El pasado 10 de diciembre, con bombos y platillos el actual representante a la Cámara por el departamento del Guainía, Anatolio Hernández Lozano, inscribió su candidatura por el partido de La U, para ser reelegido en el Congreso en el período 2022-2026.
Ni sus cuestionadas actuaciones, ni su corrupto desempeño como congresista, que le valieron una demanda de pérdida de investidura que cursa en el Consejo de Estado le han impedido volver a postular su nombre.
Hernández pasó de ser un perfecto desconocido, que llegó al Congreso con apenas 2338 votos, que se limita solo a dar golpes en su asiento, porque por lo visto nisiquiera lee los proyectos de ley y solo a vota como le digan sus “calanchines”, a estar en el ojo del huracán el pasado mes de octubre, cuando dio su voto positivo a la eliminación de la Ley de Garantías, incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto 2022.
Anatolio fue llamado a lista varias veces hasta que por fin apareció. Sin embargo, no se dio cuenta que su micrófono estaba abierto. Bastante preocupado y ansioso le preguntó a sus compañeros de bancada “cómo estaban votando” la modificación a la Ley de Garantías. «Vota sí, Anatolio Hernández vota sí», le respondió la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.
“Anatolio, vote sí”: señalan a presidenta de la Cámara de incidir en decisión de congresista.
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 23, 2021
El hecho ocurrió durante la votación del polémico artículo que suspende la ley de garantías. La instrucción ha generado polémica >>> https://t.co/NDDdBJIwLO pic.twitter.com/tjOfhM9L71
Pero este honorable representante, también votó a favor del fracking y en contra de la moción de censura contra el Ex Ministro Carlos Holmes Trujillo.
Pérdida de investidura
Hernández, que se quiere hacer reelegir en la Cámara de Representantes , tiene en curso desde el 4 de agosto de 2020 una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado «indebida destinación de recursos públicos».
La acción judicial fue radicada por Raúl Emilson López Cruz quien hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista.
En el documento se señala que en febrero de 2019 el congresista del Partido de ‘La U’ lo vinculó en un cargo de libre nombramiento y remoción “como asesor dentro de su unidad de trámite legislativo”.
«Durante el desempeño de su cargo –agrega-, ni el congresista ni ninguna otra persona le informó las funciones que debía realizar ni el lugar donde éstas se ejecutarían, razón por la cual mientras estuvo vinculado al Congreso no ejerció labor alguna, a pesar de lo cual el señor Hernández le autorizaba el pago de su salario».
En mayo de 2019, sin embargo, el congresista le exigió que a cambio de su nombramiento le entregara una suma cercana al millón de pesos mensuales, cifra que el entonces asesor le entregó. Ocho meses después, es decir en enero de 2020, fue declarado insubsistente.
Debido a esto el demandante señala que con su actuar el congresista vulneró el numeral 4 del artículo 183 Superior al indicar que «no solo permitió que se le pagara su salario pese a no realizar labor alguna» sino que además le «exigió una contraprestación mensual».
El pasado 30 de agosto el despacho del magistrado Nicolás Yepes Corrales adelantó la audiencia de pérdida de investidura en contra del congresista. En la diligencia se escucharon las declaraciones del representante del demandante, la defensa del demandado y el delegado de la Procuraduría General.
El expediente completo se encuentra desde el 2 de septiembre en el despacho del magistrado quien deberá definir, tras estudiar los conceptos, si avala o no la solicitud de pérdida de investidura contra el congresista.
Al representante del Guanía también le fue abierta una investigación penal por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por exigir dineros a funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativa en el Congreso.
Anatolio Hernández ha hecho parte de la Comisión Segunda (Relaciones Internacionales) desde el 2018 hasta la fecha, así como la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista desde el 2019.
Pareciera que en Colombia hay que tener antecedentes de actuaciones corruptas para poder aspirar al Congreso.
