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Por: Julio Morales Guerrero, Filósofo PhD

La noticia judicial de esta semana sobre la privación de la libertad de Álvaro Uribe dio ocasión para que el presidente de Colombia perdiera la compostura que le corresponde por la dignidad del cargo que ejerce.

Hizo un particular razonamiento contrario a la lógica corriente y a la civilidad objetando la resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia a partir de las evidencias disponibles en el expediente que estudia e instruye; pues, a juicio del presidente, que dice no conocer dicho expediente, no debió decidirse privar de la libertad a Álvaro Uribe.

La razón que aduce consiste en que es su entrañable amigo y lo cree persona honorable. Pierde de vista el presidente que así niega a ese tribunal la legitimidad que la sociedad le ha otorgado y pone de manifiesto su convicción de que sus afectos priman sobre toda ley e Institución, con lo cual se constata cierta incompetencia moral para la asunción del cargo que ejerce.

Dicho brevemente, su carácter moral queda desvanecido al dar a entender que no obra conforme con la recta razón sino según sus afectos, emociones y pasiones. También lo confirma con sus varias declaraciones públicas de que habla como ciudadano y como presidente, haciendo ostensible que no distingue entre su condición de particular y de jefe del Estado; pues, así como yo me dirijo a mis alumnos en el salón de clase como profesor y no como particular, él se dirige a sus conciudadanos como presidente dentro del territorio de Colombia.

La Ley es la Ley

Como colombiano deploro que también se extienda al propio presidente el perfil intelectual desteñido y pobre frecuente en otros altos funcionarios y en muchos miembros del Parlamento.

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El simple sentido común me indica que por mis posturas o afinidades políticas podré alegrarme o entristecerme si ponen preso a Álvaro Uribe, pero de ninguna manera, sin faltar a mis deberes cívicos, puedo inmiscuirme en los asuntos que sólo conciernen a los tribunales de justicia, y todavía más estrafalario resulta que emita juicios calificando de buena o mala de correcta o incorrecta la decisión tomada por esas instancias judiciales tras el estudio de los expedientes en que se ocupan.

Como ciudadano del común, no sin lesionar el buen nombre de los jueces, puedo sugerir que una decisión judicial contraria a mi querer ha sido influida por móviles políticos o de otro orden; pero, en tal caso, me expongo a tener que dar cuenta de mi opinión y me veré obligado a aducir las correspondientes razones, que no pueden ser afectos y emociones.

Con el perdón por invocar la memoria de Sócrates en este anodino episodio, voy a hacer una comparación: con seguridad que Sócrates fue mucho mejor persona que el más encumbrado de nuestros políticos, pero ni Sócrates ni ninguno de sus entrañables amigos -algunos entre los más prominentes atenienses-, tuvieron la osadía de manifestarse públicamente contra la sentencia del Tribunal, por cierto, claramente injusta, porque la Justicia como institución es considerada sagrada y pilar de la sociedad. ¿Cómo pudieron el presidente de Colombia y sus copartidarios en cargos públicos hablar de la manera en que lo hicieron sobre la orden de detención de Uribe y pasar todo como una más entre las noticias cotidianas extravagantes? ¡Gran Vergüenza de Colombia!

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