Esta semana el columnista de Cambio digital, Yohir Akerman, volvió a recordar el caso de corrupción por el que se investiga al exgobernador de Boyacá y precandiato presidencial en la alianza Centro Esperanza Carlos Amaya y del que ahora se niega a hablar.
Relata en su columna titulada «Debajo de la ruana» que La Gobernación de Boyacá, en cabeza de Carlos Amaya, suscribió el contrato 1061 de 2016 para la prestación del servicio educativo a población adulto mayor y personas en extraedad escolar por más de $6.000 millones de pesos. Una plata, que supuestamente era para enseñarles a los viejitos boyacenses a leer y escribir.
La Fundación Obras y Servicios Sociales de Colombia SOS fue la ganadora de ese contrato. Eso, pese a múltiples denuncias sobre los oscuros antecedentes de corrupción de dicho contratista. A Amaya, quien funge de adalid de la anticorrupción y posa de candidato del Partido Verde que lucha contra las prácticas corruptas, eso no le importó y tampoco la lejanía en que prestaba sus servicios dicha ONG, a miles de kilómetros de Tunja, es decir en Lorica (Córdoba).
Resulta que Amaya, o se las da de ingenuo o cree ingenuos a los colombianos, porque apenas unos meses antes de la firma del mencionado contrato, en mayo de 2017, fueron detenidos por orden de la Fiscalía, el entonces secretario de educación de Lorica, Oscar Antonio Rhenals España, y el representante legal de la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia, Pedro Alejandro Llanos Corrales, por el cobro de $1.780 millones de pesos por alumnos fantasmas en el municipio de Lorica.
El proceso de investigación empezó en el 2014 cuando el Ministerio de Educación giró recursos del Sistema General de Participación a la Secretaría de Educación de Lorica, para subsidiar la educación de un sector de la población vulnerable. Al realizar auditorías sobre la utilización de los recursos se encontraron irregularidades, como niños inexistentes que fueron incluidos en los registros para ser beneficiarios de los recursos.
Los investigadores encontraron que en la Institución Educativa Rafael Núñez había 1.549 estudiantes inexistentes, por lo que se calculó un detrimento de aproximadamente de 1.700 millones de pesos.
Indicaron que había 2.841 estudiantes fantasmas, de los cuales 1.549 correspondían al contrato 051 de 2014 , del cual Oscar Rhenals era el supervisor. También argumentaron que dicho contrato se debía adjudicar a través de un proceso de licitación, pero se hizo por contratación directa.
La Fiscalía reiteró que no entregaron el listado de estudiantes que debía consignar el estudio previo, no se registraron en el Simit y como si fuera poco, tampoco se hizo un acta de liquidación formal.
También por estos mismos hechos, posteriormente fue capturado el exalcalde de Lorica, Francisco Jattin Corrales.
Pero de todo esto, nada se enteró el señor Amaya.
Volviendo a Boyacá, tras la firma del contrato entre la cuestionada Fundación y la Gobernación de Amaya, el diputado Guillermo Sánchez puso una denuncia penal contra la gobernación por la suscripción de dicho contrato.
“Se suscribió el contrato con un operador sin experiencia e idoneidad demostrada en la administración del modelo educativo ofertado, llamado Escuela Integral. Mire lo paradójico, que la experiencia de la Fundación S.O.S en la administración del modelo era de escasos seis días, con algo sorpresivo: un acuerdo que ya conocía el número del futuro contrato”, contó el entonces diputado.
Y añadió: “Se conocían públicamente los antecedentes de hallazgos con incidencia fiscal y sanciones administrativas por parte del Ministerio de Trabajo, emitidos contra la Fundación S.O.S., por el no pago de sus salarios a sus trabajadores y contratistas y se tenía pleno conocimiento público también desde el año 2012, que ese operador venía siendo objeto de hallazgos fiscales por cuenta de la Contraloría General de la República, por el ‘cartel de alumnos fantasmas’ en Lorica, Córdoba”.
