Obnubilados por el éxito de los juegos Centroamericanos, que en realidad le trajeron un aire fresco y colorido a la ciudad, los barranquilleros no nos hemos dado cuenta de la semejante vergüenza que significa para esta capital —y el departamento—, que dos de sus concejales y dos diputados estén sentado en el estrado judicial enredados en el proceso de corrupción electoral más escandaloso de los últimos tiempos. Proceso judicial del que nos preguntamos extrañados por qué no están respondiendo, con los mismos cargos, otros funcionarios públicos como el diputado Adalberto Llinas y el concejal de Soledad Jorge Mejía Iriarte, quienes aparecen claramente relacionados en los documentos encontrados durante el allanamiento de la sede principal de la candidata Aida Merlano.
Por el momento en los estrados judiciales comparece un grupo considerado de figuras claves de la política local, lo que le confiere al proceso el interés de que por fin se está develando la realidad de los comicios locales, la verdadera cara de las elecciones en Barranquilla y el departamento, en donde se han desarrollado verdaderas empresas electoreras que mueven cantidades de dinero inimaginable.
Allí enfrentan cargos como concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo los siguientes funcionarios públicos y políticos:
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Juan Carlos Zamora Callejas | Concejal del distrito de Barranquilla, partido Conservador |
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Aissar Castro Bravo | Concejal del distrito de Barranquilla, partido Conservador |
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Margarita Balén | Diputada del departamento del Atlántico, Partido Conservador |
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Jorge Rangel | Diputado del departamento del Atlántico, Partido Conservador |
| Vicente Támara | Ex concejal de Soledad, Partido Acción Ciudadana | |
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Lilibeth Llinás | Ex candidata a la Cámara de Representantes pro el partido Cambio Radical |
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Aissar Castro Reyes | Ex concejal de Barranquilla, padre del concejal Aissar Castro Bravo |
La pregunta clave para que nuestro lector se ubique y comience a analizar el tamaño de la corrupción electoral en la ciudad y el departamento, y que además salpica a toda la dirigencia política local, y pone en evidencia lo “nauseaundo” del desarrollo de las elecciones en nuestra capital y departamento, es la siguiente: ¿Por qué están allí sentados los funcionarios anteriormente citados?
La respuesta es sencilla: durante el allanamiento a la sede principal del partido Conservador y comando de la candidata Aida Merlano, llamada La Casa Blanca, la Policía y la Fiscalía encontró varias evidencias como documentos con listados de votantes, listados de coordinadores, armas y dinero en efectivo. Entre esos listados había uno que describía tanto el nombre del coordinador como las cantidad de votos aportados, su precio unitario y las bonificaciones (transporte $5.000 y una bonificación del 10% de total de los votos). Estos listados están conformados por personas naturales y funcionarios públicos de diferente cartegoría así:
- Parlamentarios: Aida Merlano, que aparece con las iniciales AM, vendiendo 21.644 votos.
- Diputados del departamento del Atlántico: Adalberto Llinás del partido Cambio Radical, vendiendo 1.757 votos. Margarita Balén del partido Conservador, vendiendo 13.663 votos. Jorge Rangel Bello, de partido Conservador, vendiendo 17.434 votos.
- Concejales del distrito de Barranquilla: Aissar Castro Bravo, del partido Conservador, vendiendo 16.197 votos. Juan Carlos Zamora, del partido Conservador, vendiendo 18.178 votos.
- Concejales del municipio de Soledad: Jorge Mejía Iriarte, del partido Verde, vendiendo 4.434 votos.
Tal como lo muestra la imagen del documento divulgado por la Fiscalía, son 21 personas en total y allí están los nombres de los hoy indiciados (ver listado arriba descrito) como la banda criminal que favoreció la elección de Aida Merlano como senadora.
Este listado muestra lo siguiente:
- Cada nombre tiene asignado seis columnas, así:
Votos acumulados: que para el caso de Aissar Castro, era de 16.197
El porcentaje de votos cancelados (70% del total): de los 16.197 de Aissar Castro, le cancelaron 11.491 votos.
El valor total del 70%: lo que quiere decir que Castro recibió $459.640.000, a $40.000 cada voto.
Transporte del 70% de los votos: siguiendo con el ejemplo de Aissar Castro, recibió por este concepto $57.455.000.
Valor del 30% restante de votos acumulados para completar el 10%: de ese modo en la columna 6 aparece Aissar Castro recibiendo $188.240.000.
