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Cinco funcionarios de la Alcaldía de Santo Tomás, convirtieron una cuenta del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana de ese municipio en caja menor para unas fiestas de fin de año y giraron -por lo menos un cheque– de manera ilegal sustrayendo $200 millones de pesos.

Una veeduría ciudadana de Santo Tomás descubrió uno de varios contratos y constató que el exalcalde Luis Alberto Escorcia Castro (2016-2019), su secretario de hacienda Javier Enrique Manga Muñoz, el contador, Hernán Darío Naranjo Lobo, el coordinador del Banco de Proyectos de ese municipio, Eduardo Carrascal Bastidas y el jefe de la Oficina del Despacho Wilber José Yépez Carmona, montaron un proyecto para “La compra a Instalación de Cámaras de Seguridad” que no registró ninguno de los requisitos de la contratación pública y lo pagaron en su totalidad en menos de ocho días.

Esta burda estrategia de saqueo del erario tiene alarmados a los habitantes de Santo Tomás.

“Es abominable que lleguen a tanto. Presentaron el proyecto el 24 de diciembre a las ocho de la mañana, lo aprobaron, lo agilizaron en la administración y lo pagaron el 30 de diciembre a las dos de la tarde sin haber cumplido un solo requisito que exige la contratación pública. Es increíble, utilizaron una cuenta oficial como su caja menor y se arreglaron el fin de año con escandalosas fiestas que todo el pueblo todavía recuerda”, declaró Oswaldo Pérez, veedor ciudadano Tomasino.

Un primer contrato descubierto entregó a la organización de saqueadores doscientos ($200.0000.0000) de pesos bajo el concepto de “Suministro e instalación de cámaras de seguridad, como apoyo al fortalecimiento de las acciones que adelantan las fuerzas policiales en el municipio”.

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“Uno de los aspectos de esta absurda trama de robo de dineros públicos es el concepto Suministro e Instalación de Cámaras de Seguridad, por valor de $200 millones. Estos tipos no tienen idea de lo que hicieron. ¿A quién se le ocurre que un proyecto de estos se paga con 200 millones de pesos y sin presentar un solo documento de constatación?”, se quejó Pérez.

La noticia criminal establece que aquí se configuró el delito de peculado por apropiación (art 37, ley 599 del año 2000), agravado por ser una suma superior a los 200 salarios mínimos legales. Contrato sin el lleno de los requisitos legales (art 410 ley 599 del año 2000) y abuso de la función pública (art 428 ley 599 del año 2000).

Uno de los más implicados es el entonces alcalde Luis Alberto Escorcia Castro, a la sazón administrador del fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Santo Tomás, pues dispuso el dinero público sin verificar el respaldo legal, conveniencia y cumplimiento de los trámites para autorizar el convenio interadministrativo de asociación (CIA 001-2019) con la Asociación de Municipios de la Región Caribe (ASOREC) que –aparentemente- solicita el aporte de las cámaras de seguridad para fortalecer las estrategias de vigilancia en santo Tomás.

Los dineros ($200 millones de pesos) para el pago súper urgente de este convenio fueron cargados al Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Santo Tomás (FONSET).

Uno de los más importantes requisitos que debió hacer cumplir el alcalde Escorcia Castro (y que no aparece diligenciado en este proceso delictivo) es la aprobación del Comité Territorial de Orden Público del municipio de Santo Tomás, como lo establece el decreto 1066 del año 2015 y el cual dispone:

“En cada departamento, distrito o municipio, habrá un Comité territorial de orden público, encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET.  La destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las políticas integrales de Seguridad Convivencia Ciudadana, articulada con la política y estrategia y Convivencia Ciudadana”.

Aquí el alcalde y sus funcionarios desconocieron el concepto de los representantes de la fuerza pública, los organismos de seguridad y policía judicial que operan en el municipio de Santo Tomás, integrado por el comandante de la guarnición militar de la jurisdicción, el comandante de la Policía, el director seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

DENUNCIA PENAL CASO CAMARAS DE SEGURIDAD

Cronología del robo

Según la indagación de la veeduría ciudadana tomasina, el día 19 de diciembre del año pasado, el señor Luis Villa Caballero, director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Región Caribe (ASOREC), fue quien presentó la propuesta de contratación directa para la “instalación de cámaras de seguridad”. Esta propuesta fue redactada en papel común sin membretes de la organización, sin sellos, sin el certificado de existencia y representación legal –que demostrara su función– y no fue radicada en la recepción de la alcaldía de Santo Tomás.

Al día siguiente, el arquitecto Eduardo Carrascal Bastidas, coordinador del Banco de Proyectos –dependiente de la secretaría de planeación Municipal de Santo Tomás– refrendó el documento e hizo seguir el trámite sin verificar las anomalías antes citadas. Fue así como certificó que la Asociación de Municipios de la Región Caribe (ASOREC) cumplía con todos los requisitos jurídicos, financieros y técnicos para la celebración del contrato. Hay que tener en cuenta que ésta es función exclusiva del jefe de la oficina de asesoría jurídica de la alcaldía

Un día después el contrato llegó a manos de Wilber José Yépez Carmona, el jefe de la oficina del despacho del alcalde, quien se sentó solícito en su escritorio y le dio forma al convenio interadministrativo, una función que no le correspondía dentro de sus funciones, puesto que se trataba de un trabajo del jefe de la oficina de asesoría jurídica. Ese mismo día el alcalde Luis Escorcia Castro firmó el convenio para “invertir” $200 millones de pesos en seguridad con ASOREC, y lo trajo a vida jurídica.

El día 27 de diciembre el contador público del municipio de Santo Tomás Hernán Darío Naranjo Lobo firmó la orden de pago número 2019.CEN.01.001723 por valor de $200.000.000, configurándose otro acto criminal porque la ley no aprueba el pago anticipado total de los contratos con el Estado. De allí el contrato pasó a manos del secretario de hacienda Javier Enrique Manga Muñoz, quien abrió las puertas para que la organización se apropiara de esa millonaria suma de dinero.

El plazo para la ejecución de este contrato venció el pasado 30 de abril de este año y en la alcaldía de Santo Tomás nadie parece escuchar a los veedores ciudadanos que tienen en sus manos este adefesio de la corrupción.

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