El coronavirus pasa cuenta de cobro al abandono del Amazonas

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El Amazonas es un departamento de Colombia cuya población según el último censo es de 74.541 habitantes, en su mayoría indígenas y está en el puesto 31 de los departamentos en su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Su abandono histórico por parte de los gobiernos nacionales y por ende el saqueo sistemático por parte de gobiernos locales, de los precarios recursos que manejan, está pasando cuenta de cobro pero no a los gobernates sino a sus pobladores, que inermes y casi que abandonados a su suerte enfrentan la presencia del coronavirus.

El hecho más reciente que evidencia la precariedad de todos los servicios que el Estado está en la obligación de prestar a sus ciudadanos, tiene que ver con que el equipo interventor encargado del Hospital San Rafael de Leticia, única entidad de segundo nivel en el departamento, informó que la planta de oxígeno de la institución, con más de 30 años encima, necesitaba un cambio. Su capacidad ya no es suficiente para atender a los ocho pacientes bajo atención crítica que se encuentran hospitalizados por Covid-19. La situación obligó al Gobierno, a través de las Fuerzas Armadas, a disponer una arenonave para hacer el traslado de los enfermos este sábado rumbo a Bogotá. 

Y hace tres días el Ministerio del Interior anunció que, debido al aumento exponencial de contagio en el Amazonas, tomó la decisión de decretar aislamiento total y obligatorio de ese departamento. La medida estará vigente hasta el próximo 30 de mayo.

De esta manera, solo se permitirán las actividades necesarias para la salud y de abastecimiento de alimentos y de servicios esenciales. También se podrán hacer trámites bancarios, comprar alimentos y todas aquellas movilizaciones relacionadas con la prevención del Covid-19.

Hoy, 90 de cada 10 mil habitantes del departamento del Amazonas están diagnosticados con Covid-19, según datos del Instituto Nacional de Salud (INS).

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La cifra de contagios alcanzó este sábado las 1.004 personas, siendo la tasa más alta del país, superar  incluso a Bogotá, donde 5,5 de cada 10 mil habitantes ha sido confirmado con el diagnóstico. El segundo lugar con mayor tasa de contagios por población es el departamento del Meta, con 8,7 de cada 10 mil pobladores diagnosticados.

En Leticia, la capital de departamento el primer caso detectado se conoció el pasado 17 de abril. Y hoy, menos de un mes después, hay 718 casos.

La radiografía

El municipio de Leticia reúne a más del 60% de la población del departamento del Amazonas, en su mayoría indígena, no contribuyente al Sistema de Salud.

Actualmente tienen presencia en la región varias IPS, 14 en total de las cuales solo el Hospital San Rafael es pública y de las privadas, no todas prestan servicios de atención hospitalaria.

La constante falta de recursos y el difícil acceso al departamento mantienen muy limitado el servicio de salud en la región.

Un alto índice de desnutrición, parasitosis y enfermedades respiratorias se registran en la población infantil del departamento y se denuncian irregularidades en los contratos para programas de alimentación escolar, acueducto y agua potable.

En el 2018, durante uno de los talleres Construyendo País que realiza el presidente de la República, Iván Duque, el entonces ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe Restrepo, anunciaba un plan de acción inmediata para mejorar la capacidad resolutiva del Hospital San Rafael de Leticia.

“Queremos que el hospital San Rafael de Leticia, haga parte de un plan de acción inmediata, ya tenemos 67 colaboradores que se están capacitando en servicio humanizado y en seguridad de la atención clínica”, dijo.

Además anunció la ampliación y remodelación del servicio de urgencias, el mejoramiento de la infraestructura de cuidado intermedio, la solución a los problemas de las plantas eléctrica y de oxígeno. Lo que hoy se denota es que los anuncios se quedaron en eso, en anuncios.

El Amazonas padece la dificultad del acceso a la salud y en ese entonces el Gobierno prometió la entrega de dos ambulancias, una terrestre y una fluvial.

También se habló en ese taller de la implementación del Modelo en salud con enfoque diferencial, y de la importancia de la implementación del MIAS.

Se dijo que era prioridad conocer las fallas del sistema de salud en las comunidades de difícil acceso, y sobre todo en las comunidades indígenas, cuyo marco de aseguramiento consiste en un régimen especial de seguridad social, a través de la ley 691 de 2001 que reglamenta la participación de los grupos étnicos en el Sistema General de Seguridad Social SGSSS, esta ley reconoce la existencia de instituciones propias en salud indígena, creadas por las autoridades tradicionales con el fin de ejecutar acciones del plan de atención básica PAB.

Y por supuesto se referenció el decreto 1848 de 2017 que establece un sistema de habilitación especial para las EPS indígenas, que comprende el conjunto de requisitos y procedimientos que determinen las condiciones administrativas, científicas, técnicas, culturales y financieras, para garantizar el acceso a los servicios de salud con enfoque diferencial a sus afiliados, atendiendo a las particularidades socioculturales y geográficas de los pueblos indígenas.

Pero nada de eso evitó la llegada del Covid-19 con toda su fuerza al Amazonas.

De hecho muchas de las acciones anunciadas no se materializaron.

El Hospital San Rafael continuó con una precaria capacidad asistencial y resolutiva. El alto costo de los especialistas no alcanza para mantenerlos de planta en la región. Cuando se logra atención mediante brigadas de apoyo o por demanda, la población debe esperar a que haya un grupo de pacientes que requieran el servicio y así se hace el llamado al especialista.

En resumen el panorama del Amazonas no es el más alentador ante la pandemia y puede convertirse en el más afectado de todos los departamentos del país.

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