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Un 52% de los colombianos encuestados por Transparencia Internacional para el informe del Barómetro Global de Corrupción revelado recientemente, considera que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses.

Según el informe, Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es uno de los problemas más graves de su país (96 % y 94 %, respectivamente).

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, aseguró que el 64% de los encuestados cree que los mayores actos de corrupción ocurren en la rama judicial y en el acceso a servicios públicos. Pero al tiempo indica que “estas cifras podrían reflejar que hay una generación que está siendo más crítica frente a la labor del Estado y donde la ciudadanía reclama resultados al Gobierno en esta materia, exige menos retórica y más acciones concretas”.

Así lo evidencia que el 57 % de los encuestados cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, siendo esta percepción mayor entre los jóvenes, entre 18 y 35 años (66 %).

Hernández se mostró preocupado por la percepción negativa que hay sobre el poder judicial y con tendencia a crecer. Y agregó que “Nos pone alertas sobre experiencias de corrupción en acceso a servicios públicos. El soborno en temas de acceso a servicios de hospitales públicos, de Policía y en materia de educación también son frecuentes”.

De hecho los resultados dan cuenta que los miembros del Congreso (64 %), el presidente, funcionarios cercanos (55 %), y los empleados públicos (48 %) son considerados como las personas más involucradas en hechos de corrupción en Colombia.

Le siguen en la lista jueces y magistrados con el 47 % (10 % más con respecto a 2017) y de la Policía con el 42 % (41 % en 2017).

“Que los jueces y magistrados sean percibidos tan negativamente por la población puede ser resultado de la fórmula de la impunidad que hace que la corrupción continúe siendo un ‘negocio que paga’. Los vencimientos de términos, los beneficios de casa por cárcel a personas involucradas en estos hechos y las bajas sanciones penales, han incrementado la demanda ciudadana por lograr mayores castigos a los corruptos”, agregó Hernández.

La encuesta también reflejó que la época electoral es cuando más se presentan presiones y casos de soborno. 40% de las personas indicaron que les han ofrecido un tipo de pago o presión para que voten por algún candidato.

América, golpeada por la corrupción

Según el informe de Transparencia Internacional, la región de las Américas continúa sin registrar avances destacables en la lucha contra la corrupción. Para la entidad, “La región se está viendo transformada de la mano de líderes populistas, lo que está haciendo saltar las alarmas por el trato que dispensan a los medios de comunicación, la sociedad civil y las instituciones democráticas.Todas ellas corren el riesgo de perder capacidad para actuar como mecanismos de control y equilibrio contra la corrupción”.

De acuerdo con la encuesta, Venezuela y Nicaragua son los países más corruptos de América Latina, mientras que Uruguay y Chile sobresalen por sus bajos niveles.

En Venezuela, un número abrumador de ciudadanos (87%) piensa que la corrupción aumentó, lo que representa el porcentaje más alto en la región para el tiempo que se hizo la encuesta, es decir primer trimestre del 2019.


Así mismo la mayoría de los ciudadanos de la República Dominicana y el Perú también sostienen que la corrupción aumentó (66 % y 65 %, respectivamente). En ninguno de los países la mayoría de los ciudadanos piensan que la corrupción está disminuyendo.

Solo en Guyana se observó que una proporción considerable de ciudadanos (40%) informaron que la corrupción está disminuyendo, aunque el 40% de los guyaneses también sostienen que está aumentando.

Especial atención ha prestado Transparencia Internacional a República Dominicana por cuanto no es solo el aumento de la corrupción lo que llama la atención, sino que publicó varios informes, incluidos 20 años de impunidad y La corrupción sin castigo, donde se demostró que en más de 300 casos de corrupción entre 1983 y 2013 solo se produjo una condena.

“El escándalo Lava Jato es un ejemplo contundente de dicha impunidad. La empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado unos USD 92 millones en sobornos solo en la República Dominicana”, destaca el informe.