Y peor aún, Sánchez aseguró que la Gobernación de Boyacá otorgó un anticipo, de más de 2.000 millones de pesos a SOS, cuando el patrimonio de la Fundación al momento de celebrar el contrato, era de tan solo un millón de pesos.
En respuesta a estas denuncias, el entonces gobernador Amaya expidió un comunicado en el que aseguró que “la Fundación Servicios y Obras Sociales de Colombia en efecto tenía un contrato para prestar el servicio educativo a jóvenes en extra edad y adultos en Boyacá, el cual cumplió a cabalidad y del que se tiene los debidos soportes de atención”.
Y que el Ministerio de Educación realizó auditoría específica a este programa en Boyacá, corroborando el tema de los estudiantes atendidos y debidamente registrados y del que no se presentó ningún hallazgo.
Pero sucede que otra cosa opinó la Contraloría, que abrió un proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal al contrato y encontró evidencias de un detrimento patrimonial por la suma de 4.371.680.198 pesos.
Relata Akerman en Cambio digital que el ente de control encontró varias cosas sobre el caso. “Las más impresionantes tienen que ver con múltiples pagos por un total de más de 1.700 millones de pesos, por concepto de servicios supuestamente prestados por la Fundación SOS, pero de los cuales no existe soporte alguno de su ejecución.
“En Boyacá la Fundación SOS reportó estudiantes que en realidad no existían, pues los soportes de sus matrículas nunca han aparecido. Otro hallazgo de esta investigación, que tiene implicaciones disciplinarias y penales, es el correspondiente al registro de 132 estudiantes con números de identificación que no corresponden a ningún dato en la Registraduría Nacional. Estudiantes fantasmas”, señala.
Finalmente, otro de los hallazgos fiscales corresponde al manejo irregular del pago de anticipos por parte de la Fundación SOS. Fueron destinados a gastos totalmente distintos al objeto del contrato con la Gobernación de Boyacá, representando un detrimento patrimonial por más de 580 millones de pesos.
En el periodo comprendido entre los meses de abril de 2016 a marzo de 2017, con el dinero del contrato para la educación en el departamento de Boyacá, se realizaron pagos en Lorica, Córdoba, de cosas que no tienen relación con la ejecución del contrato. Por ejemplo, compras con tarjetas de crédito por 51.042.571 pesos y el pago de un crédito personal por 81.950.340 pesos.
Para Akerman, la llegada de la Fundación SOS a Boyacá, estuvo precedida por el noviazgo y posterior matrimonio de Amaya con la exseñorita Córdoba, Daniela Assis Fierro. Daniela nació en Cereté y estudió su carrera de medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá. Conoció al entonces gobernador de Boyacá mientras hacía su año rural en Tunja. Después de dos años de noviazgo, el 7 de abril de 2018, Carlos y Daniela se casaron.
Vale decir que Daniela es prima hermana del esxcandidato presidencial del partido conservador, David Barguil.
El ex candidato presidencial Carlos Amaya, en su cuenta de twitter, respondió al columnista Akerman que “el proceso al que se hace referencia ya me lo archivaron y fui desvinculado mediante auto de la CGR debido a que se demostró que no existieron alumnos fantasmas ni corrupción”.
A lo que el columnista le respondió por la misma vía que: Esto no es cierto. Al señor
@CarlosAmayaR lo desvinculan del proceso fiscal pero no del proceso penal que sigue su curso ante la Fiscalía. Ese proceso incluye el caso de falsificación de firmas por parte del contratista para obtener pago de cuentas parciales dentro del contrato
Y añadió en otro twitt: La Contraloría NO exculpa de corrupción del caso. Solo señala que montos del dinero perdido se ajustan a unos nuevos valores con base en ajustes hechos al Contrato. Es decir, el argumento del señor
@CarlosAmayaR es que sí se perdió dinero público, pero no mucho.
