acción Popular en su peregrinar de 8 años por los Juzgados Administrativos de Barranquilla. Saquen ustedes sus conclusiones.

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