La bonificación del 10% del valor total de de la venta bruta: la lista da cuenta de que Castro recibió por este concepto $64.800.000.
Observamos de plano que en este listado hay inconsistencias en las operaciones aritméticas pues revisado el total de los votos acumulados del listado, los correspondientes porcentajes de los que habla cada columna no corresponden a la operación aritmética. De igual manera si sumamos los votos del listado en cuestión, la imagen muestra 132.766, cuando en realidad la cifra correcta es de 134.370, o sea una diferencia de 604 votos. Esto muestra el desorden contable en medio de la lluvia de miles de millones de pesos que financiaban esta campaña.
Aparte de los siete funcionarios públicos, incluyendo a la propia Aida Merlano Rebolledo, en la lista aparecen otras 14 personas que podemos revelar de acuerdo al conocimiento que tenemos de los apoyos abiertos con que contaba esta campaña:
Adriana Blanco, quien en primera instancia era la fórmula de Merlano a la Cámara, pero salió luego de que los jefes financiadores impusieran el nombre de Lilieth Llinás. El listado muestra dos veces el nombre Adriana, quien en el primer renglón aparece con 1.598 votos acumulados, y en el segundo renglón 4.433 votos acumulados, para un total de 6.031 votos.
El lector puede apreciar en la gráfica el resto de personas y la cantidad de votos vendidos a su lado, y además ver que hay ex concejales como Elvis Beleño vendiendo 6.675 votos, el ex concejal de Soledad Vicente Támara, vendiendo 2.174 votos y políticos foráneos como Eduardo Pertúz, de Valledupar, con 5.505 votos.
La empresa criminal
Para mayor ilustración del lector presentamos gráficamente la estructura de la empresa criminal que atentó contra el desarrollo transparente de las pasadas elecciones del 11 de marzo de 2018. Esta estructura deriva de los documentos presentados por la Fiscalía, y los podemos describir de la siguiente manera:
- Los candidatos: Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás (hermana del diputado Adalberto Llinás y prima hermana del concejal Rojano Llinás)
- 21 coordinadores, conformados por funcionarios públicos y personas naturales.
- 2.083 capitanes con la misión de sumar 134.370 votos. De acuerdo a versiones de los círculos electoreros de la ciudad, estos capitanes tienen un sueldo mensual por un período de 12 a 6 meses.
De acuerdo a las pruebas aportadas por la Fiscalía y haciéndole una depuración a las cifras, encontramos que los 7 funcionarios públicos están vendiendo un total de 93.307 votos, que es el equivalente al 69.44% (variación relativa), por un valor de $4.572.042.000.
El resto de los votos fueron parte del trabajo de las personas naturales, que suman en total 41.063 votos, equivalentes al 30.56% del total, por un valor de $2.012.087.000.
La suma de estas dos cantidades nos da $6.584.129.000.
Lo que castiga la Ley
En primer lugar la Ley 599 del 2000 describe 16 delitos electorales (ver recuadro), pero se queda en la mera descripción pero desde su promulgación no ha tenido ninguna aplicabilidad, hasta el 2017 no se conoce ni una condena por esta Ley. Por eso la Ley 1864 de 2017 modifican en los Artículos 386, 387, 388, 389, 389ª, 390, 391 y 392, el artículo 386 de la Ley 599 del 2000 y adquiere mayor contundencia para castigar la corrupción electoral.
En conclusión, de acuerdo a los artículos descritos, los funcionarios públicos inmersos en estos delitos serán sancionados por partida doble ya que la legislación colombiana es clara para las funciones y actuación de éstos cuando están fuera de la Ley.
En este caso si el juez decide imputar la máxima pena y multa a cualquiera de los implicados de acuerdo al Artículo 390 de la Ley 1864 de 2017, que habla de la corrupción del sufragante, que castiga con una pena de prisión de 4 a 8 años y multas de 200 a 1.000 salarios mínimos legales vigentes , entonces estos funcionarios públicos implicados pagarán 16 años de prisión y una multa de $1,562.484.000.
Los delitos descritos son acumulable, de tal manera que si el juez decide aplicar 3 o cuatro delitos a cada de ellos, la pena y la multa se sumarán y se multiplicará por 2.
Si la ley se aplicara en todo su rigor, las personas lo pensarían más de tres veces para participar en estos actos de corrupción. Esperamos que el juez sabiamente aplique la Ley y concluya con un castigo ejemplar.
Vergüenza Nacional local e internacional pero para nosotros. Ellos frescos y felices pues hacen parte de la rueda del alcalde.