Incluso desde el propio gobierno dominicano se designó a todo un departamento para que gestionara los sobornos allí y en otros 11 países. Además, la empresa admitió haber inflado el valor de varios contractos de construcción, muchos de los cuales fueron entre dos y tres veces superiores a los presupuestos originales. A pesar de estas confesiones, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Odebrecht que permitió a la empresa continuar operando en la República Dominicana a cambio de una multa. El fiscal argumentó que era un caso en el que solo estaban involucradas 6 personas y que excluía algunos de los contratos de construcción más importantes. Hasta la fecha, nadie tuvo que rendir cuentas por el caso Lava Jato en la República Dominicana. El Gobierno aún debe interrogar a los declarados culpables del escándalo en Brasil o investigar el financiamiento de la campaña electoral por parte de Odebrecht.

Se castiga y señala al que denuncia

Otro de los aspectos que pone sobre el tapete la Organización se relaciona con las represalias y la falta de medidas que sufren quienes se atreven a denunciar casos de corrupción. Los resultados demuestran que casi tres cuartos de los ciudadanos sostienen que si las personas denuncian los casos de corrupción, sufrirán represalias.

El 73% de las personas sostienen que sufrirán represalias si denuncian los casos de corrupción.

EL 38 % de las personas sostienen que la denuncia de los casos de corrupción llevará a que se tomen medidas.

Y apenas un 23% de las personas afirman que pueden denunciar los casos de corrupción con libertad y sin consecuencias.

Además, muchas personas opinan que los canales de denuncia son ineficaces. Las personas de El Salvador, Venezuela, Jamaica y Honduras están preocupadas en especial por las represalias, donde más del 80 % de los encuestados piensan que esto ocurre.

En consecuencia el informe invita a los gobiernos a apoyar y trabajar con mecanismos para asegurar que las autoridades correspondientes investiguen las denuncias de manera eficaz y segura.

Extorsión sexual

Igualmente preocupante es que el Barómetro muestra que uno de cada cinco ciudadanos experimentó extorsión sexual o conoce a alguien que pasó por esta situación, siendo esta la primera vez que incluye datos sobre los casos de extorsión sexual o sextorsion, una de las formas más significativas de corrupción basadas en el género y que ocurre cuando un funcionario público dice que dará un beneficio del gobierno (como un servicio más rápido, aprobación de documentos, un trabajo, o evitar una multa o prisión) a cambio de un favor sexual.

En Colombia, el 82% de los encuestados cree que la extorsión sexual ocurre ocasionalmente y el 16% dice haber vivido o conocido un caso de extorsión sexual, siendo las mujeres las más afectadas por esta situación.

En algunos casos, las mujeres son más vulnerables a los sobornos, en particular, en los sectores de la salud y la educación. Los resultados resaltan que se deben redoblar los esfuerzos para prevenir la extorsión sexual y conocer y abordar las formas específicas de corrupción basadas en el género.

En resumen el informe recalca que para la mayoría de los ciudadanos la corrupción es un problema grave y, en nueve de los países estudiados, la mayoría opina que el problema se va agravando.

Los resultados también demuestran que es necesario una mayor integridad electoral y política, en especial, en los entornos donde la compra de votos, las amenazas de represalia y la difusión de noticias falsas son acontecimientos comunes en época de elecciones. A pesar de las experiencias negativas, los ciudadanos son muy optimistas sobre el futuro.

Un promedio del 77 % de los ciudadanos piensa que pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. Esta energía positiva se puede canalizar empoderando a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien los casos de corrupción y tomen medidas contra ellos. Es hora de que los dirigentes actúen contra la corrupción con dedicación e integridad.

Recuerda finalmente Transparencia Internacional que los países deben cumplir con las obligaciones del Compromiso de Lima firmado en la VIII Cumbre de las Américas, que describe 57 medidas para fortalecer la gobernanza democrática en la lucha contra la corrupción.

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