Sin un ápice de vergüenza a comienzos de febrero el director de la DIAN, Lisandro Junco, admitió que hasta el 3 de enero de 2022 hacía parte de la junta directiva y era accionista de una de las firmas que aspiraban a quedarse con la licitación que abrió el Gobierno nacional para quedarse con el manejo de la plataforma del RUNT.
El negocio representará para quien gane la adjudicación la suma de más de $805 mil millones de pesos, de ahí que muchos ojos estaban puestos en el proceso que no ha escapado a múltiples denuncias.
Esta licitación tiene una complejidad mayor y es que el Gobierno incluyó la neutralidad tecnológica: es decir, no hay una lista de cuáles son los programas informáticos que debe tener el RUNT sino una lista de lo que el gobierno quiere que sea capaz de hacer el sistema: Por ejemplo, consulta en línea, validación con biometría, manejo de big data entre otras.
El RUNT es la herramienta que conecta y provee información para diversos trámites de tránsito en 20 direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, más de 250 organismos de tránsito, 750 centros de enseñanza automovilística, 500 centros de reconocimiento de conductores, 450 centros de diagnóstico automotor y 59 entidades.
Los pliegos de la licitación tuvieron 6 modificaciones debido a la cantidad de observaciones de los interesados, la última fue el 30 de diciembre. Este 3 de enero de 2022 el Ministerio de Transporte respondía a comentarios y observaciones que llegaron fuera de tiempo.
El pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Transporte firmó un contrato directo por $760 millones de pesos con la Universidad Nacional que se encargó de la evaluación de ocho propuestas que finalmente se presentaron.
En un documento de más de 200 páginas, la Unal entregó su informe en el que recomendó descartar al proponente Circulemos Colombia S.A.S. por dos razones: la primera es que uno de sus socios es Servicios & Soluciones Seguras S.A.S. que, según el anexo de beneficiarios reales, tiene como socio (con participación del 30% de las acciones) a Lisandro Manuel Junco Riveira, quien es director de la DIAN.
De manera que, según la Universidad Nacional, sobre ese funcionario y el oferente recae la inhabilidad contenida en la Constitución: «Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales». Y la inhabilidad contenida en la Ley 80 de 1993: «Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: […] Los servidores públicos».
La segunda causal de rechazo es que Data Tools S.A., otro integrante de la sociedad futura Circulemos Colombia S.A., aseguró que no había sido sancionada en los últimos tres años pero, según los evaluadores, sí recibió una multa en 2019.
Adenda. Insólito que el director de la DIAN, Lisandro Manuel Junco, siga en el cargo a pesar de que de nuevo resultó involucrado en otro escándalo por ligerezas éticas, por decir lo menos.
— Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) February 13, 2022
Y aunque apenas trascendió la información, Junco aseguró que no tiene control de la empresa Servicios y Soluciones Seguras SAS, de la que, según él fue socio hasta el 3 de enero de 2022. «Es de propiedad de mis familiares en primer y segundo grado de consanguinidad y yo no soy socio, ni accionista de ésta», afirmó el funcionario.
«Servicios y Soluciones Seguras SAS presentó un documento de quiénes son los beneficiarios reales, actuando con debida diligencia, mencionando mi nombre cuando era socio de las empresas. Y como reposa en mi declaración de conflicto de intereses. Todo ha sido informado por la sociedad, a través del representante legal y se encuentra publicado en el SECOP (…) No hay inhabilidad ni incompatibilidad alguna», concluyó el director de la DIAN.
Pero no es nada nuevo que Junco, siendo funcionario público, termine también beneficiándose de contratos con el Estado.
Por qué Lisandro Junco se ganó 14 contratos por 70mil millones de pesos a través de la empresa Servicios y Soluciones Seguras SAS siendo socio y además director de la DIAN entre 2018 y 2021 y no pasa NADA? Salvo la W, ningún otro medio hace eco de este hecho de corrupción.
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) February 11, 2022
Resulta que cuando ya era director de la DIAN y a la vez accionista de la mencionada SAS, entre 2019 y 2021 la compañía aparece en cuatro contratos con TransMilenio, que con sus respectivas prórrogas suman un total de $30.200 millones de pesos.
El último de esos contratos se firmó en mayo del 2021, cuando Junco ya era director de la DIAN, y fue prorrogado el 24 de diciembre del año pasado.
Junco es propietario del 30% del capital social de la firma Tecniseg de Colombia LTDA. e integra la Unión Temporal que firmó en 2019 un contrato de vigilancia con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Un informe del ICBF señala que el contrato 1468 de 2019 se otorgó a través de la Bolsa Mercantil de Colombia y asciende a $36.908 millones de pesos. El objeto del contrato es la prestación de vigilancia privada en las regionales Tolima, Huila, Cauca, Caquetá, Putumayo, Valle del Cauca y Nariño.
Solo este año cuando se supo lo de la licitación del RUNT fue que Junco hizo público un conflicto de interés frente a esta otra empresa.
Y entonces se pregunta el ciudadano colombiano de a pie: ¿cómo es posible que el funcionario de más alto nivel del Estado colombiano, encargado de vigilar y salvaguardar el recaudo y buen uso de los impuestos de todos los contribuyentes en el país, llamado a dar el mejor ejemplo de transparencia y pulcritud en su vida no solo política, sino económica, no pase de ser un simple ventajista, corrupto y antiético funcionario más?
Se ha conocido que $70.000 millones de pesos en contratos ha recibido una empresa de la familia de Lisandro Junco y de la que era socio. Que casualidad que los contratos empezaron a firmarse cuando fue nombrado en la @DIANColombia. 0 y van 2 que ese funcionario se burla del país.
— Wilson Arias (@wilsonariasc) February 10, 2022
Y corresponde en consecuencia recordar que Lisandro Junco, ese mismo que supuestamente se encarga de “perseguir” a los evasores fiscales, fue mencionado en los Pandora Papers, una investigación periodística a nivel global sobre el uso de jurisdicciones con beneficios fiscales.
Lo que revelaron los archivos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), desarrollados en Colombia por la alianza El Espectador- CONNECTAS, es que Junco constituyó una sociedad en Delaware en 2016 y que la firma SFM Corporate Services expidió facturas a su nombre por algunos servicios, como la apertura de una cuenta en Chipre y una oficina en Londres.
Y aunque documentos personales de él y su esposa reposan en los Pandora Papers, él negó, con el mismo descaro que ahora afirma que desde hace un mes no hace parte de la empresa Servicios y Soluciones Seguras SAS, sigue negando haber sido cliente de SFM y tener una sociedad en Delaware.
Al igual que otros tantos funcionarios del Gobierno de Iván Duque que han sido tocados por escándalos de corrupción de distintos niveles, Junco, seguramente seguirá en su cargo, y sin siquiera una apertura de investigación así sea de oficio por parte de la Procuraduría General de la Nación.
